Aarón Morales Moreno
Expediente 1482/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1482/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Aarón Morales Moreno
Actuaciones
- Principal
Se agrega oficio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual, acusa recibo e informa que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; registrándose como recurso de queja 179/2023.
- Principal
Autorizado en términos amplios de la parte quejosa, interpone recurso de queja en contra del auto dictado el trece de octubre del año en curso, en el que se desechó su demanda. Remítase el escrito de referencia al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en esta ciudad, en turno, a fin de que provea lo que estime procedente. Ríndase informe justificado sobre la materia de la queja. Se pone a disposición de la superioridad el expediente electrónico del presente expediente para su debida consulta.
- Principal
RECEPCIÓN Y REGISTRO DE DEMANDA. Téngase por recibida la demanda promovida por ***, contra actos de la Jueza de Control en Materia Penal de la Región I en el Estado de Guanajuato, con base y sede en Dolores Hidalgo. Regístrese en los libros de control de este Juzgado, bajo el número que le corresponde 1482/2023-VII, y acorde a las disposiciones legales aplicables, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Se DESECHA la demanda de mérito, en atención a las siguientes consideraciones. Del análisis integral del escrito de demanda se obtiene que, en el caso, la parte quejosa reclama: -El auto dictado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, por la Jueza de Control en Materia Penal de la Región I en el Estado de Guanajuato, con base y sede en Dolores Hidalgo, dentro del cuadernillo penal ***, en el que se reprogramó la audiencia de recurso innominado y se señalaron las nueve horas con quince minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo. Planteado lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso precepto 77, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que se considera que no se podrían concretar los efectos de una posible concesión de amparo. Afirmación que encuentra justificación en las razones que se exponen a continuación. De la lectura sistemática de los citados preceptos, se advierte que para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la sentencia que en él se dicte (en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa), pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de su derecho vulnerado, obligando a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija -en la hipótesis de que el acto reclamado sea de carácter negativo-, o en su defecto, a restituir las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación cometida, dejando insubsistente el acto reclamado -en el supuesto de que éste sea de carácter positivo-. En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que en virtud de que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para su procedencia es menester que la sentencia concesoria que en él se dicte, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental vulnerado. De lo que se sigue que el juicio de amparo será improcedente cuando la sentencia concesoria no pueda tener una finalidad práctica, esto es, cuando no puedan concretarse sus efectos. Ahora, como se indicó previamente, en esta sede constitucional, la parte quejosa controvierte la determinación de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, emitida en el cuadernillo penal****, del índice del Juzgado de Oralidad en Materia Penal de la Región I en el Estado de Guanajuato, con base y sede en Dolores Hidalgo, en la que se reprogramaron las nueve horas con quince minutos del siete de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de recurso innominado (en el que pretende controvertir la omisión del Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia 2, de atender su solicitud inherente a la devolución de un vehículo automotor). No obstante, a juicio de este órgano jurisdiccional, la determinación adoptada en el procedimiento respectivo, aun cuando pudiera atentar contra el numeral 17 constitucional, tal como lo manifestó la parte quejosa, debido a que dicha actuación, cita a las partes para la celebración de la audiencia de recurso en cuestión para el siete de diciembre del año en curso; lo cierto es, que no podrá repararse en términos del artículo 77, fracción I, de la ley de la materia. Lo anterior, partiendo de que constituye un hecho notorio para este juzgador, que de la estadística que el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se obtiene que la media para resolver este tipo de asuntos es, aproximadamente, de tres meses. Posteriormente, la sentencia que -en su caso- concediera el amparo, se notificaría a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Amparo; luego, tendrían que transcurrir los diez días que dispone el numeral 86 de ese ordenamiento, para que la sentencia adquiera firmeza procesal, y emitirse el acuerdo correspondiente, el cual de igual forma se notificaría dentro del tercer día hábil siguiente. Enseguida, la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo tendría que dictar el acuerdo respectivo y ordenar la notificación a las partes en el expediente de origen. Es decir, tendría que trascurrir aproximadamente más de cuatro meses en total. Por tanto, se estima que ante una eventual concesión del amparo, la fijación de la aludida audiencia sería posterior a la fecha ya señalada por la autoridad responsable, a partir de la presente determinación, si se observaran estrictamente los plazos ordinarios. De ahí que, tal concesión lejos de beneficiar a la parte quejosa, podría ocasionarle mayor perjuicio, dado que del día de hoy a la fecha programada para la audiencia de mérito, faltan alrededor de dos meses; lo que podría provocar que el auto de cumplimiento se empalmara con la fecha de la citada audiencia o incluso, que provocara su diferimiento, lo cual se traduciría en mayor retardo en la tramitación del procedimiento penal de origen. Incluso, asumiendo que la parte quejosa interpusiera algún medio de impugnación en contra de esta determinación, ello retrasaría aún más su pretensión final, pues primero tendría que resolverse el recurso respectivo -conforme a los tiempos en que el tribunal colegiado respectivo actúe-; y, posteriormente, de concederse el amparo, ello daría lugar a emprender el trámite antes descrito en los tiempos señalados. Sin que la decisión asumida implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues, en todo caso, queda expedito su derecho de solicitar de nueva cuenta al aludido agente del Ministerio Público que atienda su planteamiento, o bien, promover nuevamente el juicio de amparo cuando así sea oportuno, y podrá analizarse si, en ese momento, se actualiza una violación a sus derechos fundamentales; lo que ahora no sucede, debido a las particularidades del caso y la fecha cercana señalada para la audiencia. DOMICILIO PARA OÍR NOTIFICACIONES. Toda vez que la parte quejosa señaló un domicilio para oír y recibir notificaciones que se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano y atendiendo a que solicitó el acceso al expediente electrónico del presente juicio, en obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena notificarle el presente proveído a través del usuario electrónico que señaló para tal efecto: ***. Asimismo, requiérasele para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le practique, designe domicilio para recibir notificaciones en esta ciudad o usuario electrónico para ese efecto. Apercibida que de no hacerlo, sin ulterior acuerdo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le practicarán por medio de lista que se publique en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, así como en el acceso del edificio en el que se encuentra este juzgado, en términos del artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza el acceso al expediente electrónico del presente juicio bajo los datos de Firma Electrónica (FIREL) con nombres de usuario: ***. Por tanto, se comisiona al oficial judicial "A" adscrito, que realice las gestiones necesarias para tal efecto. AUTORIZACIÓN DE USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Asimismo, se le autoriza el uso de medios electrónicos para que se imponga de las constancias que integran el juicio en que se actúa. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. De igual manera, se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ***, *** y ***, toda vez que se encuentran inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos de la fracción I del artículo 27 de la citada Ley de Amparo. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido.
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