Aarón Modesto Monroy Navarrete
Expediente 1091/2014 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 4 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2014.
Datos del expediente
- Expediente
- 1091/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 14/11/2014
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Aarón Modesto Monroy Navarrete
Actuaciones
- Juicio de Amparo Directo
AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCION Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.
- Juicio de Amparo Directo
VISTO EL ESTADO PROCESAL QUE GUARDAN LOS PRESENTES AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA, DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DÍAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO, DEL ARTICULO 104, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE QUEJOSA, HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL SE DECLARO LEGALMENTE INCOMPETENTE, PARA CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA; EN CONSECUENCIA, SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN. FINALMENTE, REMITASE POR INCOMPETENCIA LEGAL, LA DEMANDA DE AMPARO Y SUS ANEXOS AL JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN EL ESTADO DE HIDALGO, A FIN DE QUE SE AVOQUE A SU CONOCIMIENTO Y ACUERDE LO QUE CONFORME A DERECHO PROCEDA, SOLICITANDO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. EN SU OPORTUNIDAD, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.
- Juicio de Amparo Directo
EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE CUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL CATORCE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL ACUERDO DE VEINTIOCHO DE OCTUBRE DE DOS MIL CATORCE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: Pachuca de Soto, Hidalgo, veintiocho de octubre de dos mil catorce. Visto el oficio 1881/2014, del Presidente de la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, registrado en oficialía de partes con el número 5954/2014, por el que remite original y seis copias de la demanda de amparo promovida por ***; constancias de emplazamiento; oficios: 4287/2014 con anexo certificado y 1882/2014, del Juez Civil y Familiar de Tizayuca y la sala civil responsable, ambos del Estado de Hidalgo, mediante los cuales rinden su informe justificado, respectivamente; copias certificadas relativas al toca civil 340/2011 y expediente 1355/2009; en consecuencia, regístrese, fórmese expediente y acúsese recibo. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía, para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el solicitante del amparo ***, señaló como autoridades responsables y actos reclamados, los siguientes: "(.) III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- LA PRIMERA SALA CIVIL Y FAMILIAR DEL H. (sic) TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE HIDALGO, (.).- JUEZ MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE TIZAYUCA, HIDALGO (.)".- "IV.- RESOLUCIÓN QUE CONSTITUYE EL ACTO RECLAMADO.- LA RESOLUCIÓN EN FECHA 29 DE AGOSTO DE EL (sic) AÑO 2014, DENTRO DE LOS AUTOS DEL TOCA CIVIL NO. 340/2011, FORMADO CON MOTIVO DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR ***, EN CONTRA DE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2013, DICTADA POR EL C. (sic) JUEZ CIVIL Y FAMILIAR DEL DISTRITO JUIDICIAL DE TIZAYUCA, HGO. DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL PROMOVIDO POR LOS CC. *** EN CONTRA DE ***, EXPEDIENTE NÚMERO 1355/2009". Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo vigente, se advierte que el veintitrés de octubre de dos mil nueve, los hoy terceros interesados ***, demandaron al hoy quejoso ***, en la vía ejecutiva mercantil diversas prestaciones. Así, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el Juez Civil y Familiar de Tizayuca, Hidalgo, admitió lo solicitado y radicó el asunto como expediente 1355/2009. Seguido el juicio por sus trámites legales, el veintidós de marzo de dos mil once, se dictó sentencia definitiva y posteriormente la parte actora hoy tercero perjudicada, interpuso incidente de liquidación de intereses, se dictó resolución interlocutoria el diecinueve de noviembre del año próximo pasado, en contra de esta resolución el ahora impetrante de garantías, interpuso recurso de apelación, por razón de turno tocó conocer a la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, quien el veintinueve de agosto de dos mil catorce, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Esta Primera Sala Civil y Familiar resultó competente para conocer y resolver de la presente controversia.- SEGUNDO.- Los agravios esgrimidos por el recurrente *** resultaron infundados unos, otro inatendible pero todos INOPERANTES.- TERCERO.- Se CONFIRMA la sentencia interlocutoria dictada el 19 diecinueve de noviembre de 2013 dos mil trece, por la Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, dentro del juicio EJECUTIVO MERCANTIL, promovido por ***, en calidad de endosatarios en procuración de ***, en contra del apelante, testimonio de apelación que en copias certificadas deriva del expediente número 1355/2009.- CUARTO.- (.).- QUINTO.- (.)".- Inconforme con dicha resolución, el hoy impetrante de garantías, promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Por su parte, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Así, como ya se mencionó, el artículo 170, en su parte correspondiente, dispone que el juicio de amparo directo procederá contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; además de que para la procedencia de este deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. De lo anterior expuesto, se colige que como el acto reclamado en la especie se hizo consistir en la resolución de veintinueve de agosto de dos mil catorce, emitida por la Primera Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Hidalgo, mediante la cual se confirmó la interlocutoria de diecinueve de noviembre del año próximo pasado, emitida por el Juez Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo, relativa al incidente de liquidación de intereses promovido por la parte actora hoy tercero perjudicada; en tales circunstancias, la resolución reclamada no es de las que pone fin al juicio; y menos una sentencia que tenga el carácter de definitiva, por lo que entonces, si el acto reclamado no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria vigente de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia legal el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, una vez que cause estado la presente resolución, envíense las constancias respectivas al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial por contradicción de tesis 16/2003, sustentada por el Tribunal Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 10, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO. SI EL ACTO QUE SE RECLAMA NO ES UNA SENTENCIA DEFINITIVA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBERÁ DECLARARSE INCOMPETENTE Y REMITIR LA DEMANDA AL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA.- De la interpretación sistemática de los artículos 46, 47 y 158 de la Ley de Amparo, se desprende la definición de cuándo se está ante una sentencia definitiva para los efectos del juicio de amparo, cuál es el órgano competente para conocer de éste y cuál es la determinación que debe tomar cuando le es presentada una demanda de la que no puede conocer. Ahora bien, con base en que los supuestos de procedencia del juicio de amparo y la competencia del órgano jurisdiccional que debe conocerlo están estrechamente relacionados, de tal manera que no es posible explicar la procedencia sin aludir a la competencia, cuando en una demanda de amparo directo, el acto reclamado se hace consistir en una sentencia de primer grado, debe analizarse, en primer lugar, lo relativo a la competencia del órgano jurisdiccional y después lo conducente a la procedencia del juicio, toda vez que un tribunal incompetente no está facultado para decidir sobre la procedencia del juicio de garantías, ni siquiera por economía procesal, de conformidad con lo sostenido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, de rubro: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA ANTE UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. ÉSTE, EN NINGÚN CASO, DEBE DESECHARLA, SINO DECLARAR SU INCOMPETENCIA Y REMITIRLA AL JUZGADO DE DISTRITO CORRESPONDIENTE. Lo anterior resulta congruente con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 47 de la Ley de Amparo, dado que no es jurídicamente correcto que un tribunal deseche la demanda de amparo, cuando es el Juez de Distrito el que debe conocer y resolver lo relativo a la procedencia del juicio de garantías.". Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda. De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, que en términos de su artículo cuarto transitorio derogó los Acuerdos Generales 9/2003 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y 30/2003 del Consejo de la Judicatura Federal, así como las demás disposiciones derivadas de esos Acuerdos; en concordancia, con lo preceptuado en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se indica a las partes que el Poder Judicial de la Federación, debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1º, 3º, 5º, 6º, 7º y 8º del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquellos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; finalmente, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, cuando la información contenida en las constancias procesales esté clasificada, de conformidad con los artículos 13, 14 y 18 de la citada ley federal, como reservada o confidencial. Igualmente, sólo podrán considerarse reservadas o confidenciales las pruebas aportadas por las partes, cuando se les hayan atribuido tal carácter al momento de ser allegadas al juicio y tal calificación se base en lo dispuesto en algún tratado internacional, ley federal o local.
- Juicio de Amparo Directo
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