Aarón Misael Olarte García

Expediente 500/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
500/2018
Año
2018
Actuaciones
4
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • Aarón Misael Olarte García
  • Aarón Misael Olarte García y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III-A "... ARCHÍVESE el presente como asunto concluido..."

  2. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Agréguese el oficio del Secretario del Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite el oficio signado por el Delegado de la Coordinación General de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, en esta localidad. En esas condiciones, en atención al contenido del ocurso del referido delgado, de conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngasele rindiendo informe en sentido afirmativo sobre los hechos respecto los cuales fue otorgada la suspensión de plano al quejoso en auto de veintinueve de septiembre del año en curso. Además, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se admiten las pruebas documentales que exhibe, mismas que se tienen por desahogadas dada su propia y especial naturaleza, de las cuales se advierte que el quejoso Aarón Misael Olarte García fue puesto en libertad a las diez horas con cincuenta y cinco minutos del treinta de septiembre de dos mil dieciocho. En ese sentido, es inconcuso que ha sobrevenido una causal de improcedencia. En ese orden, dado que las causas de improcedencia son de orden público y deben ser analizadas de oficio, en términos del último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, así como lo establecido en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tanto, este juzgador procede a analizar la causa de improcedencia que se actualiza en relación al estudio de las documentales referidas. A efecto de demostrar lo anterior, resulta necesario traer a contexto el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la jurisprudencia 2a./J. 59/99, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, Novena Época, junio de mil novecientos noventa y nueve, página treinta y ocho, estableció: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En suma, los efectos de los actos reclamados cesan cuando las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Para considerar que cesaron los efectos del acto es necesario que, ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos los efectos hayan desaparecido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera concedido el amparo. De lo anterior se sigue que el aspecto relevante para la causa de improcedencia en comento lo constituye los efectos del acto reclamado y no así la subsistencia formal de éste; en ese sentido, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional. En el caso concreto, el acto reclamado consiste en la detención e incomunicación que sufrió Arón Misael Olarte García. Ahora bien, de las constancias que remitió Delegado Jurídico con la Coordinación General de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla de esta ciudad, se observa que: a) El quejoso Aarón Misael Olarte García ingresó a las instalaciones de su dependencia el veintinueve de septiembre de dos mil dieciocho por una parta administrativa; b) Con motivo de lo anterior, se le impuso un arresto de diecinueve horas a partir de las dieciséis horas con cinco minutos del veintinueve de septiembre pasado, conmutable por el pago de una multa; c) El treinta de septiembre de dos mil dieciocho, a las diez horas con cincuenta y cinco minutos, el quejoso fue puesto en libertad. En ese tenor, es inconcuso que se actualiza la causal en estudio, dado que resulta evidente que los efectos del acto reclamado han cesado, toda vez que la autoridad responsable restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos fundamentales que estimaban vulnerados; lo que pone de manifiesto que el acto reclamado dejó de afectar su esfera jurídica. Consecuentemente procede decretar el SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la propia ley, en relación con el precepto 61, fracción XXI, de la misma ley. Ello en razón, que al haberse actualizado una causa de improcedencia notoria e indudable, es evidente que nada puede impedir el sobreseimiento en el juicio en que se actúa y, por tanto, es posible hacerlo fuera de audiencia. Además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tiene aplicación al caso, la tesis 2a./J. 10/2003, aprobada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal de Justicia del País. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y una vez que cause estado el presente acuerdo, archívese este asunto como concluido. Por todo lo anterior, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Finalmente, se estima innecesario dar seguimiento al medio de apremio que le fue impuesto en auto de tres de octubre del año en curso, por lo que se ordena dejarlo sin efecto, dado que su omisión no resulta trascendente dado el momento procesal en que se encuentra el juicio..."

  3. Principal

    MESA-III-A. "...se advierte que ha fenecido el plazo de veinticuatro horas otorgado al Coordinador General de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla de esta ciudad, para que rindiera el informe relativo a la suspensión de plano concedida al quejoso...se hace efectivo el apercibimiento decretado, se le IMPONE MULTA por el equivalente a Cien Unidades de Medida y Actualización (UMA)..."

  4. Principal

    LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA A LA PARTE QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Vista la diligencia que antecede, de la que se advierte que el quejoso Aarón Misael Olarte García, en cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional, manifestó que ratificaba la demanda presentada a su favor por su progenitor Aarón Olarte Espinoza, por tanto, se provee: SE ADMITE la demanda de amparo promovida por Aarón Olarte Espinoza a favor de Aarón Misael Olarte García, contra actos del Coordinador General de la Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla, con sede en esta ciudad y otras autoridades de quienes reclama: La detención y/o privación de la libertad y/o incomunicacuón. Sin que sea necesario tramitar incidente de suspensión, toda vez que en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil dieciocho, se proveyó de oficio y de plano lo relativo a la suspensión respecto de los actos reclamados, concediendo la medida suspencional. INFORME JUSTIFICADO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 115, en relación con el 117, ambos de la Ley de Amparo, solicítese el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes a su notificación, para lo cual tendrá que acompañar, en su caso, copia fotostática certificada legible de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, o a través del medio magnético que estimen pertinente. Apercibida que de no rendir su informe con justificación, con fundamento en el artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se le presumirá cierto el acto reclamado AUDIENCIA CONSTITUCIONAL De conformidad con el artículo 115 de la Ley de Amparo se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para el desahogo de la audiencia constitucional. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO Con apoyo en lo estipulado en el artículo 64 de la ley invocada, se previene a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que comuniquen si han cesado los efectos del acto reclamado o se actualizan causas notorias de sobreseimiento e informen, de ser el caso, si en relación a los actos reclamados se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de expediente y el juzgado de distrito que le correspondió conocer. NOTIFICACIÓN A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA ADSCRIPCIÓN En términos del artículo 5, fracción IV, la Ley de Amparo, se ordenar notificar el presente proveído y correr traslado con copia autorizada del escrito de demanda a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional. PARTE TERCERA INTERESADA Conforme al artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, tienen ese carácter la víctima, el ofendido o quien cuente con derecho a demandar la reparación del daño o la responsabilidad civil, los cuales están legitimados para intervenir en el juicio de amparo indirecto en materia penal cuando el acto reclamado afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; en consecuencia, se reserva proveer lo relativo a su emplazamiento hasta en tanto la responsable rinda su informe justificado..."

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