Aaron Misac Salazar Pascacio

Expediente 555/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
555/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
04/08/2021

Partes del expediente

  • Aaron Misac Salazar Pascacio

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Visto; la certificación que antecede y el estado procesal que guardan actualmente los presentes autos, de los que se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, Constitucionales, sin que haya sido recurrido el auto que antecede de seis de julio de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, promovida por Aaron Misac Salazar Pascacio. Al efecto se acuerda: Con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que el mismo ha quedado FIRME para todos los efectos legales correspondientes. A. ARCHIVO. Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veintitrés de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, fracción d), de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del que suscribe no tiene relevancia documental para su conservación. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente juicio no se formó incidente de suspensión por tratarse de un desechamiento, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Ahora, toda vez que del análisis de las documentales que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa no anexo documento alguno susceptible de devolución por lo que se deja de proveer al respecto. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma FÉLIX MONTEJO MALDONADO, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante PEDRO HERNÁNDEZ COYOTE, Secretario del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de julio de dos mil veintiuno. Vista; la demanda de amparo promovida por Aaron Misac Salazar Pascacio, contra actos que reclama del Fiscal de Ministerio Publico Investigador, adscrito a la Unidad de Justicia Restaurativa de Jiquipilas, Chiapas, y Encargado de la Policía Especializada de Jiquipilas, Chiapas. I. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo número 555/2021-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: - La indebida integración de una carpeta de investigación y/o registro de atención. La orden de citación. En esa tesitura, se estima que respecto del acto reclamado citado en párrafo que antecede, es evidente que el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, 6° y 5°, fracciones I y II, de la Ley de Amparo vigente, por las consideraciones siguientes: De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama y prescriben, además, quiénes pueden promoverlo en su representación, precisando que sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo y por perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad; o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. Apoya a la anterior consideración la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: Así como la diversa tesis, del rubro y texto siguiente: "PERJUICIO E INTERES JURIDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que, por ese solo hecho, se tenga por acreditada la comprobación del interés jurídico del quejoso, pues para ello es necesario que se demuestre, en este caso, que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos. Sobre el particular, es aplicable la tesis, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De lo anterior, se colige que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y así, el peticionario de garantías debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera su esfera jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. En relación con lo anterior, tenemos que la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que aquellos actos de autoridad, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetos al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzca una afectación material en la esfera jurídica del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Apoya a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Por su parte los artículos 21 y 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función; asimismo, que corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de los hechos que las leyes señalen como delitos; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en esos hechos; procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; lo cual, en el presente caso, se da a través de las etapas de la investigación inicial y complementaria previstas en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales van acompañadas de diversas diligencias y actuaciones. Ahora, en el particular, el promovente reclama del Fiscal de Ministerio Publico Investigador, adscrito a la Unidad de Justicia Restaurativa de Jiquipilas, Chiapas, la indebida integración de una carpeta de investigación y/o registro de atención. En efecto, el desahogo de diligencias y actuaciones por parte del órgano persecutor que realiza a fin de integrar un registro de atención o carpeta de investigación, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que en el caso no acontece, por lo que resulta clara la causal de improcedencia aludida. Esto es así, pues la consecuencia del acto reclamado es el trámite de un registro de atención o carpeta de investigación, esto es, la práctica de diligencias y actuaciones tendientes a su integración, por lo que aun cuando el Ministerio Público en el desarrollo de esos actos actúa como autoridad, cumple con una función constitucionalmente encomendada y no causa daño o perjuicio alguno en los derechos sustantivos del gobernado, máxime que de la demanda de cuenta no se desprende que se haya ordenado determinación alguna tendiente a vulnerar alguno de esos derechos, tales como la privación de su libertad, posesiones o derechos. Encuentra apoyo lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la Jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Además, como se dijo anteriormente, los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imponen al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de la investigación inicial y complementaria, ya sea a través de un registro de atención o de una carpeta de investigación, las cuales van acompañadas de diversas diligencias y actuaciones y tales actos no irrogan al disconforme perjuicio alguno, pues éste se materializa hasta que, en su caso, el órgano técnico investigador determine formular imputación contra el indiciado y en su caso solicitar alguna de las formas de conducción del imputado previstas en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como podría ser el citatorio, la orden de presentación, de comparecencia o de aprehensión, y la autoridad judicial libre dicha orden; pues, apreciar lo contrario, sería obstaculizar las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público como representante de la sociedad, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Encuentra apoyo lo anterior, la tesis, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, En esas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, 6° y 5°, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, relacionados con los artículos 21 y 102, de la Constitución Federal, procede desecharse la demanda de amparo que nos ocupa respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada por el quejoso. Sentado lo anterior, debe decirse que respecto del diverso acto reclamado consistente en la orden de citación que reclama de Fiscal de Ministerio Publico Investigador, adscrito a la Unidad de Justicia Restaurativa de Jiquipilas, Chiapas, y el Encargado de la Policía Especializada de Jiquipilas, Chiapas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley De los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del quejoso; es decir, para que sea procedente el juicio de amparo, la ley o el acto que reclame le deberá producir un agravio; siendo que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, radica esencialmente en la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como puede ser para el primero, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, o bien en el segundo por su situación jurídica inmediata a esos derechos. Cuando son transgredidos por un acto de autoridad, faculta a la persona afectada a demandar que esa violación cese, y se le restituya en el goce del derecho que fue infringido; así, la parte quejosa debe acreditar en forma plena que los actos de autoridad reclamados causan un perjuicio en sus derechos subjetivos, o situación jurídica cercana, de tal forma que si esta circunstancia no se encuentra fehacientemente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Ilustra lo asentado, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis que es del tenor siguiente: Expuesto lo anterior, cabe señalar que conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, NO IRROGAN PERJUICIO AL GOBERNADO, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por lo tanto, la citación y/o invitación a comparecer ante la autoridad ministerial que reclama el quejoso, no le ocasiona un perjuicio a su esfera de derechos, pues habiéndose emitido en la etapa de investigación inicial, no ha ocasionado alguna afectación en sus derechos, como es el derecho a la libertad o algún otro. Además, de la lectura de la demanda no se advierte si se realizó apercibimiento alguno contra el quejoso, en caso de no comparecer a la diligencia ministerial, ni indica las consecuencias para el caso de que no acudan ante el Fiscal de Ministerio Publico Investigador, adscrito a la Unidad de Justicia Restaurativa de Jiquipilas, Chiapas. De ahí que, no se traduce en una orden de detención y/o aprehensión ni contiene apercibimiento en relación con la utilización de los diversos medios de apremio (por ejemplo, el uso de la fuerza pública o una sanción administrativa) a efecto de lograr la comparecencia del quejoso ante el representante social, pues como lo afirma, únicamente se le hizo del conocimiento que debía comparecer ante el agente investigador a fin de llevar a cabo una diligencia ministerial. Por tanto, si el citatorio para comparecer a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en contra de la persona investigada por sí mismo no es un acto que afecte su libertad personal, con mayor razón no lo es el citatorio para comparecer a una diligencia ministerial en el que no se desprende que se realizó apercibimiento alguno en caso de no comparecer, como el que se impugna en el caso concreto. Tiene aplicación por analogía la tesis jurisprudencial 1ª./J.78/2018 (10ª.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Decima Época, Diciembre 2018, Tomo I, visible a página 239, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a dicho mecanismo alternativo. De modo tal, que el acto reclamado no afecta derecho sustantivo alguno ni constituye acto de molestia que produzca una afectación real e inminente que amerite ser protegida. En esas condiciones, se estima que la orden de comparecer ante el Fiscal de Ministerio Publico Investigador, adscrito a la Unidad de Justicia Restaurativa de Jiquipilas, Chiapas, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que las causales de improcedencia en mención, son notorias y manifiestas. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda ubicado en calle Villaflores, número 160, entre calle Reforma y Comitán, Fraccionamiento Las Torres, en esta ciudad. Asimismo, en términos del numeral 12, párrafo primero de la ley de la materia, se tiene como autorizado en términos amplios a Lenin Solís Cervantes, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Marcela del Carmen Álvarez Cruz, por así haberlo solicitado el quejoso. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seis de julio de dos mil veintiuno. Vista; la demanda de amparo promovida por Aaron Misac Salazar Pascacio, contra actos que reclama del Fiscal de Ministerio Publico Investigador, adscrito a la Unidad de Justicia Restaurativa de Jiquipilas, Chiapas, y Encargado de la Policía Especializada de Jiquipilas, Chiapas. I. REGISTRO. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo número 555/2021-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora, tomando en consideración que el artículo 113, de la Ley de Amparo, impone a esta autoridad, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTÍCULO 145, DE LA LEY DE AMPARO." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En ese tenor, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación de este juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: - La indebida integración de una carpeta de investigación y/o registro de atención. La orden de citación. En esa tesitura, se estima que respecto del acto reclamado citado en párrafo que antecede, es evidente que el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente conforme a lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, 6° y 5°, fracciones I y II, de la Ley de Amparo vigente, por las consideraciones siguientes: De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo podrá promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto que se reclama y prescriben, además, quiénes pueden promoverlo en su representación, precisando que sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor. En relación con el agravio y perjuicio, la Suprema Corte ha establecido que el agravio debe ser actual para justificar la acción de amparo y por perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad; o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado. Apoya a la anterior consideración la Jurisprudencia del rubro y texto siguiente: Así como la diversa tesis, del rubro y texto siguiente: "PERJUICIO E INTERES JURIDICO. De acuerdo con el sistema consagrado por la fracción I del artículo 107 constitucional y 4o. de su ley reglamentaria, el ejercicio de la acción de amparo se reserva únicamente a la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, entendiéndose como perjuicio la afectación por la actuación de una autoridad o por la ley de un derecho legítimamente tutelado; el que, desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a afecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado, y esto constituye el interés jurídico que el ordenamiento legal de amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio constitucional. De modo que, aunque los promoventes del amparo pretendan se examine la constitucionalidad o inconstitucionalidad del precepto que contiene la ley que impugnan, cuando la ley por sí misma no les depara perjuicio alguno, el examen solicitado resulta improcedente, tanto más si entre los actos reclamados en la demanda de garantías y la disposición legal impugnada no existe nexo alguno, ni mucho menos acto de aplicación de ésta en perjuicio de los quejosos." De ahí que no basta la presentación de la demanda de amparo para estimar que, por ese solo hecho, se tenga por acreditada la comprobación del interés jurídico del quejoso, pues para ello es necesario que se demuestre, en este caso, que el acto reclamado lesiona sus intereses jurídicos. Sobre el particular, es aplicable la tesis, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS JURÍDICO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. A FIN DE TENERLO POR ACREDITADO NO BASTA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA. De lo anterior, se colige que el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existe legitimación para entablar el juicio constitucional y así, el peticionario de garantías debe acreditar en forma fehaciente, cuando acude en demanda de amparo, que la ley o el acto de autoridad reclamado vulnera su esfera jurídica, o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente acreditada, el juicio de garantías resulta improcedente. En relación con lo anterior, tenemos que la fracción V, del artículo 107, de la Ley de Amparo define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que aquellos actos de autoridad, aun cuando puedan calificarse como de grado predominante o superior, no pueden ser sujetos al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que produzca una afectación material en la esfera jurídica del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Apoya a lo anterior, la tesis cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Por su parte los artículos 21 y 102, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establecen que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función; asimismo, que corresponde al Ministerio Público la persecución, ante los tribunales, de los hechos que las leyes señalen como delitos; y, por lo mismo, solicitará las medidas cautelares contra los imputados; buscará y presentará las pruebas que acrediten la participación de éstos en esos hechos; procurará que los juicios en materia penal se sigan con toda regularidad para que la impartición de justicia sea pronta y expedita; lo cual, en el presente caso, se da a través de las etapas de la investigación inicial y complementaria previstas en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales van acompañadas de diversas diligencias y actuaciones. Ahora, en el particular, el promovente reclama del Fiscal de Ministerio Publico Investigador, adscrito a la Unidad de Justicia Restaurativa de Jiquipilas, Chiapas, la indebida integración de una carpeta de investigación y/o registro de atención. En efecto, el desahogo de diligencias y actuaciones por parte del órgano persecutor que realiza a fin de integrar un registro de atención o carpeta de investigación, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos, lo que en el caso no acontece, por lo que resulta clara la causal de improcedencia aludida. Esto es así, pues la consecuencia del acto reclamado es el trámite de un registro de atención o carpeta de investigación, esto es, la práctica de diligencias y actuaciones tendientes a su integración, por lo que aun cuando el Ministerio Público en el desarrollo de esos actos actúa como autoridad, cumple con una función constitucionalmente encomendada y no causa daño o perjuicio alguno en los derechos sustantivos del gobernado, máxime que de la demanda de cuenta no se desprende que se haya ordenado determinación alguna tendiente a vulnerar alguno de esos derechos, tales como la privación de su libertad, posesiones o derechos. Encuentra apoyo lo anterior, por las razones jurídicas que informa, la Jurisprudencia cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PUBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Además, como se dijo anteriormente, los artículos 21 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, imponen al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de la investigación inicial y complementaria, ya sea a través de un registro de atención o de una carpeta de investigación, las cuales van acompañadas de diversas diligencias y actuaciones y tales actos no irrogan al disconforme perjuicio alguno, pues éste se materializa hasta que, en su caso, el órgano técnico investigador determine formular imputación contra el indiciado y en su caso solicitar alguna de las formas de conducción del imputado previstas en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, como podría ser el citatorio, la orden de presentación, de comparecencia o de aprehensión, y la autoridad judicial libre dicha orden; pues, apreciar lo contrario, sería obstaculizar las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público como representante de la sociedad, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. Encuentra apoyo lo anterior, la tesis, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, En esas circunstancias, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, 6° y 5°, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, relacionados con los artículos 21 y 102, de la Constitución Federal, procede desecharse la demanda de amparo que nos ocupa respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada por el quejoso. Sentado lo anterior, debe decirse que respecto del diverso acto reclamado consistente en la orden de citación que reclama de Fiscal de Ministerio Publico Investigador, adscrito a la Unidad de Justicia Restaurativa de Jiquipilas, Chiapas, y el Encargado de la Policía Especializada de Jiquipilas, Chiapas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley De los preceptos transcritos se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado no afecte la esfera jurídica del quejoso; es decir, para que sea procedente el juicio de amparo, la ley o el acto que reclame le deberá producir un agravio; siendo que el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, radica esencialmente en la existencia de un derecho subjetivo o de un interés legítimo como puede ser para el primero, la libertad, la propiedad o la posesión, entre otros, o bien en el segundo por su situación jurídica inmediata a esos derechos. Cuando son transgredidos por un acto de autoridad, faculta a la persona afectada a demandar que esa violación cese, y se le restituya en el goce del derecho que fue infringido; así, la parte quejosa debe acreditar en forma plena que los actos de autoridad reclamados causan un perjuicio en sus derechos subjetivos, o situación jurídica cercana, de tal forma que si esta circunstancia no se encuentra fehacientemente acreditada, el juicio de amparo resulta improcedente. Ilustra lo asentado, por identidad jurídica, la Jurisprudencia 1a./J. 168/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. De tal afirmación se desprende que son dos los supuestos que generan el interés jurídico, siendo el primero la existencia y titularidad de un derecho legalmente tutelado y, el segundo, el resentimiento de un agravio, perjuicio, menoscabo u ofensa a ese derecho, proveniente de un acto de autoridad. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. Apoya lo expuesto la tesis que es del tenor siguiente: Expuesto lo anterior, cabe señalar que conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, NO IRROGAN PERJUICIO AL GOBERNADO, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Por lo tanto, la citación y/o invitación a comparecer ante la autoridad ministerial que reclama el quejoso, no le ocasiona un perjuicio a su esfera de derechos, pues habiéndose emitido en la etapa de investigación inicial, no ha ocasionado alguna afectación en sus derechos, como es el derecho a la libertad o algún otro. Además, de la lectura de la demanda no se advierte si se realizó apercibimiento alguno contra el quejoso, en caso de no comparecer a la diligencia ministerial, ni indica las consecuencias para el caso de que no acudan ante el Fiscal de Ministerio Publico Investigador, adscrito a la Unidad de Justicia Restaurativa de Jiquipilas, Chiapas. De ahí que, no se traduce en una orden de detención y/o aprehensión ni contiene apercibimiento en relación con la utilización de los diversos medios de apremio (por ejemplo, el uso de la fuerza pública o una sanción administrativa) a efecto de lograr la comparecencia del quejoso ante el representante social, pues como lo afirma, únicamente se le hizo del conocimiento que debía comparecer ante el agente investigador a fin de llevar a cabo una diligencia ministerial. Por tanto, si el citatorio para comparecer a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en contra de la persona investigada por sí mismo no es un acto que afecte su libertad personal, con mayor razón no lo es el citatorio para comparecer a una diligencia ministerial en el que no se desprende que se realizó apercibimiento alguno en caso de no comparecer, como el que se impugna en el caso concreto. Tiene aplicación por analogía la tesis jurisprudencial 1ª./J.78/2018 (10ª.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Decima Época, Diciembre 2018, Tomo I, visible a página 239, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA Asimismo, dentro de sus derechos, se encuentra el relativo a que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para someterse a dicho mecanismo alternativo. De modo tal, que el acto reclamado no afecta derecho sustantivo alguno ni constituye acto de molestia que produzca una afectación real e inminente que amerite ser protegida. En esas condiciones, se estima que la orden de comparecer ante el Fiscal de Ministerio Publico Investigador, adscrito a la Unidad de Justicia Restaurativa de Jiquipilas, Chiapas, no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5º de la Ley de Amparo. III. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que las causales de improcedencia en mención, son notorias y manifiestas. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. IV. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el escrito de demanda ubicado en calle Villaflores, número 160, entre calle Reforma y Comitán, Fraccionamiento Las Torres, en esta ciudad. Asimismo, en términos del numeral 12, párrafo primero de la ley de la materia, se tiene como autorizado en términos amplios a Lenin Solís Cervantes, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública; y en términos del artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, del citado ordenamiento legal, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Marcela del Carmen Álvarez Cruz, por así haberlo solicitado el quejoso. V. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES- Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. VI. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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