Aaron Ivan Villalobos Zapata
Expediente 1174/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1174/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Aaron Ivan Villalobos Zapata
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos de Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que informa que se admitió el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el presente expediente, con el que se formó el toca 437/2023. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos del que se advierte que obra la totalidad de las constancias de notificación relativas al recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia definitiva firmada el veintidós de junio de dos mil veintitrés; en consecuencia, para la sustanciación del referido recurso, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito: 1. El original del escrito de revisión y de expresión de agravios. 2. La copia de éste que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación. 3. Dos legajos de pruebas ofrecidos por la autoridad responsable y tercero interesado. Por otra parte, se ordena dar acceso al expediente electrónico a fin de que el Tribunal de Alzada, se encuentre en aptitud de tener a la vista la totalidad de las constancias que integran el presente expediente. Hágase del conocimiento del Analista del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de este juzgado, la autorización del acceso al expediente electrónico ordenada en párrafos anteriores, para que realice las acciones necesarias a fin de que el Tribunal Colegiado se encuentre en aptitud de acceder y consultar el presente juicio vía el expediente electrónico. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, ante el Secretario Martín Placito Cambero, con quien actúa y da fe. Dos firmas electrónicas con evidencia criptográfica.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Aarón Iván Villalobos Zapata, con el que interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el veintidós de junio de dos mil veintitrés, al cual adjunta su diverso escrito de expresión de agravios. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, entréguese copia del citado escrito de expresión de agravios a partes restantes. Una vez que esté debidamente integrado y notificado, remítase el original del escrito de expresión de agravios, la copia que corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación y dos legajos de pruebas remitidos durante la tramitación del presente juicio al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar. Notifíquese; y, personalmente al tercero interesado.
- Principal
V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1174/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, en Mérida, promovido por *********, contra el acto reclamado a la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El veintiuno de abril de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por **********, contra el acto reclamado a la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, consistente en la resolución de quince de agosto de dos mil veintidós, a través de la cual se resolvió el recurso de revocación en contra del auto que desechó el incidente de nulidad de actuaciones que interpuso en el juicio ejecutivo mercantil, a fin de que declarara nulo el diligencia en la que se ejecutó el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento . SEGUNDO. Trámite del juicio La demanda fue enviada a este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. En auto de veinticinco de abril de dos mil veintitrés, se registró con el número de expediente 1174/2023, y se previno al quejoso para que subsanara las imprecisiones que contenidas en su escrito inicial, ya que sus antecedentes eran obscuros . El quejoso cumplió con la prevención, por lo que el cuatro de mayo del año en curso, se admitió a trámite la demanda. En el desarrollo del procedimiento, se emplazó al representante social de la adscripción, quien no formuló pedimento , se emplazó a *****************, tercera interesa en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo . Finalmente, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia 1. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, es competente para conocer y resolver en definitiva este amparo, ya que se reclama una resolución dentro de juicio que se sigue dentro del territorio en el que se ejerce jurisdicción; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con relación a los acuerdos 104/2022 y 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites Territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción y Especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado 2. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el Juzgador deberá indicar en forma clara y precisa el acto reclamado, para lo cual interpretará el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido. 3. Este órgano de control constitucional advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. La resolución de quince de agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio ejecutivo mercantil *****, a través de la cual se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó el incidente de nulidad de actuaciones y la excepción de falta de personalidad de la parte actora 4. Delimitada la materia de estudio, por cuestión de técnica, enseguida se analizará la inexistencia o certeza del acto reclamado, como lo estableció una anterior integración de la Primera Sala del Máximo Tribunal de la Nación, en la tesis aislada del epígrafe: "SENTENCIAS DE AMPARO. PRELACIÓN LÓGICA DE SUS CONSIDERANDOS." TERCERO. Certeza del acto reclamado 5. Es cierto el acto reclamado, ya que así lo manifestó en su informe con justificación la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida . Certeza que se corrobora con la fotocopia certificada del expediente natural; documental que tiene pleno valor probatorio en términos del artículo 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Hipótesis de procedencia del juicio de amparo 6. En el presente asunto, se reclama un acto dictado dentro de juicio cuya afectación es de imposible reparación, por lo que se ubica en el supuesto previsto en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. 7. Lo anterior porque la resolución reclamada tiene como materia central dirimir sobre la posibilidad de analizar la validez del emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil, acto que es susceptible de afectar directamente derechos sustantivos, ya que la diligencia se integra por tres actos: a. el requerimiento de pago, b. el embargo y c. el emplazamiento, los cuales se encuentran estrechamente vinculados, y dado que una de esos actos es el embargo de bienes de la parte demandada, el cual constituye una limitación al derecho de propiedad, debe considerarse que la resolución reclamada se trata de un acto de imposible reparación. 8. Así lo consideró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contracción de criterios 239/2022, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 14/2023 (11a.), de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. LA RESOLUCIÓN QUE DECIDE SOBRE SU VALIDEZ, CUANDO TODAVÍA NO SE DICTA SENTENCIA DEFINITIVA, CONSTITUYE UN ACTO SUSCEPTIBLE DE AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS Y ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes sobre cuál era la vía idónea para impugnar en amparo la resolución que decidió sobre la validez de la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento de un juicio ejecutivo mercantil cuando se combate lo relativo al emplazamiento y todavía no se emite sentencia definitiva, pues mientras uno de los órganos jurisdiccionales consideró que la resolución que decide sobre la validez del emplazamiento efectuado en la diligencia citada no afecta derechos sustantivos, toda vez que su consecuencia será continuar el juicio y, en todo caso, tal determinación podrá ser impugnada a través del juicio de amparo directo, previa preparación, como violación procesal; el otro Tribunal Colegiado precisó que las actuaciones contenidas en esa diligencia relativas al requerimiento de pago o embargo tienen una estrecha vinculación con el emplazamiento -tan es así que la nulidad de éste por falta de cumplimiento de sus formalidades acarrea la invalidez de las demás-, por lo que puede afectar derechos sustantivos y, en consecuencia, es impugnable a través del juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la resolución que dirime sobre la validez del emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil, cuando todavía no se dicta sentencia definitiva, constituye un acto que es susceptible de afectar derechos sustantivos, por lo que puede ser reclamado en juicio de amparo indirecto. Justificación: Aun cuando la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil se integra por tres actos distintos, lo cierto es que éstos se encuentran estrechamente vinculados, de manera que la nulidad en el emplazamiento genera la misma consecuencia en los otros dos actos, pues implica la inobservancia del requisito al que se encuentran sujetos el requerimiento y el embargo. Pues bien, esta Primera Sala, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 74/2019 (10a.), estableció que el embargo practicado en un juicio ejecutivo constituye un acto que tiene ejecución o efectos de imposible reparación por afectar materialmente derechos sustantivos de la persona embargante desde que se establece, pues limita las facultades de disposición y goce de los bienes embargados. En este sentido, la resolución que dirime sobre la validez del emplazamiento en un juicio ejecutivo mercantil es un acto susceptible de afectar derechos sustantivos, ya que tendrá consecuencias directas en los demás actos procesales vinculados, entre los cuales se encuentra el embargo. Así, en caso de validarse el emplazamiento, se mantendrá la limitación sobre los bienes embargados y, por el contrario, si se estima su invalidez, el demandado podrá, en vía de consecuencia, liberar los bienes para disponer de ellos." QUINTO. Oportunidad para ejercer la acción constitucional 9. La demanda de amparo se presentó dentro del plazo legal, en atención a lo siguiente. 10. En efecto, acorde a los artículos 17, 18 y 19 de la Ley de Amparo, el plazo para ejercer la acción de amparo es de quince días, ya que se reclama una resolución dentro de un procedimiento judicial. Dicho plazo deberá computarse a partir del día siguiente al que haya surtido efectos la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, conforme a la ley del acto, sin incluir días inhábiles. 11. En el particular, el acto reclamado se notificó el veintiocho de marzo de dos mil veintitrés; comunicación procesal que en términos del segundo párrafo del artículo 1075 del Código de Comercio , surtió sus efectos al día hábil siguiente, el veintinueve de marzo, por lo que el plazo de quince días hábiles, trascurrió del treinta de marzo al veinticuatro de abril de dos mil veintitrés . En ese panorama, si la acción de amparo se ejerció el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, claramente, se hizo dentro del plazo legal. SEXTO. Antecedentes del acto reclamado 12. Enseguida se resaltan las actuaciones relevantes del procedimiento judicial del cual procede el acto reclamado : 13. Demanda. Por conducto de sus endosatarios en procuración, **********, ejerció la acción cambiaria directa en contra de ******************, a quien demandó el pago de prestaciones relacionadas con el incumplimiento del pago de diversos títulos de crédito, por una suma total de $********* (***************). 14. Admisión. La Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, admitió a trámite la demanda, registrándola con el número de expediente ****/2021, y ordenó el emplazamiento de *****. 15. Diligencia. El ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se desahogó el auto de mandamiento en forma, el cual, medularmente se desahogó en los términos siguientes: 16. Se entendió directamente con ****, a quien se le requirió el pago de las prestaciones demandadas, sin que cumpliera. 17. Se otorgó al demandado la oportunidad de señalar bienes suficientes para cubrir la deuda ampara en los documentos base de la acción, por lo que designó un comedor con seis sillas, un sofá, una mesa de sala, un sillón de petatillo, y un librero; al considerarlos insuficientes el actor solicitó el embargo de dos predios propiedad del demandado, por lo tanto, se trabó embargo sobre los bienes que indicó el actor. 18. Se emplazó al demandado, se le corrió traslado con copia sellada y cotejada de la demanda, diez pagarés, tres copias simples de la credencial de elector y constancia de situación fiscal, selladas y cotejadas con sus originales . 19. Incidente de nulidad de actuaciones. El catorce de septiembre de dos mil veintiuno, ***** interpuso incidente de nulidad de actuaciones, en contra de la diligencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. 20. En sus argumentos, estimó ilegal el emplazamiento porque no se hizo constar la hora en que inició y concluyó la diligencia; además, no se entregó copia sellada y cotejada por el secretario de los acuerdos de veintisiete de agosto y diecinueve de marzo de dos mil veintiuno, sólo se trascribieron en la cédula. 21. Respecto al embargo, alegó que el actuario excedió sus facultades al otorgarle a la parte actora la posibilidad de señalar bienes, pues él ya había indicado cuáles serían los objetos sujetos de embargo; empero, sin que existiera una valoración, el notificador trabó embargo sobre bienes que señaló el actor, a pesar de que ya existía un señalamiento de su parte, trastocando el artículo 1394 del Código de Comercio. 22. Contestación. El veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, ****** contestó la demanda, en la que opuso, entre otras excepciones, la de falta de personalidad de la parte actora, sobre la base de que carece la titularidad del derecho demandado . 23. Auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno. En este proveído se tuvo contestando la demanda a ****; se proveyó sobre la excepción de incompetencia que planteó; por otra parte, la Jueza Mercantil desechó la excepción de falta de personalidad y el incidente de nulidad de actuaciones . Decisión que se sustentó en lo siguiente: 24. Respecto a la falta de personalidad, se estimó que no resulta oponible, ya que la encaminó a demostrar la falta de personalidad de la persona moral, pero los actores actúan como endosantes en procuración, por lo que la excepción sólo puede ser oponible respecto de éstos. 25. En relación con el incidente de nulidad de actuaciones, su desechamiento se apoyó en que respecto al emplazamiento, cualquier vicio quedó convalidado al contestar la demanda, lo que evidencia que no se le dejó en estado de indefensión. 26. Sobre el embargo, con fundamento en el artículo 1394 del Código de Comercio, faculta al actor para señalar bienes cuando considera que los que consignó el demandado son insuficientes. 27. Recurso de revocación. Inconforme, ***** interpuso recurso de revocación en contra del auto nueve de noviembre de dos mil veintiuno; para demostrar su ilegalidad, construyó los agravios siguientes: 28. Emplazamiento. No es cierto que se haya convalidado al contestar la demanda, pues lo que reclama es el embargo, no el emplazamiento en forma independiente, sino como parte del auto de exequendo, en el que forma parte el embargo. La Jueza omitió analizar el argumento en el que dijo que no se dejó copia sellada y cotejada por el secretario de los acuerdos de veintisiete de agosto y diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. 29. Embargo. En la diligencia de embargo, no existe registro de cómo fue que el Actuario determinó que los bienes eran insuficientes para garantizar el pago del adeudo, lo que transgredió su derecho a la seguridad jurídica, porque sin conocer las razones se dio oportunidad a la parte actora para que señalara bienes susceptibles de embargo, a pesar de que el artículo1394 del Código de Comercio, no lo habilita para actuar en esos términos. 30. Personalidad. Los títulos de créditos base de la acción señalan como acreedor a un emisor de una tarjeta de crédito o banco acreditante, mientras que la empresa que endosó los títulos de crédito no tiene esa cualidad, por lo tanto, carecía de legitimación para promover en su contra. 31. Resolución de quince de agosto de dos mil veintidós. La Jueza Mercantil declaró improcedente el recurso de revocación y confirmó el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno; decisión que se apoyó en las consideraciones siguientes : 32. Emplazamiento. Calificó inoperantes los agravios. En primer lugar porque el embargo de bienes es provisional; además de que se impuso oportunamente de la existencia del procedimiento. 33. Embargo. Desestimó los agravios por inoperantes, toda vez que el juicio ejecutivo mercantil es un proceso ágil y sencillo para que el actor garantice los bienes para recuperar su patrimonio; por ello, el artículo 1394 del Código de Comercio no prevé como requisito que exista un avaluó para que el actor señale bienes cuando considere que los que designó la demandada son insuficientes. 34. Personalidad. Sostuvo su improcedencia en los términos expuestos en el acuerdo de nueve de noviembre de dos mil veintiuno. SÉPTIMO. Causas de improcedencia 35. En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento al mandato legal, no se actualiza alguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado, sin que sea necesario estudiar cada una de las hipótesis descritas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. OCTAVO. Estudio de la constitucionalidad del acto reclamado 36. En el estudio del presente asunto, aunque en un orden diverso al escrito que los contiene, serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción . 37. Con la finalidad de evidenciar la inconstitucionalidad de la resolución de veintidós agosto de dos mil veintidós, dictada en el juicio ejecutivo mercantil ***/2021, a través de la cual se declaró infundado el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó el incidente de nulidad de actuaciones y la excepción de falta de personalidad de la parte actora, el quejoso destacó diversos temas que ameritan estudio individual. 38. Argumentos de fondo. Sobre este punto, el impetrante alega que el estudio de los agravios transgredió los artículos 1353 y 1354 del Código de Comercio, pues la Jueza Mercantil emprendió un análisis propio del fondo del incidente de nulidad de notificaciones, sin seguir las formalidades del procedimiento, por lo que lo privó de la posibilidad de ofrecer pruebas y alegatos para demostrar la ilegalidad de la diligencia de emplazamiento. 39. Es infundado el concepto de violación, ya que la Jueza Mercantil tuvo los elementos necesarios para resolver de plano el incidente de nulidad interpuesto por el quejoso. 40. Ciertamente, los artículos 1350, 1353, 1354, 1404 y 1414 del Código de Comercio , 319 y 320 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley mercantil, establecen que los incidentes que se promuevan dentro de procedimientos regidos por la legislación mercantil deberá otorgarse a las partes la posibilidad de ofrecer pruebas, recibir alegatos, y posteriormente dictar sentencia, y en el caso del incidente de nulidad del emplazamiento, éste podrá interponerse ante de comparecer al procedimiento al contestar la demanda. 41. Lo anterior, implica que, por regla general, el incidente de nulidad de actuaciones deberá admitirse, sustanciarse el procedimiento, en el cual se desahoguen pruebas, se ofrezcan alegados y se concluya con el dictado de la sentencia interlocutoria. 42. En el caso, el quejoso interpuso incidente de nulidad de actuaciones en el que reclamó la diligencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno; en su escrito se limitó a alegar aspectos de legalidad, como la indebida aplicación del artículo 1394 del Código de Comercio, al designar los bienes para embargo, y omisiones en el acta de notificación, todo ello sin ofrecer pruebas que ameritaran preparación, ya que sólo anunció la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto . 43. En ese sentido, la Jueza Mercantil al proveer sobre el incidente de nulidad de actuaciones, contó con los elementos necesarios para resolver de plano sobre el incidente. Ello aun cuando analizó el fondo, pues dada la claridad de los temas planteados no era necesario tramitar la vía incidental. 44. Idéntica situación ocurrió al analizar los agravios interpuestos en el recurso de revocación que originó la resolución reclamada, ya que en ellos sólo se propusieron aspectos de legalidad, toda vez que abundaron sobre los planteamientos expuestos en el escrito de interposición del incidente de nulidad de actuaciones; como se corrobora de la comparativa siguiente: (.) 45. Así, se obtiene que si bien la regla general es tramitar el incidente en su fase de pruebas y alegatos; sin embargo, en el asunto que se resuelve, el suscrito considera que no existió violación al debido proceso, pues la Jueza Mercantil tuvo oportunidad de pronunciarse de plano de las cuestiones planteadas por el quejoso tanto en el incidente, como en el recurso de revocación. 46. Emplazamiento. En relación a este tema, el impetrante del amparo argumenta que la Jueza responsable dejó de analizar sus agravios, con base en la consideración de que quedó subsanada cualquier ilegalidad del emplazamiento porque contestó la demanda. 47. Sin embargo, dice, con esa determinación la Jueza Mercantil desistió de atender que la diligencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, es ilegal porque la secretaría del juzgado no certificó los documentos con los cuales se les corrió traslado, tal y como lo dispone el artículo 310 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al Código de Comercio, ni se describieron los anexos con los cuales se le corrió traslado; no se estableció la hora en que concluyó la diligencia. 48. Es infundado el concepto de violación, pues fue correcta determinación de la Jueza Mercantil, ya que los defectos de la diligencia de emplazamiento quedaron compurgados al comparecer a contestar la demanda. 49. En efecto, el emplazamiento es un acto procesal de trascendental importancia porque permite el cumplimiento del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en otorgar la oportunidad de defensa previamente a ser sometido a un procedimiento, que tenga como objeto privar de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", para la determinación de sus derechos y obligaciones en controversias de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, esto es, el respeto al derecho al debido proceso. 50. En ese sentido, resulta indiscutible que la falta de emplazamiento constituye la máxima transgresión procesal dentro del juicio, por cuanto en tal supuesto se priva al demandado del derecho de audiencia y de una adecuada defensa de sus derechos. 51. No obstante, cuando la parte enjuiciada contesta la demanda, opone defensas y excepciones y ofrece las pruebas que considera acordes a sus pretensiones, es concluyente que no se le deja en estado de indefensión al purgarse, por ende, los vicios que pudiera haber tenido el acto de emplazamiento, pues al comparecer al juicio se satisface el fin primordial que persigue el llamado relativo. 52. Así, aunque existiesen errores o vicios en tal diligencia de emplazamiento, el hecho de contestar oportunamente la demanda, oponer defensas y excepciones, ofrecer pruebas, apelar de la sentencia inicial y expresar alegatos, sanea los vicios que hayan existido al respecto, convalidándose la actuación relativa dada la contestación a la demanda, con lo cual queda satisfecho el objetivo y fin jurídico del derecho de audiencia integrante del debido proceso. 53. Sobre esa base en el particular, el quejoso compareció a contestar la demanda promovida en su contra, opuso sus defensas y excepciones; es por ello, que el suscrito comparte la decisión de la Jueza al estimar que se compurgaron los vicios del emplazamiento. 54. Además, contrario a lo aducido por el peticionario de amparo, la diligencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, cumplió con las formalidad que establece la legislación mercantil. 55. Es así, porque el juicio natural se rigió conforme al Código de Comercio, con la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de diciembre de dos mil diecinueve, específicamente los artículos 1,061 1392, 1393, 1396 y 1396 Bis, los cuales establecen las formalidades que debe contener el emplazamiento, las cuales pueden concretarse en las siguientes: 56. Debido cercioramiento de que el domicilio a donde se constituye el fedatario corresponde a la persona buscada, indicando los medios de que se valga para ello, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten y describir los signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de que acudió al domicilio señalado como del demandado. 57. Si a la primera búsqueda se encuentra presente el interesado, su representante, mandatario o procurador, se procederá a practicar la diligencia de manera personal, y de no ser así, se le dejará citatorio para hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores. 58. De no esperar al fedatario, el emplazamiento se entenderá con los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. 59. Asimismo, el notificador deberá entregar cédula de notificación, la que tiene que contener: I. Fecha y hora en que se entrega, II. Clase de procedimiento, III. Nombre y apellidos de las partes, IV. Juez o Tribunal que manda practicar la diligencia, V. Transcripción de la determinación que se manda notificar, VI. Nombre y apellidos de la persona a quien se entrega. 60. Además de la cédula, debe entregarse copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, y en su caso, copias simples de los documentos que el actor haya exhibido con su demanda, los cuales deberá describir. 61. Asentar las manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. 62. El actuario debe identificarse ante la persona con quien entienda la diligencia y requerir a ésta a su vez para que se identifique, asentando el resultado. 63. Debe levantarse acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada, procurando recabar la firma de la persona con quien se hubiera entendido la notificación. 64. Ahora, del análisis de la constancia actuarial de ocho de septiembre de dos mil veintiuno , que contiene la diligencia de emplazamiento, se obtiene que se entendió directamente con ******, a quien se le requirió el pago de las prestaciones demandadas, sin que cumpliera. Luego, se otorgó al demandado la oportunidad de señalar bienes suficientes para cubrir la deuda reclamada, por lo que designó un comedor con seis sillas, un sofá, una mesa de sala, un sillón de petatillo, y un librero; al considerarlos insuficientes el actor solicitó el embargo de dos predios propiedad del demandado, por lo tanto, se trabó embargo sobre los bienes que indicó el actor. Finalmente, se efectuó el emplazamiento, corriéndole traslado con copia sellada y cotejada de la demanda, diez pagarés, tres copias simples de la credencial de elector y constancia de situación fiscal, selladas y cotejadas con sus originales. 65. En ese panorama, contrario a lo alegado por el quejoso, el actuario sí certificó la entrega de las copias selladas y cotejadas, por lo que la simple afirmación del quejoso de que no estuvieron certificadas por el secretario del Juzgado, es insuficiente para desvirtuar la fe pública con la que cuenta el notificador; aunado a que en el escrito de interposición del incidente de nulidad de notificaciones no se ofreció alguna prueba para demostrar tal aseveración. 66. Asimismo, acorde a las formalidades que establece el Código de Comercio para el desahogo de la diligencia de emplazamiento, en ninguna de ellas se prevé la obligación del actuario de certificar la hora en que concluyó la diligencia. 67. Por su contenido, es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 22/2018 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. LA OMISIÓN DEL ACTUARIO DE CERTIFICAR LA ENTREGA DE LAS COPIAS DE TRASLADO DE LA DEMANDA DEBIDAMENTE SELLADAS Y COTEJADAS CON SU ORIGINAL, OCASIONA LA ILEGALIDAD DE DICHA DILIGENCIA. El emplazamiento es el acto procedimental por el cual las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, con los derechos de audiencia y al debido proceso reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí que todos los requisitos y formalidades establecidos en la legislación para su realización deben acatarse en su literalidad, porque son de aplicación estricta, a fin de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia conforme a las leyes del procedimiento, de acuerdo con el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución Federal. Es así que, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento entregar copias simples del traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con su original, ello constituye una formalidad esencial para la validez, por lo que el actuario judicial debe certificar que así se ha realizado, a fin de no violar los derechos de audiencia y de defensa, de legalidad y de certeza jurídica, así como a recibir impartición de justicia en los términos y plazos que fijan las leyes. En consecuencia, la omisión del actuario de certificar la entrega de copias de traslado de la demanda debidamente selladas y cotejadas con su original ocasiona la ilegalidad del emplazamiento, porque la entrega de copias simples carentes de estos requisitos, no cumple a cabalidad la formalidad establecida para el emplazamiento, al no permitir que se conozcan con fidelidad los términos, las pretensiones y los hechos en que se basa la demanda." 68. Embargo. En cuando al embargo de bienes realizado en la diligencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, ****** afirma que la Jueza responsable desestimó su agravio, pretendiendo desprender un derecho a favor del actor para designar bienes que no está reconocido en el artículo 1394 del Código de Comercio, pues él ya había efectuado la elección de bienes para garantizar la deuda, no obstante, sin hacerle efectivo algún apercibimiento y sin que exista un avaluó previo, el actuario determinó que no eran suficientes, y permitió que el actor indicara los bienes objeto de la medida cautelar. 69. Es infundado el concepto de violación, ya que el derecho para señalar bienes en el embargo precautorio que se ejecuta en un juicio ejecutivo mercantil, tiene su origen en el título de crédito base de la acción, el cual es un derecho reconocido previamente, por lo tanto, la satisfacción de los bienes corresponde al actor, no a la parte demandada, sin que sea necesario que exista un avalúo, pues ello obstaculizaría la medida que consiste en que el actor garantice el derecho que se llegue a reconocer en sentencia. 70. Ciertamente, el embargo es una afectación decretada por una autoridad competente sobre un bien o conjunto de bienes de propiedad privada, la cual tiene por objeto asegurar cautelarmente la eventual ejecución de una pretensión de condena que se plantea en juicio, o bien satisfacer directamente una pretensión ejecutiva. 71. Éste puede ser precautorio o definitivo. El primero -que es el que nos ocupa- es aquél que ordena el Juez en un juicio ejecutivo mercantil y procede para garantizar la efectividad de una futura condena, cuyo objeto es la individualización y la indisponibilidad del bien afectado, mediante las cuales se asegura que el importe obtenido por la realización judicial del mismo será aplicado a satisfacer el interés del acreedor. Así, el embargo precautorio no es un acto privativo, puesto que tiene sólo por objeto asegurar el cumplimiento de la sentencia condenatoria que, en su caso, llegase a dictarse. 72. Ahora, el artículo 1394 del Código de Comercio establece lo siguiente: "Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. (.)" 73. En ese sentido, debe entenderse que si el demandado señala bienes para su embargo y éstos no son suficientes 1) se le apercibe para que lo haga y 2) de no hacerlo, se traslada ese derecho al actor. 74. Dicha norma regula el embargo en el juicio ejecutivo mercantil, el cual tiene como característica que es un procedimiento extraordinario, que sólo puede iniciarse con base en un título que lleve aparejada ejecución , siendo necesario, además, que en el título se consigne la existencia de un crédito que sea cierto, líquido y exigible, el cual constituye una prueba preconstituida del adeudo contenido en el mismo. 75. En efecto, los juicios ejecutivos mercantiles son procedimientos sumarios que tienen por objeto el cobro de créditos que constan en algún título que tiene fuerza suficiente para constituir, por sí mismo, prueba plena; puesto que no se dirige, en principio, a declarar derechos dudosos o controvertidos, sino a hacer efectivo el pago que ha sido reconocido en un título de tal fuerza, que constituye una presunción juris tantum de que el derecho del actor es legítimo y está suficientemente probado, para que sea desde luego atendido. 76. Lo que se pretende mediante la vía ejecutiva mercantil es cobrar mediante un procedimiento sumario un título, que por sus características, trae aparejada ejecución, resulta objetivo y razonable que se permita a la parte actora, beneficiaria del título, embargar desde el inicio del juicio los bienes que se estimen suficientes para el pago del adeudo, con el objeto de asegurar el cumplimiento de la sentencia, en el entendido que no podrá ordenarse ejecución sobre los mismos hasta que se dicte y quede firme una sentencia condenatoria, y que la parte demandada tendrá durante el juicio la oportunidad de desvirtuar el título de crédito. 77. Por tanto, atendiendo a la naturaleza del título ejecutivo y la vía mercantil que reconoce al actor un derecho preconstituido que le permite evaluar los bienes y en su caso aceptar o no la suficiencia de los créditos embargados para garantizar su derecho en el momento mismo de la diligencia de embargo o con posterioridad; pues como se señaló al analizar su finalidad, con ello se garantiza que la ejecución no pierda la agilidad y sencillez evitando que se torne difícil o irrealizable la pretensión del actor. 78. Es decir, la posibilidad de que la parte actora solicite el embargo ante la renuencia del demandado o la insuficiencia en la designación de bienes, obedece a la naturaleza especial del título en que se funda su acción, pues permite que a partir de este embargo precautorio se garanticen las resultas del juicio, es decir, que la parte demandada cumpla con el adeudo que derivó en la suscripción del título ejecutivo. 79. En ese contexto, si en la diligencia de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, se otorgó al demandado la oportunidad de señalar bienes suficientes para cubrir la deuda reclamada, por lo que designó un comedor con seis sillas, un sofá, una mesa de sala, un sillón de petatillo, y un librero; al considerarlos insuficientes, el actor solicitó el embargo de dos predios propiedad del demandado, por lo tanto, se trabó embargo sobre los bienes que indicó el actor. 80. En ese sentido, si se otorgó al aquí quejoso la posibilidad de señalar bienes suficientes y no lo hizo, pues el actor estimó que no eran bastantes para garantizar el derecho reconocido preliminarmente en los pagarés base de la acción; entonces, ese derecho se trasladó al actor, ya que previamente el Actuario informó al demandado que los bienes deberían ser bastantes para cubrir la suerte principal. 81. Falta de fundamentación y motivación del desechamiento de la excepción de falta de personalidad. En el último concepto de violación, el quejoso se duele que la Jueza Mercantil no motivó porque resultaban aplicables las mismas razones que expuso en el auto de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, para desechar la excepción de falta de personalidad que opuso al contestar la demanda. 82. Son inatendibles los argumentos expuestos sobre el desechamiento de la excepción de falta de personalidad, toda vez que en el juicio de amparo indirecto no es posible analizar actos que sólo tienen efectos procesales. 83. En efecto, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, , disponen que el juicio de amparo indirecto será procedente contra actos dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación; en cambio, en la comprensión en sentido contrario de esas normas, la acción constitucional será improcedente cuando el acto dentro de juicio cumpla con esta condición, es decir, se trate de un acto que no cause una afectación de imposible reparación. 84. Así, en la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) de rubro siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P. /J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." , el Pleno del Alto Tribunal definió que las determinaciones relacionadas con la personalidad no son controvertibles en amparo indirecto; de ahí que sea posible analizar el planteamiento que propone el quejoso sobre este tema, ya que en principio, el juicio de amparo es improcedente, al no ser un acto de imposible reparación. 85. Consecuentemente, ante lo infundado e inatendible de los conceptos de violación, y al no advertirse queja deficiente que suplir, lo procedente es negar la protección constitucional a *****, contra el acto reclamado a la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, consistente en la resolución de quince de agosto de dos mil veintidós. 86. Por lo expuesto y fundado y con apoyo en los artículos 76, 77, 78, y demás relativos a la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión No Ampara ni Protege a *******, contra el acto reclamado a la Jueza Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, consistente en la resolución de quince de agosto de dos mil veintidós, a través de la cual se resolvió el recurso de revocación en contra del auto que desechó el incidente de nulidad de actuaciones que interpuso en el juicio ejecutivo mercantil, a fin de que declarara nulo el diligencia en la que se ejecutó el auto de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, por las razones expuestas en considerando octavo de la sentencia. NOTIFÍQUESE
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