Aaron Ivan Villalobos Zapata

Expediente 371/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
371/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
01/06/2021

Partes del expediente

  • Aaron Ivan Villalobos Zapata

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VIII.- CAUSA ESTADO. Visto la certificación de cuenta y como de la misma se desprende, que la parte a quien pudiera causarle perjuicio el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo, no interpuso el recurso de queja; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO en sus términos dicha resolución. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y archívese este asunto como totalmente concluido. ACUERDO DE DESTRUCCIÓN. Por lo anterior, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción, una vez cumplidos tres años de haberse dictado este acuerdo de archivo, al ser un juicio de amparo que se desechó la demanda de amparo en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes. ANOTACIONES. De igual forma, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo en comento. PUBLICACIÓN DE DATOS. Asimismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la determinación dictada en el presente juicio. Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    ***MESA VIII.- Mérida, Yucatán, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, contra actos del Secretario de Seguridad Pública del Estado. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo indirecto promovida por la quejosa en contra del acto que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE la demanda de amparo indirecto de mérito, por los motivos que a continuación se exponen. De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala esencialmente como acto reclamado lo siguiente: La boleta de infracción número 666553 impuesta al quejoso el once de febrero de dos mil veintiuno, por el agente y/o Policía de la Secretario de Seguridad Pública del Estado. A consideración del suscrito, en el caso en particular se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por los motivos que a continuación se exponen. El invocado ordinal establece: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operara la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)." Por su parte, la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, en sus artículos 2 y 4 establecen lo siguiente: "Artículo 2. Objeto del tribunal El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán es un organismo constitucional autónomo, máxima autoridad en materia contencioso administrativa, fiscal y de responsabilidades administrativas, dotado de plena jurisdicción, autonomía e independencia para dictar sus resoluciones e imperio para hacerlas cumplir, que tiene por objeto conocer, resolver y dirimir las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública centralizada y paraestatal del estado y sus municipios, y los particulares; así como respecto de las faltas administrativas graves que correspondan a los servidores públicos y a particulares relacionados con hechos de corrupción que constituyan faltas administrativas graves, en términos de la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas." "Artículo 4. Competencia El tribunal tendrá competencia para conocer y resolver lo siguiente: I.- Las controversias de carácter administrativo y fiscal que se susciten entre la Administración Pública y los particulares. II.- Los juicios que se promuevan en contra de los actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado, de los ayuntamientos y de los definitivos de sus jueces, así como los de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, tanto estatales como municipales. III.- Los juicios que se promuevan en contra de los actos de naturaleza fiscal que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del estado y de los municipios. IV.- Los juicios contra resoluciones dictadas por las autoridades administrativas o fiscales del Poder Ejecutivo del estado y de los municipios en los recursos ordinarios establecidos por las leyes y reglamentos respectivos. V.- Los juicios de impugnación contra las resoluciones de responsabilidad por faltas administrativas no graves sancionadoras dirigidas a servidores públicos del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria, los fideicomisos públicos y los organismos constitucionales autónomos, en los términos de la ley en la materia. VI.- Los juicios que se promuevan en contra de las resoluciones negativas fictas en materia administrativa y fiscal, que se configuren por el silencio de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos públicos descentralizados, las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, para dar respuesta a la instancia de un particular en el plazo que la ley fija. VII.- El recurso de reclamación, en términos de su reglamento interior, en contra de los autos de admisión o desechamiento de la demanda ante el tribunal o de su ampliación y del auto que admita o deseche la contestación o su ampliación, así como del que admita o rechace pruebas. VIII.- Los juicios que promueva la Administración Pública estatal o municipal, o sus autoridades, para que sean modificadas las resoluciones administrativas o fiscales favorables a un particular, provenientes de autoridades diferentes a este tribunal, en términos del reglamento respectivo. IX.- La imposición, en los términos que disponga la ley, de las sanciones a los servidores públicos por responsabilidades administrativas graves, con excepción de los servidores públicos del Poder Judicial, y a los particulares que participen en actos vinculados con faltas administrativas graves, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública estatal o municipal o al patrimonio de los entes públicos estatales o municipales. X.- El recurso de apelación, revisión y reclamación, y demás medios de inconformidad de su competencia, de los que conocerá en términos de la normativa que los establece, en los de esta ley y el reglamento interior del tribunal. XI.- Los medios de impugnación que establezca la ley que organiza y reglamenta el funcionamiento de los ayuntamientos, en caso de que los municipios no cuenten con tribunales de lo contencioso administrativo propios en términos del artículo 81 de la Constitución Política del Estado de Yucatán. XII.- La impugnación de multas derivadas de procesos de ejecución de medidas de apremio según lo establecido en el artículo 95 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. XIII.- La impugnación de las resoluciones, en términos del artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Yucatán. XIV.- Las suspensiones del acto impugnado, por cuerda separada a cargo del magistrado presidente, en términos de esta ley, de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán y demás normativa aplicable. XV.- El incumplimiento de las sentencias del tribunal, conforme a lo que establezca el reglamento interior y demás normativa aplicable. XVI.- Los juicios que se promuevan contra los decretos y acuerdos de carácter general a nivel local, dictados por la Administración Pública, diversos a los reglamentos, cuando sean autoaplicativos o cuando el interesado los controvierta con motivo de su primer acto de aplicación. XVII.- Los demás juicios o procedimientos que se promuevan en contra de los actos o resoluciones definitivas impuestas con base en la normativa en materia de responsabilidades de servidores públicos, así como aquellas que las leyes consideren como competencia del tribunal. Las sentencias del tribunal serán definitivas e inatacables a excepción de aquellas sobre las que sea procedente el recurso de apelación o de revisión en términos de los artículos 216 y 221 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en todo caso deberán acatarse en sus propios términos y contarán con fuerza ejecutiva para lograr su cumplimiento. Para efectos de resolución de los recursos de revisión y apelación previstos en la legislación aplicable en materia de responsabilidades administrativas, el pleno del tribunal se integrará con los magistrados titulares, con excepción de aquel que haya fungido como magistrado ponente, quien será suplido, en términos del artículo 29 de esta ley. Esta instancia constituye un (sic) nueva oportunidad de reflexión, análisis y valoración para los magistrados del tribunal, por lo que, para garantizar que sea un medio de defensa eficaz y el acceso a un recurso efectivo, gozarán de absoluta libertad para emitir sus opiniones personales y votos particulares o razonados sin que por ello puedan ser reconvenidos o incurran en responsabilidad." Asimismo, los artículos 1°, 16, 23, 24, 25, 26 de la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, establecen: "ARTÍCULO 1. Los juicios que se promuevan ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa se substanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que señala esta Ley. A falta de disposición expresa y en cuanto no se oponga a lo que prescribe este ordenamiento, se estará a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles del Estado. Los juicios por responsabilidad administrativa se substanciarán conforme a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios. Para los efectos de esta ley se entenderá por Tribunal al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán y por Magistrado al Magistrado que se encuentre en función de ponente para la sustanciación de cada asunto en concreto." "ARTÍCULO 16. El Tribunal admitirá la demanda tan luego le sea presentada, desechándola en los casos siguientes: I.- Si encontrare motivo manifiesto o indudable de improcedencia. II.- Siendo oscura o irregular, cuando habiendo prevenido al actor para subsanarla, no lo hiciere en el plazo de cinco días. Contra los actos de desechamiento a que se refiere este artículo, procede el recurso de reclamación." "ARTÍCULO 23. La suspensión de los actos impugnados, deberá acordarse por el Magistrado en el mismo auto en que admita la demanda haciéndolo saber, sin demora, a la autoridad demandada, para su cumplimiento." "ARTÍCULO 24. La suspensión podrá solicitarla el actor en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria y tendrá por efecto mantener las cosas en el estado en que se encuentren, en tanto se pronuncie sentencia. No se otorgará la suspensión si se sigue perjuicio a un evidente interés social o si se contravienen disposiciones de orden público. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios únicamente cuando se trate de actos privativos de libertad decretados al particular por la autoridad administrativa, o bien cuando a juicio del Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al propio particular. Cuando los actos materia de impugnación hubieren sido ejecutados y afecten a los particulares de escasos recursos económicos, impidiendo el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia y, entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, el Tribunal podrá dictar las medidas que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del quejoso, siempre que no se lesionen derechos de terceros. La suspensión estará vigente durante la tramitación del procedimiento contencioso administrativo; no obstante podrá ser revocada por el Tribunal, en cualquier momento del juicio, si varían las condiciones en las cuales se otorgó." "ARTÍCULO 25. Cuando a juicio del Magistrado fuere necesario garantizar los intereses del fisco, la suspensión del acto reclamado se concederá previo aseguramiento de los mismos, en cualquiera de las formas que se establecen en las disposiciones fiscales relativas, a menos que la garantía se hubiese constituido de antemano ante la autoridad demandada. Tratándose de multas, impuestos, derechos o cualquier otro crédito fiscal, el Magistrado discrecionalmente podrá conceder la suspensión sin necesidad de que se garantice su importe." "ARTÍCULO 26. En los casos en que proceda la suspensión, pero pueda ocasionar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el actor otorga garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con ella se causaren, si no obtiene sentencia favorable en el juicio. Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos de terceros no estimables en dinero, el Magistrado que conozca del asunto fijará discrecionalmente el importe de la garantía." Ahora bien, de la recta interpretación de los preceptos invocados en párrafos precedentes, del acto reclamado y antecedentes del mismo, se colige que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Yucatán, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio contencioso administrativo respecto de actos administrativos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades pertenecientes al Poder Ejecutivo del Estado. Así también, es pertinente indicar que por acto administrativo debe entenderse como el acto jurídico unilateral que declara la voluntad de un órgano del Estado o del Municipio en ejercicio de la potestad administrativa y crea situaciones jurídicas conducentes a satisfacer las necesidades de la colectividad; es decir, crea, reconoce, modifica, transmite, declara o extingue derechos u obligaciones, es generalmente ejecutivo y se propone satisfacer el interés general. Conforme a las precisiones anteriores, el suscrito estima que la presente demanda de amparo es improcedente, porque cuando la ley concede a las partes, recursos o medios de defensa legal, como en el presente caso, a fin de que el acto administrativo dictado, ordenado, ejecutado o que se trate de ejecutar por las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, en agravio de personas físicas o morales, se modifique, revoque o nulifique, antes de acudir al juicio de amparo, se deben agotar tales recursos o medios de defensa legal. Lo anterior es así, en virtud de que en contra del acto reclamado por el quejoso, procede un medio de defensa legal por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado, el cual lo constituye el juicio contencioso administrativo que establece la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado de Yucatán, al ser la autoridad que lo emitió (Secretaria de Seguridad Pública), una autoridad perteneciente al Poder Ejecutivo del Estado de Yucatán. Además debe señalarse que el medio ordinario de defensa antes referido exige los mismos requisitos para conceder la suspensión del acto reclamado que la Ley de Amparo señala en sus artículos 128, 129, 132 y 135, si se toma en cuenta que de conformidad con lo dispuesto en los preceptos 16, 23, 24, 25 y 26 de la referida Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado, procede la suspensión del acto, la que se acordará de manera inmediata a la presentación del escrito de demanda, siempre que la solicite el promovente del juicio y que no se cause perjuicio al interés social o se contravengan disposiciones de orden público, requisitos que son los que también establecen los cuatro preceptos citados de la Ley de Amparo. En estas condiciones, es claro que la suspensión de los actos que reclama el quejoso, de convenir a sus intereses, la puede solicitar al promover el juicio contencioso administrativo correspondiente. Por tanto, al ser el acto reclamado por la parte quejosa, un acto administrativo que se emitió y pretende ejecutar en agravio del promovente, el cual debe impugnarse mediante el juicio contencioso administrativo, antes de acudir a este juicio de amparo, para lograr su modificación, revocación o nulidad, cuya ejecución puede suspenderse, sin que la Ley de lo Contencioso Administrativo del Estado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo; hace que la presente demanda de amparo sea improcedente, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, porque el quejoso no agotó tal medio de defensa legal, antes de instar el presente juicio de amparo, es decir, no agotó el principio de definitividad. Por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 576, del Tomo XVII, Enero de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 185065, que es del tenor siguiente: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL JUICIO CORRESPONDIENTE DEBE AGOTARSE, PREVIAMENTE AL AMPARO, AL NO PREVER LA LEY DEL ACTO MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDER LA SUSPENSIÓN QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY QUE RIGE EL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías en materia administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agota, previamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la ley del acto, por aplicación del principio de definitividad, excepto cuando esta ley exija mayores requisitos que los que señala la Ley de Amparo para conceder la suspensión; en ese sentido, si el artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación no exige mayores requisitos para conceder la suspensión contra resoluciones administrativas impugnables ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que los que establece la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, debe concluirse que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra esa clase de resoluciones cuando no se ha agotado, previamente, el juicio de nulidad". De igual manera apoyo a lo anteriormente considerado la tesis sostenida por el entonces Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, Abril de 1991, en la página 152, con número de registro 223170, cuyo rubro y texto señalan: "AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS DEPENDIENTES DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN, AMPARO IMPROCEDENTE CONTRA SUS ACTOS POR NO SER DEFINITIVOS. En contra de los actos emanados de las autoridades dependientes del gobierno del estado de Yucatán, municipales y sus organismos descentralizados, procede el medio ordinario de impugnación previsto por los artículos 1o., 4o., 7o., 11, fracción I, 58,59 y demás relativos de la ley de lo contencioso en la entidad, con cuya promoción es posible obtener la suspensión de los efectos de esos actos conforme a los numerales del 23 al 28 del propio ordenamiento, consecuentemente, resulta improcedente la instancia constitucional que se promueva en contra de dichos actos, conforme a la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo, por no haberse acatado el principio de definitividad que rige el juicio de garantías." Máxime que en el caso no se actualiza ninguno de los supuestos de excepción a que alude la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues de la copia del acto reclamado exhibida por el quejoso se advierte que éste no carece de fundamentación, pues en el mismo se citan diversos artículos de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán, del Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Yucatán y de la Ley de Actos y Procedimientos Administrativos del Estado de Yucatán. Tampoco aparece de la lectura integral de la demanda que el quejoso solamente haya alegado violaciones directas a la Constitución; y mucho menos se demostró que el juicio contencioso administrativo al que se ha hecho referencia se encuentra previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. En estas condiciones al surtirse de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos 61, fracción XX, relacionados con los artículos 112 y 113 de la propia Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de mérito. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa designando la vía electrónica para las notificaciones del presente asunto. Consulta de expediente electrónico. Respecto de la solicitud de la quejosa que se dé acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, hágase de su conocimiento que por cuanto el usuario que proporcionó "VILLALOBOSZ" a nombre de Aarón Iván Villalobos Zapata, se encuentra inscrito en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y con ello, sus firmas electrónicas reconocidas por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, con fundamento en la sección tercera del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a Aarón Iván Villalobos Zapata, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, y consultarlo con el usuario, "VILLALOBOSZ"; o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. En tal virtud, hágase lo anterior del conocimiento del Oficial Administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice el registro correspondiente del usuario. Exhortación a las partes De conformidad con el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el inicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-COV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19); se exhorta a las partes: 1. A que obtengan su firma electrónica FIREL; se registren como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; soliciten a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realicen todas sus promociones por esa vía. Medios electrónicos Por otra parte, tomando en consideración que a partir de la expedición de la Ley de Amparo vigente, el legislador incluyó en el trámite del juicio de garantías, la utilización de los avances de la ciencia, es decir, que el trámite del juicio de amparo podrá hacerse vía electrónica, lo que denota la apertura a las innovaciones tecnológicas, aunado a que las partes y sus autorizados tienen derecho a que se les expidan las copias que soliciten, y en aras de una administración pronta y expedita de la justicia en términos del artículo 17 constitucional, este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que la parte quejosa en el presente juicio, obtenga la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. Apoya a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta9. Transparencia Hágase saber a las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCIÓN". Expediente electrónico Conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena integrar cronológicamente el expediente electrónico, con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en este expediente. Notifíquese.

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