Aaron Ismael Estrella Oblea
Expediente 537/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 537/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/07/2021
Partes del expediente
- Aaron Ismael Estrella Oblea
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de julio de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por *****, sin que el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. .... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de julio de dos mil veintiuno. De conformidad con lo previsto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, glósese a los autos el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso -----, desahoga la prevención formulada el veintitrés de junio del año en curso; por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento de que fue objeto y se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. De la lectura de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la notificación de veintiséis de agosto de dos mil veinte, practicada por el actuario del Juez Tercero de lo Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el incidente de pensiones, derivado del expediente 933/2012. DESECHAMIENTO Ahora, del artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se advierte la facultad del juez para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo la tesis I.1o.A. J/4 de la Novena Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII (mayo de 1998), página 890, de rubro y texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En la especie, respecto al citado acto reclamado se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo (.)" La fracción transcrita pone de manifiesto la improcedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones judiciales respecto de las cuales conceda la ley algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser revocadas o modificadas, que deben ser satisfechos antes de la promoción del juicio de amparo, deviniendo éste improcedente y precisamente dicha hipótesis se actualiza en el presente asunto. De lo anterior se advierte que para que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, es necesario que concurran las siguientes hipótesis: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa surja dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada, y; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser revocada o modificada. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que informa, la jurisprudencia I.6o.C. J/37m, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, con registro 187016, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia(s): Común, página 902, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De lo expuesto se advierte que el acto que por esta vía se combate fue dictado en un juicio de controversia familiar el que, para que sea procedente el juicio de amparo, debe afectar derechos sustantivos y, además, no debe existir algún medio de defensa ordinario por el que pueda ser modificado, nulificado o revocado, o de existir, debe actualizarse una excepción al principio de definitividad. Es decir, deben observarse ambos principios que rigen al juicio de amparo, por lo que en caso de que no se surta uno de ellos, no será procedente el medio de defensa extraordinario. De esa manera, en contra de la notificación de veintiséis de agosto de dos mil veinte, practicada por el actuario del Juez Tercero de lo Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el incidente de pensiones, derivado del expediente -----, procede un medio ordinario de defensa con el que se puede obtener su insubsistencia. En efecto, se estima que contra el referido acto señalado en párrafo que antecede, procede el incidente de nulidad de actuaciones previsto en los artículos 1.113 a 1.115, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, que dicen: "Artículo 1.113. Las actuaciones serán nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades establecidas por la ley, y que por esta falta quedare sin defensa cualquiera de las partes, así como en los demás casos que este Código determine; pero no podrá ser invocada por quien dio lugar a ella. Artículo 1.114. La nulidad deberá ser reclamada en incidente, dentro del plazo de tres días a partir de que el interesado tenga conocimiento del vicio o nulidad. Se entiende que una parte tiene conocimiento del vicio o nulidad de las actuaciones judiciales, cuando después de ellas hace alguna promoción o concurre a alguna diligencia o actuación subsecuente. De no promoverse el incidente en el plazo señalado o cuando se satisfaga la finalidad procesal del acto o actuación, quedarán revalidados de pleno derecho y el incidente se desechará de plano. Artículo 1.115. La nulidad de una actuación no implicará la de las demás que sean independientes de ella.". Del análisis a los ordenamientos en cita, el suscrito arriba a la conclusión de que en la especie concurren los requisitos exigidos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, pues la notificación impugnada se atribuye al Juez Tercero de lo Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, realizada en el expediente ----- de su índice, con lo cual se cumple con el primero de los requisitos antes relacionados. El segundo de los requisitos también se presenta en el caso a estudio, si se toma en consideración el contenido de los artículos 1.113 y 1.114 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, de los que se advierte la procedencia de un medio de defensa que pueden hacer valer las partes en el procedimiento, como lo es el incidente de nulidad de actuaciones. En este orden de ideas, si el ordenamiento citado señala expresamente en el numeral precisado en el párrafo anterior, la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones, para combatir la notificación aludida, resulta inconcuso la procedencia de ese medio de defensa por virtud del cual puede ser nulificado el acto reclamado. La tercera de las hipótesis relacionadas también se actualiza, en virtud de que la notificación de la resolución que combate, puede ser modificada, revocada o nulificada, a través del incidente de nulidad de actuaciones, pues dada su naturaleza tiene como finalidad, que el juez natural nulifique la actuación que hubiere dejado en estado de indefensión a una de las partes y las derivadas directamente de esa actuación. En ese sentido, cabe precisar que la nulidad de lo actuado tiene como finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Sin embargo, lo anterior no implica que la nulidad de lo actuado sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en su proceder, es factible la sustanciación del incidente relativo. Por lo anterior, es inconcuso que para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de lo actuado, contra las pronunciadas después de dictada sentencia. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 26/2005, de la novena época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXI, abril de dos mil cinco, página cuatrocientos treinta, que a la letra dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. La nulidad de actuaciones, tiene por finalidad que los actos judiciales puedan ser revisados y, en su caso, modificados o revocados, por existir en ellos un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto. Por regla general, la referida nulidad se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, en la instancia procesal en que cometa la violación en cuestión, en tanto que el juzgador no está facultado para revocar sus propias determinaciones. Lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe, y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede sustanciarse el incidente relativo. En tal virtud, para efectos del juicio de amparo, debe agotarse el incidente de nulidad de actuaciones, contra las pronunciadas después de dictada sentencia, pues de no hacerlo se surtirá la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción XIII, párrafo primero, de la Ley de Amparo." Por tanto, el acto de molestia que se analiza en este apartado, puede ser impugnado mediante incidente de nulidad de actuaciones, previsto en la ley mencionada, lo cual se traduce en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, resulta inconcuso que en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada. Sirve de apoyo por analogía la jurisprudencia I.6º.C.J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de dos mil dos, novena época, página novecientos dos, que establece: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." No obsta lo anterior, el hecho de que en la controversia de origen se relacione con menor, puesto que el principio de definitividad invocado no genera una excepción, porque éste se refiere al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos reclamados; por ello, el interés superior de los infantes no exime de acreditar los requisitos de procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 1a./J. 113/2013 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2005039, Décima Época, Materia, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 1, (Diciembre de 2013), Tomo I, página 350, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo". No se inadvierte el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 77/2013 (10a) publicada en el Semanario Judicial de la Federación, página 990, del, cuyo rubro dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO." Sin embargo, se estima que no resulta aplicable, porque en la ejecutoria emitida al resolver la contradicción de tesis 139/2013, que es de donde emanó ese lineamiento, el Máximo Tribunal del País, estableció que tomando en cuenta que el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes que se hayan cometido en el acto o resolución combatida. En la misma ejecutoria, el Máximo Tribunal determinó que en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del artículo 73, fracción XIII, de la ley de Amparo, es posible dejar de observar la regla de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que está involucrado un menor de edad (desde la perspectiva de su interés superior), cuando el recurso ordinario que deba ser agotado no admita suspensión y, por ende, no sea adecuado y eficaz, y se alegue un riesgo para el menor de edad, para el caso de ejecutarse la resolución impugnada. Conviene precisar que algunos de los criterios citados fueron emitidos de conformidad con la Ley de Amparo (abrogada); empero, al caso resultan aplicables pues no se oponen con lo previsto en la ley de la materia vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, de acuerdo con su transitorio sexto. En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo que establece el numeral 113 del cuerpo de leyes en cita, se desecha la demanda de que se trata por lo motivos antes expuestos. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese y personalmente a la quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta de junio de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón de imposibilidad de veintiocho de junio de dos mil veintiuno, por medio de la cual la Actuaria Judicial adscrita, señala que no fue posible notificar el proveído de veintitrés del mismo mes y año, al quejoso ------, por los motivos que asentó. Atento a lo anterior, con fundamento en el ordinal 27, fracción III, inciso a), se ordena la notificación de la parte quejosa por lista, del auto en comento y de los subsecuentes, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. en cumplimiento a lo ordenado en auto de treinta de junio de dos mil veintiuno se notifica por lista a la parte quejosa -----el acuerdo de veintitres de junio de dos mil veintiuno que dice: Toluca, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por -----, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México y otras autoridades, regístrese bajo el número 537/2021-II. Prevención. En diverso orden, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 108 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracciones I y V y 114, fracciones I, y IV, de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo que declaran con falsedad para tener una ventaja indebida, realice lo siguiente. 1. Aclare el acto reclamado, ya que de la forma en que se encuentran redactados los antecedentes no se advierte, qué es lo que reclama, pues en la demanda refiere que no fue oído y vencido en el procedimiento, ostentándose como tercero extraño por equiparación; sin embargo, solamente aduce que reclama la nulidad de notificación de la sentencia emitida en el incidente de pensiones vencidas; por tanto, deberá precisar si lo que reclama la falta de llamamiento al incidente de pensiones vencidas y como consecuencia todo lo actuado en el incidente, incluyendo la sentencia ahí dictada o únicamente la indebida notificación que aduce se practicó de la referida sentencia. Al respecto, resulta aplicable a lo anterior la tesis publicada con el número XX.57 K, en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". Lo anterior, a fin de que este órgano de control de constitucionalidad pueda estar en aptitud de delimitar la litis constitucional planteada, así como verificar la procedencia del juicio de amparo, con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo concedido y en los términos efectuados, se procederá conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de mérito. En el entendido, que deberá exhibir siete copias del escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, considerando que se requieren, una para cada autoridad señalada como responsable, una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dos para integrar el incidente de suspensión y una más para emplazar al tercero interesado. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ----,-----Y-----. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para establecer contacto respectivo, en caso de que este Juzgado estime necesario localizarlas por alguno de los citados medios de comunicación. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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Toluca, Estado de México, veintitrés de junio de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por -----, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México y otras autoridades, regístrese bajo el número 537/2021-II. Prevención. En diverso orden, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37, 108 y 114 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda, y si de dicho análisis advierte que hubiere alguna irregularidad, mandará prevenir al promovente para que cumpla los requisitos omitidos, expresando en el auto relativo las irregularidades o deficiencias que deban complementarse, para que éste pueda subsanarlas en tiempo. En esas condiciones, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracciones I y V y 114, fracciones I, y IV, de la Ley de Amparo, se considera pertinente requerir al quejoso para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad y entendido de la responsabilidad en que incurren las partes en el juicio de amparo que declaran con falsedad para tener una ventaja indebida, realice lo siguiente. 1. Aclare el acto reclamado, ya que de la forma en que se encuentran redactados los antecedentes no se advierte, qué es lo que reclama, pues en la demanda refiere que no fue oído y vencido en el procedimiento, ostentándose como tercero extraño por equiparación; sin embargo, solamente aduce que reclama la nulidad de notificación de la sentencia emitida en el incidente de pensiones vencidas; por tanto, deberá precisar si lo que reclama la falta de llamamiento al incidente de pensiones vencidas y como consecuencia todo lo actuado en el incidente, incluyendo la sentencia ahí dictada o únicamente la indebida notificación que aduce se practicó de la referida sentencia. Al respecto, resulta aplicable a lo anterior la tesis publicada con el número XX.57 K, en la página 871, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 1996, Tomo III, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. SI ES OSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". Lo anterior, a fin de que este órgano de control de constitucionalidad pueda estar en aptitud de delimitar la litis constitucional planteada, así como verificar la procedencia del juicio de amparo, con el apercibimiento que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior, en el plazo concedido y en los términos efectuados, se procederá conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley en cita, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de mérito. En el entendido, que deberá exhibir siete copias del escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, considerando que se requieren, una para cada autoridad señalada como responsable, una para el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dos para integrar el incidente de suspensión y una más para emplazar al tercero interesado. Domicilio y autorizados. De conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ----,-----Y-----. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para establecer contacto respectivo, en caso de que este Juzgado estime necesario localizarlas por alguno de los citados medios de comunicación. Notifíquese y personalmente al quejoso.
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