Aaron Herrera García
Expediente 2516/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 14 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2516/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 19/03/2019
Partes del expediente
- Aaron Herrera García
- Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores Al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de siete de marzo del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya desahogado dicho auto; por tanto, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado contra las partes, en el citado acuerdo de siete de marzo de la presente anualidad; en consecuencia, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de trece de marzo de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó en el presente asunto; y por otra parte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional, para los siguientes efectos: ". En las anotadas condiciones de las que se pone de manifiesto lo fundado de los conceptos de violación, se impone conceder la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes: Que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, de manera inmediata, resuelva sobre la petición de solicitud de pensión formulada por el quejoso, es decir, integre el expediente relativo, lo turne para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resuelva por conducto de la Junta Directiva. En la inteligencia que de no encontrarse integrado, deberá requerir al quejoso para que exhiba la documentación que corresponda, siempre que no se trate de información que deba o pueda recabar oficiosamente el Instituto responsable. Además, para el caso ser favorable su solicitud, deberá notificar el dictamen conducente, y entregarle la Patente original, que prevé la legislación de la materia -por conducto del Departamento de Pensiones y Jubilaciones-. ." (fojas 71 y 72). Inconforme con dicha determinación, el Coordinador de Departamento de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), interpuso recurso de revisión el que por turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien mediante testimonio de ejecutoria pronunciada el cinco de diciembre de la pasada anualidad, dentro del Amparo en Revisión 215/2018, resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Aarón Herrera García, en contra del acto y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, en los términos apuntados en la sentencia recurrida". (fojas 206 a 234). Mediante proveído de trece de diciembre de dos mil dieciocho, este juzgado federal requirió el cumplimiento a las autoridades señaladas como responsables (fojas 235 a 237). Al respecto, mediante oficio recibido el seis de marzo del año que transcurre y acordado el siete siguiente, el oficio signado por el Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), en representación del Director General de dicho instituto, remitió copia certificada del oficio DG/155/2018, de veinticinco de febrero del año en curso (foja 268), el que se encuentra dirigido al aquí quejoso HERRERA GARCÍA AARÓN, donde le comunica que fue aprobada por la Junta Directiva su solicitud de pensión por retiro por edad y tiempo de servicios mediante acuerdo 28/2019, el cual tuvo efectos a partir de la misma fecha, previo cumplimiento de los requisitos administrativos correspondientes, es decir, deberá exhibir ante aquélla institución la siguiente documentación: *Baja de su dependencia; *Constancia de servicios expedida por SEP Finanzas u otros organismos descentralizados según corresponda, actualizada la fecha de baja; *Último talón de gado; *Acta de Nacimiento; *RFC con Homoclave; y, *CURP (actualizada) (fojas 266 a 268). Asimismo, remitió la constancia de notificación correspondiente, realizada el uno de marzo de dos mil diecinueve (foja 268). Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se ha dado cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido que se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los autos de este juicio de garantías, de los que se aprecia que mediante proveído de siete de marzo del año en curso, se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera en relación con el cumplimiento que la autoridad responsable dio al fallo protector, sin que ninguna de las partes haya desahogado dicho auto; por tanto, se provee: Se hace efectivo el apercibimiento decretado contra las partes, en el citado acuerdo de siete de marzo de la presente anualidad; en consecuencia, este juzgado de distrito procede resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese contexto se tiene que por sentencia de trece de marzo de dos mil dieciocho, por una parte, se sobreseyó en el presente asunto; y por otra parte, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional, para los siguientes efectos: ". En las anotadas condiciones de las que se pone de manifiesto lo fundado de los conceptos de violación, se impone conceder la protección constitucional solicitada para los efectos siguientes: Que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, de manera inmediata, resuelva sobre la petición de solicitud de pensión formulada por el quejoso, es decir, integre el expediente relativo, lo turne para su valoración y elaboración del proyecto conducente y se resuelva por conducto de la Junta Directiva. En la inteligencia que de no encontrarse integrado, deberá requerir al quejoso para que exhiba la documentación que corresponda, siempre que no se trate de información que deba o pueda recabar oficiosamente el Instituto responsable. Además, para el caso ser favorable su solicitud, deberá notificar el dictamen conducente, y entregarle la Patente original, que prevé la legislación de la materia -por conducto del Departamento de Pensiones y Jubilaciones-. ." (fojas 71 y 72). Inconforme con dicha determinación, el Coordinador de Departamento de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), interpuso recurso de revisión el que por turno correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien mediante testimonio de ejecutoria pronunciada el cinco de diciembre de la pasada anualidad, dentro del Amparo en Revisión 215/2018, resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Aarón Herrera García, en contra del acto y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria, en los términos apuntados en la sentencia recurrida". (fojas 206 a 234). Mediante proveído de trece de diciembre de dos mil dieciocho, este juzgado federal requirió el cumplimiento a las autoridades señaladas como responsables (fojas 235 a 237). Al respecto, mediante oficio recibido el seis de marzo del año que transcurre y acordado el siete siguiente, el oficio signado por el Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), en representación del Director General de dicho instituto, remitió copia certificada del oficio DG/155/2018, de veinticinco de febrero del año en curso (foja 268), el que se encuentra dirigido al aquí quejoso HERRERA GARCÍA AARÓN, donde le comunica que fue aprobada por la Junta Directiva su solicitud de pensión por retiro por edad y tiempo de servicios mediante acuerdo 28/2019, el cual tuvo efectos a partir de la misma fecha, previo cumplimiento de los requisitos administrativos correspondientes, es decir, deberá exhibir ante aquélla institución la siguiente documentación: *Baja de su dependencia; *Constancia de servicios expedida por SEP Finanzas u otros organismos descentralizados según corresponda, actualizada la fecha de baja; *Último talón de gado; *Acta de Nacimiento; *RFC con Homoclave; y, *CURP (actualizada) (fojas 266 a 268). Asimismo, remitió la constancia de notificación correspondiente, realizada el uno de marzo de dos mil diecinueve (foja 268). Del examen de las documentales antes citadas, las que de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, tienen pleno valor probatorio, se desprende que se ha dado cumplimiento al fallo protector. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo SE TIENE POR CUMPLIDA LA SENTENCIA, y se ordena el ARCHIVO del presente asunto como totalmente concluido. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno respectivo, ingrésese esta información en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DEPURACIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el que se determinó amparar, en el entendido que se tramitó sin incidente de suspensión. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, catorce de febrero de dos mil diecinueve. Intégrese a los autos el oficio del Coordinador General de la Unidad de Asuntos Jurídicos, del Organismo Público Descentralizado denominado Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP), en representación del Director General de dicho Instituto, a través del cual informa que la solicitud de jubilación del quejoso, será sometida a consideración el 22 veintidós de febrero del año en curso (Primera Sesión Ordinaria de la Junta Directiva), donde se dictaminará la procedencia o no de la misma. Por otra parte, referente a la petición de la autoridad oficiante, hágase de su conocimiento que se le concede el término de cinco días hábiles más, el que comenzará a transcurrir a partir del 23 de febrero de dos mil diecinueve, a fin de que pueda estar en posibilidad dar cumplimiento al requerimiento de mérito. Con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Asimismo, se hace de su conocimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se ordenara remitir el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, siete de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente asunto y toda vez que hasta la data en que se actúa las autoridades responsables, no han dado debido cumplimiento al fallo protector, no obstante encontrarse debidamente notificadas para tal efecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al: INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA; DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA; SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y SOCIALES DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA; DEPARTAMENTO DE PENSIONES Y JUBILACIONES, DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA; y, JUNTA DIRECTIVA DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DEL ESTADO DE PUEBLA. Para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, den debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitida dentro de este asunto, debiendo remitir para tal efecto, las constancias que así lo acrediten. Con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tenga para tal efecto, se impondrá a cada una, multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Asimismo, se hace de su conocimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se ordenara remitir el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. NOTIFÍQUESE.
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