Aarón Garduño Rodríguez

Expediente 1091/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 6 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1091/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
05/04/2022

Partes del expediente

  • Aarón Garduño Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, cinco de abril de dos mil veintidós. Agréguese el oficio signado electrónicamente por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, a través del cual remite testimonio emitido en el conflicto competencial 18/2021 de su índice, cuyo punto resolutivo es: "PRIMERO. Existe el conflicto competencial. SEGUNDO. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto presentado por A.G.R., en representación de su menor hijo de iniciales J.A.G.Q., el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, por los razonamientos expuestos en el último considerando de esta ejecutoria". Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente cuadernillo como concluido. Finalmente, con fundamento en el artículo 21, inciso j) del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como, el diverso numeral 8.1.2., numeral 10, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, una vez que transcurran seis meses de archivado este asunto, es susceptible de destrucción, toda vez que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la incompetencia de este juzgado.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, tres de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, mediante el cual comunica que admitió el conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl y este órgano jurisdiccional, e informa que se admitió con el número 18/2021.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcoyotl, en el que transcribe el proveído mediante el cual el titular de ese órgano jurisdiccional determinó no aceptar la competencia declinada por este juzgado respecto al presente sumario. Atento a lo anterior, de la revisión de las constancias de autos del juicio de amparo referido, así como de los argumentos vertidos por la autoridad oficiante; con fundamento en el artículo 48 de la ley reglamentaria, este juzgador, conforme a lo expuesto en el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintiuno insiste en declinar la competencia a este juzgado; pues los argumentos vertidos para no aceptar la competencia no se comparten, por lo siguiente: Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 37 de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". El artículo Constitucional en comento, fue interpretado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia siguiente: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. LA TIENE EL DEL LUGAR DE EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el número VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere se interpondrá ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en él las pruebas que a su derecho importen, cuando el Juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el Juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo del amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el Juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquél haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos Jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el Juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el Juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiese dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36, de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo.". Conforme a tales preceptos, este órgano federal se declara legalmente incompetente por territorio, para conocer de la demanda de amparo, pues ésta se surte a favor del Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno. Lo anterior es así, ya que como se dijo el acto reclamado consistente en la negativa u omisión de garantizar el derecho a la salud al menor de identidad reservada ++., que se traduce en la negativa u omisión de aplicarle la vacuna contra el Covid-19, tendrá ejecución en el municipio de Chalco, Estado de México; ello en razón que del escrito de demanda se colige que el promovente manifestó bajo protesta de decir verdad que el directo agraviado radica en el municipio de Chalco, Estado de México (reverso de la foja 4 de demanda). Bajo esa guisa, resulta necesario precisar que en el conocimiento del amparo indirecto, las reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito por razón de territorio, las establece el artículo 37 de la Ley de Amparo. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. Atento a lo anterior, al no actualizarse alguna de las excepciones del artículo en cita, es legalmente competente para conocer del presente asunto un Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, resultando que el Juez competente para conocer de la presente demanda de amparo lo es el Juez de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, en turno, dado que como antes se dijo, la ejecución del acto que se combate tendrá ejecución en el lugar donde ejerce jurisdicción dicho juzgado de Distrito (aplicación de vacuna). En este tenor, este Juzgado Federal declara carecer de competencia legal por razón de territorio para conocer del presente asunto, en mérito de los razonamientos expuestos. De ahí que al estimarse que este juzgado no tiene competencia legal para resolver el presente juicio, acorde con lo anteriormente expuesto y con lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Amparo, se plantea el conflicto competencial, debiéndose remitir el juicio de amparo en cuestión al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en turno, a efecto que resuelva lo que en derecho corresponda. Comuníquese lo anterior al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, para los efectos legales conducentes.

  4. Principal

    Toluca, Estado de México, once de noviembre de dos mil veintiuno. Intégrese el escrito signado por la quejosa, mediante el cual interpone revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 81, fracción I y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto ese recurso; distribúyanse entre las partes el mismo y una vez integrado el expediente, remítase al Tribunal de Alzada. En ese orden, se instruye al Secretario para que dé seguimiento puntual a la integración de la revisión interpuesta. Asimismo, para que dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente constituido el expediente (glosadas las constancias de notificación a las partes de la resolución impugnada, distribuida la copia de los agravios y notificación del presente acuerdo) dé cuenta al Secretario en funciones Juez de Distrito para la remisión del recurso al tribunal de alzada. Se requiere al Secretario y oficial administrativo encargado del expediente para que previo a la remisión del oficio respectivo, verifiquen que las constancias remitidas van completas y debidamente certificadas. VISTA ADSCRIPCIÓN JUEZ DE DISTRITO Por otro lado, mediante oficio SEADS/1075/2021, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que en sesión celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, acordó la adscripción a este Juzgado Federal del Juez Alfonso Alexander López Moreno, quien a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, será Titular del mismo; por lo que, con fundamento en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese vista a las partes por el términos de tres días, conforme al artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, para los efectos legales procedentes. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 312, Novena Época, con número de registro 164217, del rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO."

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