Aarón García Flores
Expediente 734/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 734/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Aarón García Flores
Actuaciones
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de los que se aprecia que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación a la ley de la materia, en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo, se declara que la sentencia que SOBRESEYÓ el juicio de amparo, ha causado ejecutoria; hágase la anotación en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables para los efectos legales procedentes; y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, y toda vez que el presente juicio, carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo y Vigésimo Primero, supuestos II, del citado Acuerdo General, el presente expediente es susceptible de ser destruido. Remítase a la autoridad responsable copia autorizada de la sentencia de amparo dictada en el presente juicio.
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido, respecto del acto reclamado a la autoridad responsable señalada en el resultando primero, en términos de lo expresado en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Se tiene hecho del conocimiento de las partes que la información generada, obtenida, adquirida o en posesión de los sujetos obligados en el ámbito federal, es publica, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial, en términos del considerando quinto de esta sentencia.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad; con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido su informe justificado; con su contenido y constancias que envía en apoyo al mismo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. De igual forma, en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte la documental que exhibe, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. A fin de dar margen a que las partes tengan conocimiento del contenido del informe con justificación que rindió la autoridad responsable, con la anticipación de ocho días a que se refiere el numeral 117, párrafo segundo de la Ley de Amparo, la celebración de la audiencia señalada para este día se difiere, y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y SIETE MINUTOS DEL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la adscripción del suscrito Juez a este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de junio de dos mil diecinueve. Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Aaron García Flores, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo indirecto 734/2019-IV, fórmese expediente impreso y electrónico. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro efectuado a la demanda de amparo que nos ocupa, permite a este juzgado federal determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Luego, se tiene que el peticionario del amparo señala como autoridad responsable a la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, del que reclama lo siguiente: ".La inactividad procesal y la ilegal dilación en el procedimiento laboral en que se ha incurrido a la fecha en el expediente laboral número 924/2012, por parte de las mencionadas autoridades, mediante la cual se ha omitido dar celeridad al procedimiento laboral y por consecuencia a violación a la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, dentro de los términos que señala la ley Federal del Trabajo, y la Ley número 51, estatutos de los Trabajadores al Servicio del Estado de los Municipio y de los Organismo Públicos Coordinados y descentralizados del Estado de Guerrero, lo que motiva a que se retarde el procedimiento, lo cual resulta jurídicamente imposible, ya que la justicia debe ser pronta y expedita, toda vez que a pesar de que con fecha 25 de enero del año en curso, mi apoderado legal presento escrito de fecha 23 de enero del año en curso, la autoridad responsable no ha dictado el correspondiente acuerdo lo cual retarda su procedimiento de ejecución, por lo que se incurre en una violación de garantías, al suscrito, puesto que tal conducta, priva al gobernado del derecho que surge de una sentencia firme, pronunciada por una autoridad competente, lo cual resulta jurídicamente imposible, ya que la justicia debe ser pronta y expedita, lo cual resulta ilegal y violatorio de mis garantías individuales." Al respecto, se advierte que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, mismos que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". El precitado numeral 1°, de la ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 1º. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías, otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 5º: - Son parte en el juicio de amparo: (.) Fracción II.- La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta, o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omita el acto que de realizarse crearía, modifica o extinguiría dichas situaciones jurídicas". Como se puede ver, el artículo 61 en su fracción XXIII, dispone que además de las fracciones anteriores las causas de improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. El artículo 1º, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por leyes o actos emitidos por autoridad que vulneren los derechos subjetivos de los individuos. Y el artículo 5º, fracción II de la Ley de Amparo, establece quienes son los que tienen el carácter de autoridad responsable al señalar que son aquellas que dictan, ordenan, ejecutan, o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; omitan el acto que de realizarse crearía, modifica o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por tanto, como ya se dijo, se advierte que resulta improcedente la demanda de amparo, respecto de dicha autoridad responsable, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes. Conforme a los artículos transcritos con antelación, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales, y para efectos del juicio de amparo, es autoridad aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. Así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva; en ese aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad. En la especie, el acto atribuido a la Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, no puede ser considerado de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que no involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, puesto que se trata de un acto en el que, la aludida Secretaria sólo autorizó y dio fe, estos es, fungió como fedatario sin imperio ni facultad de decisión. De ahí, que lo reclamado a la mencionada Secretaria de Acuerdos no tiene la naturaleza de actos de autoridad, ya que el hecho de no acordar los escritos presentados por el ahora quejoso, no la convierte en responsable dado que no es quien dicta, ordena, ejecuta o pretenda ejecutar, y por lo mismo, el quejoso no puede alegar en esa instancia constitucional, que con dicha actuación (fe judicial) se vulnere sus garantías individuales. Tiene aplicación al caso por las razones que informa la tesis sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son el siguiente: "ACTO DE AUTORIDAD. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO ESTABLECER SI LA ACCIÓN U OMISIÓN DEL ÓRGANO DEL ESTADO REVISTE ESA NATURALEZA. La concepción del acto reclamado es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para ello, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos que consagran la procedencia del amparo, en primer lugar, contra leyes o actos de autoridad; así, conforme a la doctrina, el acto reclamado consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implica una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituye un acto concreto de efectos particulares (acto stricto sensu), imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. En este aspecto, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés son susceptibles de impugnarse en el juicio de garantías, sino únicamente los actos de autoridad; y no todos aquellos que el órgano del Estado realice tendrán esa naturaleza, puesto que dicho calificativo ineludiblemente involucra la actuación o abstención de un órgano estatal frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Consecuentemente, el juzgador, a fin de establecer si el acto reclamado tiene la naturaleza de acto de autoridad, debe ante todo constatar si éste afectó de manera unilateral la esfera jurídica de la parte quejosa y si se impuso contra y sobre la voluntad de ésta; adicionalmente, de acuerdo con su naturaleza, debe considerar si puede exigirse su cumplimiento, pues de no concurrir estas condiciones, el juicio de amparo resulta improcedente en contra de actos que no son de autoridad." Resulta aplicable a lo anterior, en lo conducente, la tesis VI.2º. J/95, visible a página 185, Tomo V, abril de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al rubro y texto dice: "SECRETARIO DE ACUERDOS DE UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. La función que jurídicamente realiza el secretario de Acuerdos no encuadra dentro de las previstas por el artículo 11 de la Ley de Amparo, pues encontrándose éste limitado a autorizar y dar fe de lo actuado por la Junta, sólo es un fedatario, sin imperio ni facultad decisoria, careciendo además de la potestad de ejecutar laudos o resoluciones, ya que esta función está reservada al presidente de la Junta, acorde con lo establecido por el artículo 940 de la Ley Federal del Trabajo, presidente que puede ser auxiliado en esa tarea por el actuario, según se desprende de lo dispuesto por los diversos 951, 953, 954, 955, 956 y 959 de la citada legislación laboral, sin que legalmente el secretario de Acuerdos pueda intervenir en esa ejecución. En consecuencia, con apoyo en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, en relación con el indicado artículo 11 del mismo ordenamiento legal, es improcedente el juicio de amparo enderezado en contra de actos de ese secretario". En esas condiciones es evidente que se actualiza la causal de improcedencia en estudio; por lo que con apoyo en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1º. Y 5º. Fracción II, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, por notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en el numeral 113 del ordenamiento legal en cita únicamente por cuanto a la autoridad responsable Secretaria de Acuerdos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. ADMISIÓN DE DEMANDA Por otra parte, por cuanto hace a la autoridad señalada como responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, y toda vez que a criterio de este órgano jurisdiccional de momento no se advierten causales de improcedencia que conduzcan al desechamiento del presente asunto, así como tampoco de incompetencia que impidan a este tribunal conocer del juicio; en esas circunstancias, con fundamento en los artículos 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda. Sin incidente de suspensión, por así haberlo manifestado el promovente del amparo ni se advierte que proceda de oficio en términos del artículo 125 de la ley mencionada. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Cítese a las partes para la audiencia constitucional, la cual se llevará a cabo a las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y UN MINUTOS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, de conformidad con lo establecido en el artículo 115 de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que en el plazo para celebrarla se incluyen sólo días hábiles, sin tomar en cuenta sábados y domingos y aquellos en los que no tienen lugar las actuaciones judiciales. Por otra parte, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la Ley de Amparo); se apercibe a la parte quejosa que si la autoridad responsable señalada no existe con la denominación que indica en su escrito de cuenta, sin mayor trámite se tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma, y en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contra o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente en la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de la celeridad procesal. INFORME JUSTIFICADO Con copia de la demanda pídase a la autoridad responsable su informe justificado, el cual de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia deberá rendir en el plazo de quince días hábiles posteriores al en que surta efectos la notificación que se haga de este proveído, en el entendido que se tendrá por rendido extemporáneamente aun cuando se rinda antes de la celebración de la audiencia constitucional pero después del citado plazo, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomó en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional, en la inteligencia que no serán admitidas copias al carbón o reproducciones de éstas, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para dictar sentencia en la que analice el fondo de la cuestión que le fue planteada, por lo que se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar, en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Asimismo, requiérase a la autoridad señalada como responsable para el efecto de que informe a este Juzgado de Distrito, si en el expediente del que emana el acto que reclama la parte quejosa, se han promovido diversos juicios de amparo, debiendo señalar el órgano u órganos de control constitucional que le haya tocado conocer del mismo y el número mediante el cual se haya radicado. Se apercibe a la autoridad responsable que en caso de que no rinda su informe justificado o lo haga sin remitir las constancias necesarias, legibles y completas para apoyarlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, con arreglo en el artículo 260 fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones (artículos 26, 41 y 123) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Al igual, se le hace saber que, si se omite manifestar si han cesado los efectos del acto reclamado o han ocurrido causas notorias de sobreseimiento, se le impondrá una multa de treinta unidades de medida y actualización en su valor vigente para el año actual, con fundamento en el artículo 251 de la Ley de Amparo, en relación con el decreto citado en el párrafo que antecede. PRUEBAS Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen anunciadas como pruebas las documentales que anexa a su escrito de cuenta, sin perjuicio de que sean tomadas en consideración en el momento procesal oportuno.
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