Aarón Galindo Rubio

Expediente 1233/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 81 actuaciones registradas, la última del 2 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1233/2021
Año
2021
Actuaciones
81
Última actuación
02/12/2022

Partes del expediente

  • Aarón Galindo Rubio
  • Aarón Galindo Rubio y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 81.

  1. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, dos de diciembre de dos mil veintidós. Visto el escrito del quejoso **********, por conducto de su apoderado **********, atendiendo a su contenido dado que el juicio en que se actúa, se trata de un asunto totalmente concluido, como lo solicita expresamente devuélvase la copia certificada del instrumento notarial que se adjuntó al escrito inicial de demanda con registro 13681; entréguese por conducto de persona autorizada para tal efecto, previa identificación oficial vigente con fotografía (INE) y copia simple de esta que al efecto presente, así como toma de razón que por su recibo se asiente en autos para constancia legal. Notifíquese mediante lista electrónica a la parte quejosa y vía electrónica a la tercero interesada **********, en representación de la menor de edad de iniciales V. G. A. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  2. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que por una parte se sobreseyó y por otra se concedió la protección constitucional. El original del incidente de suspensión es depurable de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo en virtud de que la medida cautelar solicitada por la parte quejosa por una parte fue negada y por otra fue concedida. El duplicado del incidente de suspensión es destruible con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a su destrucción conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Además de que este asunto no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo General. Por otra parte, dado que no existe razón jurídica para retener el billete de depósito ************ expedido por el Banco del Bienestar S. N. C., Institución de Banca de Desarrollo, bueno por la cantidad de $1000.00 (mil pesos 00/100 moneda nacional), déjese a disposición de la parte quejosa bajo el apercibimiento que de no recogerlo en el término de dos años contado a partir de su legal notificación, se hará efectivo a favor del Erario Federal en términos del artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Efectúense las anotaciones respectivas en el Libro de Control de Certificados de Depósito y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Hágase de su conocimiento que la entrega se realizará únicamente dentro del horario establecido a este órgano jurisdiccional, por lo que deberá agendar una cita en el micrositio de servicios jurisdiccionales y proceso de generación de citas para consulta de expedientes, el cual está disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Cita que deberá hacer del conocimiento del Secretario encargado de este expediente con cinco días hábiles de anticipación (al número telefónico 3311951484), para la preparación del acta de entrega recepción correspondiente, en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal del Consejo de la Judicatura Federal para resguardar la integridad y salud de quienes intervengan en esa diligencia, así como de la propia quejosa. Notifíquese mediante lista electrónica a la parte quejosa y vía electrónica a la tercero interesada ********************, en representación de la menor de edad de iniciales ******. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintiuno de septiembre del año en curso, en la que en su primer resolutivo sobreseyó este juicio y en el segundo negó el Amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho fallo, ha causado ejecutoria, lo anterior hágase del conocimiento de las partes. Realícense las anotaciones conducentes, glósense los respectivos cuadernos de suspensión. Finalmente, devuélvase al Fiscal de Procesos en Juzgados de Delitos No Graves (tomo I de pruebas), así como al Agente del Ministerio Público Investigador en la Unidad de Investigación C-7, sin detenido adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravios de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México (quince tomos de pruebas), las constancias que remitieron en apoyo a sus oficios con registros 314 y 10598; solicitándoles el acuse de recibo correspondiente. Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este acuerdo, a la omisa se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el ordinal 237, fracción I, de la legislación de amparo. Notifíquese mediante lista electrónica a la parte quejosa y vía electrónica a la tercero interesada **********, en representación de la menor de edad de iniciales V.G. A.. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    II. Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las ocho horas con cuarenta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1233/2021-II, promovido por **********, por conducto de su apoderado **********; Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. En este acto, doy cuenta con el oficio registrado bajo el número 13074, remitido por la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Unidad de Investigación A-2 sin detenido de la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niñas, Niños y Adolescentes, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado por auto de doce de septiembre de dos mil veintidós; manifiesta que las constancias que le fueron requeridas, fueron remitidas a este Juzgado de Distrito con fecha siete de diciembre de dos mil veintiuno. Acto seguido, el Juez acuerda: glósese a los autos la misiva de cuenta para que surta los efectos legales conducentes y atento al mismo, téngase por hechas las manifestaciones vertidas en la misiva de marras y en consecuencia, déjese sin efectos el apercibimiento decretado en contra de la autoridad aludida por auto de doce de septiembre de dos mil veintidós. Acto seguido, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, el secretario da cuenta al Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa, en su escrito de demanda y en su escrito proveído el diecinueve de agosto del año en curso, y las exhibidas por **********, en representación de la menos de iníciales ********** así como con las constancias remitidas por la Agente del Ministerio Público Investigador en la Unidad de Investigación C-7, sin detenido adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravios de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México, la Fiscal de Procesos en Juzgados de Delitos No Graves, por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, en funciones de Juez de Trámite, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce, y un disco en forma DVD remitido por la última de las mencionadas. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la citada probanza. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que **********, en representación de la menor de edad de iniciales V. G. A. y el quejoso ********** los formularon. Acto seguido, el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que se hicieron valer. Al no existir alegatos pendientes que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación, se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 1233/2021-II; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. **********, por conducto de su apoderado **********, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México y otras autoridades. SEGUNDO. En auto de tres de diciembre del dos mil veintiuno, previo requerimiento, se radicó la demanda de trato, se admitió a trámite; se solicitó su informe con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento alguno; y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. TERCERO. En proveído de veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado el diez de diciembre de ese año, a la parte quejosa, teniéndose por inexistente a la autoridad señalada como "Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México", en virtud de que no existe con esa denominación, ordenándose suspender toda comunicación con la misma. CUARTO. Por auto del once de enero del dos mil veintidós el quejoso se admitió a trámite la ampliación de demanda contra actos del Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de gestión Judicial Doce, Especializada en órdenes de Aprehensión y cateos, y se solicitó su informe con justificación. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, atendiendo a lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3**********, 37, 39 y 107 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el acto reclamado se ejecutó dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano de control constitucional. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó acuerdo con el contenido íntegro de la demanda de amparo, los informes con justificación y las constancias que lo sustentan, es el siguiente: Del Agente del Ministerio Público Investigador de la dependencia Investigadora: D, de la Unidad de Investigación: D-6 Sin Detenido, adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México: La orden de detención, retención y/o aprehensión dictada en contra del quejoso, dentro de la Carpeta de Investigación: ********** bajo el delito de: Contra el cumplimiento de la pensión alimenticia. Del Agente del Ministerio Público Investigador de la Dependencia Investigadora: D, de la Unidad de Investigación Sin Detenido A-2, adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México: La orden de detención, retención y/o aprehensión dictada en contra del quejoso, dentro de la Carpeta de Investigación: ********** bajo el delito de: Contra el cumplimiento de la pensión alimenticia. Del Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México y del Fiscal de Mandamientos Judiciales, adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Cuidad de México: La ejecución de las ordenes de detención, retención y/o aprehensión dictadas en contra del quejoso, dentro de las Carpetas de Investigación: ********** y CI-**********, ambas bajo el delito de: Contra el cumplimiento de la pensión alimenticia. Del Juez de Control del Sistema Procesal Penal del Sistema Procesal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce, Especializada en Ordenes de Aprehensión: La orden de detención, retención y/o aprehensión dictada en contra del quejoso. TERCERO. Se tienen como ciertos los actos reclamados al Agente del Ministerio Público Investigador de la Dependencia Investigadora: D, de la Unidad de Investigación Sin Detenido A-2, adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México, toda vez que si bien es cierto, en el oficio remitido por el Agente del Ministerio Público, Titular de la Unidad de Investigación "02" en la Agencia "A", en la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes de la Fiscalía de la Ciudad de México, manifestó su imposibilidad de rendirlo, por oficio número **********, ***********, en ausencia del Fiscal de Procesos en Juzgados de Delitos No Graves, remitió copia certificada de la carpeta de investigación **********. Por otra parte, el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce, manifestó como cierta la orden de aprehensión girada en contra del quejoso; de igual manera el Agente del Ministerio Público Investigador de la dependencia Investigadora: D, de la Unidad de Investigación: D-6 Sin Detenido, adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México y el Jefe General de la Policía de Investigación de la Ciudad de México adscrito a la Fiscalía General de Justicia de la Cuidad de México, manifestaron como ciertos los actos reclamados a cada uno, tal como se advierte de sus correspondientes informes justificados, lo que constituye una confesión expresa con plena eficacia, conforme lo dispuesto por los numerales ********** y 199 del enjuiciamiento civil federal, aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En relación con lo expresado se invoca la jurisprudencia 748 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que previene: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Lo anterior, se corrobora con las constancias que en apoyo a su informe con justificación, remitieron dichas responsables. Documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2º de este último ordenamiento. CUARTO. No son ciertos los actos reclamados a la Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el escrito de demanda, toda vez que al rendir su informe justificado, está negó categóricamente la existencia del acto que se le atribuye. De igual manera, no son ciertos los actos reclamados al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce, consistentes en la orden de detención, retención y la omisión de acordar las peticiones del quejoso correspondientes al procedimiento y su ejecución, toda vez que al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le atribuye. Ante ello y como la parte quejosa no desvirtuó dichas negativas con alguno de los medios de convicción autorizados por la ley, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de garantías, de conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, misma que a la letra dice: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional". Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia 310, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-199**********, cuyo rubro es el siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Efectivamente, del numeral invocado se evidencia la actualización de la causa de sobreseimiento cuando de las constancias de autos se advierta claramente que no exista el acto reclamado o cuando no se probare la existencia de su constitucionalidad. Aunado a lo anterior, una interpretación sistemática de los artículos 63, fracción IV, y 117 de la Ley de Amparo, indica que ni la presunción de certeza de los actos reclamados ni la afirmación de ésta por parte de las responsables son determinantes de su existencia, toda vez que lo contrario puede ser demostrado a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley o, incluso, advertido directamente por el juzgador de las constancias de autos; máxime que la jurisprudencia reconoce que la parte quejosa debe demostrar la existencia de los eventos violatorios de derechos constitucionales. No obstante, el quejoso no allegó a este juicio medios de prueba idóneos para acreditar la certeza de los actos que reclama. Tienen aplicación a lo anterior los criterios que señalan: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO."". "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Deviniendo en que al no haberse demostrado la existencia del acto reclamado en contra del quejoso, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, debe decretarse el SOBRESEIMIENTO en el presente juicio de garantías por lo que ve a la Fiscal de Mandamientos Judiciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a los actos enunciados que reclamó al Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Número Doce. QUINTO. El análisis de las causas de improcedencia del juicio de amparo constituye una cuestión de orden público y de estudio preferente, como lo disponen el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia número 814, visible a fojas **********, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-19**********, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Por otro lado, en opinión de quien esto juzga, tocante a la orden de detención, retención y/o aprehensión dictada en contra del quejoso, dentro de la Carpeta de Investigación: ********** bajo el delito de: Contra el cumplimiento de la pensión alimenticia, por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Dependencia Investigadora: D, de la Unidad de Investigación Sin Detenido A-2, adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México; se concreta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los actos reclamados. En efecto, la hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia a los quejosos. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, de las constancias que integran el sumario constitucional, se desprende que en proveído de doce de enero de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el oficio número **********, remitido por **********, en ausencia del Fiscal de Procesos en Juzgados de Delitos No Graves, por el cual hizo llegar a este Juzgado de Distrito, copia certificada de la carpeta de investigación **********. De lo hasta aquí expuesto, así como de las constancias que fueron reseñadas, las cuales se valoran en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al caso, se desprende con claridad que lo que procede es sobreseer en el juicio respecto del acto indicado, toda vez que se ha actualizado la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues al haberse impugnado la orden de detención, retención y/o aprehensión dictada en contra del quejoso, dentro de la Carpeta de Investigación: ********** bajo el delito de: Contra el cumplimiento de la pensión alimenticia, por el Agente del Ministerio Público Investigador de la Dependencia Investigadora: D, de la Unidad de Investigación Sin Detenido A-2, adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México, y de las constancias que fueron reseñadas aparece que la autoridad responsable con fecha once de noviembre de dos mil veintiuno, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de Procesos en Juzgados de Delitos No Graves, **********, determinó que al haberse decretado la extinción de la acción penal por acuerdo reparatorio de cuatro de febrero de dos mil veinte, se encuentra actualmente concluida la carpeta judicial número ********** relativa a la Carpeta de Investigación: ********** y resolvió remitir la citada carpeta a la Unidad Departamental del Archivo de Concentración e Histórico, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para su resguardo, en ese contexto, atendiendo a la eficacia demostrativa de las actuaciones remitidas por la autoridad responsable, el acto impugnado por esta vía, consiste en la orden de detención, retención y/o aprehensión dictada en contra del quejoso, dentro de la Carpeta de Investigación: ********** ha dejado de surtir efectos legales. En ese orden de ideas, como la responsable demostró haber dejado sin efectos los actos positivos de que se duele el querellante de derechos fundamentales, es evidente que han quedado destruidos los efectos del acto violatorio de garantías de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho esencial violado, de tal manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Consecuentemente, con apoyo en la fracción XXI del artículo 61 y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio, toda vez que al haberse dejado sin efectos las conductas de que se duele, cuya posible ejecución generó violación en su perjuicio a las garantías consagradas en los artículos 14, 16, 18,19, 20 y 21, de la Constitución General de la República, es evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, que era precisamente obtener de la autoridad de que se ha venido hablando el dejar sin efecto la orden de molestia emitida en contra del agraviado en la carpeta de origen. Al respecto se invoca la jurisprudencia 198 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que previene: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.-". También es útil en este tema la jurisprudencia que aparece publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, página 210, que es del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Igualmente resulta aplicable el criterio contenido en la tesis observable en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de 1997, página 71, cuyo rubro es: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." En el presente asunto las partes no hicieron valer diversa causa de improcedencia a la invocada, ni quien ahora resuelve advierte que se actualice alguna otra de oficio, por lo cual es procedente estudiar el fondo del asunto. SEXTO. El quejoso formuló los conceptos de violación contenidos en la demanda, cuya transcripción se estima innecesaria para su estudio, máxime que no existe disposición legal que obligue a actuar en ese sentido, lo cual no implica, en modo alguno, desatender los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de toda sentencia. Determinación que encuentra apoyo en la jurisprudencia número 2a./J. ********** 8/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, del Tomo XXXI, mayo de 2010, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". En ese contexto, se advierte que la parte quejosa sostuvo en sus conceptos de violación lo siguiente: Aduce que la autoridad responsable, al emitir la orden de aprehensión, violentó en su perjuicio lo establecido en el artículo 14 constitucional, ya que nadie puede ser privado de la libertad, sin que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. También, señaló que el acto reclamado trastocó en su perjuicio, lo estipulado en el ordinal 16 de la Constitución Federal, en el sentido que nadie puede ser molestado en su persona, sino mediante mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive su causa, además que, nunca fue debidamente notificado de alguna situación jurídica que se le atribuyera de manera personal. En principio, es pertinente destacar que opera a favor del quejoso la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, ya que tiene el carácter de imputado dentro expediente del que deriva el acto reclamado, proceder que permite salvaguardar sus derechos, ya que esta figura obliga al juez de amparo a analizar de oficio las posibles violaciones de derechos fundamentales. Así lo informa la tesis aislada 1a. CXCIX/2009, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Noviembre de 2009, página 41********** de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. PERMITE SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DEL INCULPADO CUYA DEFENSA SE HAYA REALIZADO EN FORMA DEFICIENTE O NULA". Asimismo, atendiendo a que en este asunto la víctima del delito es un menor de edad, este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a proteger de manera integral los derechos de los menores, atendiendo a su interés superior, en términos del artículo 1°, de la Constitución Federal; 3°, 16 y 36, de la Convención Sobre los Derechos del Niño, así como de los diversos 4, fracción XX, 6, 13, 82, 83 y 86, de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, incluso supliendo la queja con independencia del carácter con el que el menor tercero interesado interviene. Ilustra lo anterior la Jurisprudencia 1a./J. 191/20**********, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 200********** Tomo XXIII, Mayo de 2006 y su Gaceta, Materia Civil, página 167, que a la letra señala: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE". Ahora, previo a entrar al estudio del presente asunto, es importante destacar los antecedentes que originaron el acto reclamado, siendo los siguientes: 1. El veinte de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta judicial **********, tuvo verificativo la audiencia privada solicitada por la Agente del Ministerio Público Investigador en la Unidad de Investigación C-7, sin detenido adscrito a la Fiscalía de Investigación de delitos Cometidos en Agravio de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México, para solicitar orden de aprehensión en contra de **********. 2. Así, durante el desahogo de la diligencia, el Agente del Ministerio Público hizo uso de la voz y solicitó orden de aprehensión por el hecho que la ley señala como el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado; expuso los hechos, datos de prueba; así como la necesidad de cautela; ante lo cual, el Juez de Control procedió a librar orden de aprehensión contra el quejoso por el citado ilícito, previsto y sancionado en los numerales 193 párrafo primero, en relación con el 197 y 199; concatenado con los artículos **********, 17, fracción II, 18 párrafo primero y párrafo segundo, en concordancia con el 22, fracción I; sancionado en el 193, con relación con la agravante del 197, del Código Penal vigente en la Ciudad de México, cometido en agravio de la menor de identidad reservada, con iniciales ********** De inicio, debe precisarse que la orden de aprehensión se encuentra regulada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: "Artículo 16. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión, deberá poner al inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. (.)" Por su parte los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. (.) También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. (.)" "Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control." Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. (.)" De los preceptos transcritos se desprende que los requisitos para el dictado de una orden de aprehensión son tanto procesales, como de fondo, siendo los primeros los siguientes: 1) Que exista una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito. 2) La solicitud de orden de aprehensión debe ser resuelta en audiencia; o a través del sistema informático. Por su parte, los requisitos de fondo, esto es, los que debe sustentar la resolución son: 1) Que sea emitida por autoridad judicial. 2) Que se dicte respecto de los hechos expuestos por la representación social (quien a su vez debe exponer la forma de participación y de intervención que considera), respecto del cual el Juez puede reclasificar la hipótesis legal propuesta. 3) Verificar que el hecho con apariencia de delito se encuentre sancionado con pena privativa de la libertad. 4) Que obren datos que establezcan de manera indiciaria la existencia de un hecho con apariencia de delito. **********) Que exista la probabilidad de que el inculpado lo cometió. 6) Que exista necesidad de cautela; o que la persona se resista o evada una orden de comparecencia; o se haya fugado del establecimiento donde se encuentre detenido; o se ausente de su domicilio sin aviso a la autoridad judicial (previa obligación de hacerlo); o que incumpla una medida cautelar; o que se trate de extraditarlo. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional analizará si existió violación a los derechos humanos del accionante de amparo. Bajo esa tesitura, por lo que hace a que exista denuncia o querella, debe indicarse que fue apegado a la legalidad que el Juez responsable tomara en consideración lo expuesto por la representación social en el sentido de que existió la querella presentada por **********, como representante de su hija de identidad reservada, con iniciales **********, quien refirió que de la relación de pareja que sostuvo con el imputado, procrearon a la menor de identidad reservada con iniciales **********; que derivado de los problemas que existían entre la querellante y el aquí quejoso, la primera promovió dos juicios relativos a las controversias del orden familiar, siendo los siguientes: Ante el Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, mismo que fue registrado bajo el número de expediente ********** y que en dicho sumario mediante sentencia definitiva del veintiuno de octubre de dos mil catorce, modificó la pensión alimenticia pactada en ocho de abril de dos mil diecinueve, dentro de los autos del diverso asunto **********, de la estadística del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, condenando al solicitante del amparo a cumplir con el pago de pensión alimenticia en favor de su hija, situación que se venía pagando de manera a través del descuento realizado de su fuente de trabajo. ". En los autos del expediente ********** del índice del Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla Estado de México, en fecha 21 de octubre del 2014, se dictó sentencia definitiva, la cual ha causado ejecutoria, mediante la cual se modificó y mutó la pensión alimenticia definitiva pactada en 8 de abril del año 2009, del índice del Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla Estado de México, obligando al hoy demandado **********, a pagar por concepto de pensión alimenticia definitiva a favor de la menor de identidad reservada **********, el 09% nueve por ciento de la totalidad de percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe el hoy demandado **********, con motivo del trabajo que desempeñaba. La pensión alimenticia decretada, se venía pagando de manera regular y periódica, ya que se aplicó a través de orden de descuento a la fuente laboral del señor **********. En fecha 1 de julio del 2017, el señor **********, dejó de presentar sus servicios, en su entonces fuente laboral. En los autos del expediente ********** 86/2016, del índice del Juzgado Décimo Primero Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Nicolás Romero, en fecha (27) veintisiete del junio del (2018) dos mil dieciocho, en los autos del principal que nos ocupa, se dictó sentencia definitiva, la caula causo ejecutoria por haberse confirmado por los Magistrados que integran la Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, México, mediante la cual en el resolutivo segundo, se fijó como prensión alimenticia definitiva a favor de la menor de identidad **********, el equivalente a $67,**********00.00 ( SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACINAL), que de manera mensual deberá pagar el señor **********, que de tal manera se incrementaría de manera automática y anual en la misma proporción en que se incremente el índice Nacional de Proceso al Consumidor (INCP). Por lo que actualmente la cantidad a pagar es de $80,719.42 (OCHENTA MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 42/100 MONEDA NACONAL) Se ha realizado la liquidación de las pensiones alimenticias debidas y no pagadas, desde el mes de enero del dos mil veinte y hasta el mes de enero del dos mil veintidós. Ante el incumplimiento de las obligaciones alimentarias del señor **********, se presentó formal querella en representación de la menor de identidad reservada **********, la cual se presentó ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, radicando la querella y dando el impulso del procedimiento para integrar la carpeta de investigación, ante el Agente del Misterio Público Investigador de la Unidad de Investigación C-7, sin detenido adscrito a la Fiscalía de Delitos Cometidos en Agravios de los Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de México. Seguido que fue el trámite procesal, la carpeta de investigación iniciada en contra de **********, carpeta judicial 012/1860/2021-01, por la posible comisión del hecho delictivo en contra del incumplimiento de obligaciones alimentarias, en agravio de la menor de identidad reservada V.G.A." En lo relativo al medio de emisión de la orden de aprehensión, según las constancias remitidas por el Juez de Control, la solicitud correspondiente la realizó el ministerio público en audiencia privada llevada a cabo el veinte de agosto de dos mil veinte, dentro de la cual, previa exposición de la petición del órgano técnico, la potestad responsable emitió el mandato de captura contra **********, de ahí que sea legal el actuar de la ordenadora, y se tenga por satisfecho el segundo requisito, ya que el mandato de captura fue emitido previa solitud ministerial. En ese sentido, se estima de los conceptos de violación en los que el quejoso afirmó a que la autoridad judicial violó en su perjuicio las normas del debido proceso y lo que establece el numeral 14, de la Carta Magna, relativos a los actos privativos al no habérsele permitido comparecer a la indagatoria ni tomar en cuenta las pruebas que ofreció en ella es infundado aún suplido en su queja deficiente. Se afirma lo anterior porque si bien el artículo 14 párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone que nadie puede ser privado de su libertad o de sus propiedades posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; la exigencia de dicha máxima constitucional está referida a los actos privativos de derechos, entendiéndose por tales aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado; por lo tanto la emisión de ese tipo de actos se autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos previstos en el invocado numeral 14 de la Ley fundamental. Es aplicable la jurisprudencia P/J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página **********, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Julio de 1996, de rubro: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCIÓN." Desde esa premisa, es válido afirmar que la orden de aprehensión instituida en el artículo 16 párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se encuentra catalogada como un acto de molestia, porque solo restringe de manera temporal el derecho de libertad personal del gobernado en posición de inculpado, a fin de someterlo a la potestad judicial (para que responda de los cargos imputados en el proceso penal correspondiente), lógicamente que no tiene la naturaleza de un acto privativo y, por ende, no es exigible que previo a su dictado se brinde al imputado la oportunidad de conocer el procedimiento incoado en su contra (con independencia de que en el caso, el imputado sí haya sido citado), o que se le permita alegar y ofrecer pruebas, que en suma constituyen las formalidades esenciales que permiten una adecuada defensa. Como lo estableció el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 47/9**********, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo II, Diciembre de 199**********, página 133, que el rubro es del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. Ello sin perder de vista que en el dictado de una orden de aprehensión puedan violarse distintos derechos humanos a los previstos en el artículo 16 constitucional; no obstante, ello no significa que las formalidades esenciales del procedimiento sean exigibles en su dictado, porque el citado numeral no instituye en su párrafo segundo formalidad alguna de esa naturaleza, ni la ley secundaria lo hace, pese a que ésta puede ampliar la protección establecida en la constitución federal. Resulta aplicable la jurisprudencia 1ª/J. 31/99 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 28**********, del Tomo IX, Mayo de 1999 de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN, EN ELLA PUEDEN VIOLARSE GARANTÍAS TUTELADAS, EN ARTÍCULOS CONSTITUCIONALES DISTINTOS AL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL". Por otra parte, debe precisarse que el primer párrafo del artículo 16, Constitucional, señala que todo acto de autoridad debe ser emitido por escrito, por autoridad competente que funde y motive su resolución. Respecto a que el acto conste por escrito, cabe destacar en primer lugar que el numeral 16, primer párrafo de la Constitución Federal establece que en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. Es aplicable la tesis 1a. XXVIII/2019 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro **********, Abril de 2019, Tomo I, Materia Constitucional, página 789, con rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. LA VIDEOGRABACIÓN DE LA AUDIENCIA QUE LA CONTIENE EN LA QUE EL JUEZ DE CONTROL LA EMITIÓ, CONSTITUYE EL REGISTRO EXIGIDO POR EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA QUE EL IMPUTADO CONOZCA LA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE AQUEL ACTO DE MOLESTIA". Precisado lo anterior, es inconcuso que el acto reclamado cumple con la exigencia aludida, precisamente porque la orden de aprehensión fue emitida en audiencia de veinte de agosto de dos mil veintiuno, de la que consta en videograbación y para la ejecución de la misma, el Juez de control ordenó remitir a la autoridad ejecutora el oficio para su ejecución respectiva. Ahora, por cuanto al requisito de que el acto sea emitido por autoridad competente, debe decirse que dicho requisito se encuentra ligado a lo que señala el propio artículo 16, Constitucional en cuanto a que la orden de aprehensión sea emitida por una autoridad judicial. Tal extremo se actualiza, ya que el acto reclamado fue emitido por el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce Especializada en Ordenes de Aprehensión y Cateos, **********, respecto de un hecho que la ley señala como delito cometido en la Ciudad de México, y del cual no existen elementos para considerar hasta este momento que se trate de un delito del orden federal. En consecuencia, se estima que la autoridad responsable es competente para emitir la orden de aprehensión reclamada. Por otra parte, el quejoso que la responsable había emitido la orden de aprehensión reclamada sin que existieran datos suficientes que demostraran que había cometido un hecho que la ley señale como delito o que existiera la probabilidad de que lo hubiera cometido. Ello es así porque uno de los requisitos legales para el dictado del mandamiento de captura, es que se haya emitido con relación a los hechos expuestos por la representación social, exigencia que también se encuentra satisfecha, en virtud de que el Juez responsable, al dictar la orden de aprehensión en contra de la parte quejosa, por su probable intervención en el hecho con apariencia del delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, agravado, lo hizo sólo tomando en consideración los hechos expuestos por el Ministerio Público al momento de formular su petición, quien manifestó que solicitaba el libramiento del mandamiento de captura en contra de **********, donde precisó cuál era la clasificación legal a criterio del órgano técnico (incumplimiento de obligaciones alimentarias agravado) en términos de los artículos 193 y 197, ambos del Código Penal para la Ciudad de México; donde el ente investigador sostuvo que en cuanto a la participación, debía considerarse que el delito era de omisión y doloso y que la intervención de la parte quejosa era de autor material en términos del artículo 22, fracción I del propio ordenamiento. Atendiendo a lo anterior, los hechos que expuso el Ministerio Público se hicieron consistir en lo siguiente: 1. Que de la relación de pareja que sostuvo la querellante con el ahora quejoso, nació la menor de identidad reservada con iniciales ********** 2. Que derivado de los problemas que existían entre la querellante y el imputado, la primera promovió un juicio relativo a las controversias del orden familiar, mismo que fue radicado ante el Juzgado Noveno Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, mismo que fue registrado bajo el número de expediente ********** y que en dicho sumario mediante sentencia definitiva del veintiuno de octubre de dos mil catorce, modificó la pensión alimenticia pactada en ocho de abril de dos mil diecinueve, dentro de los autos del diverso asunto **********, de la estadística del Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, condenando al solicitante del amparo a cumplir con el pago de pensión alimenticia en favor de su hija, situación que se venía pagando de manera a través del descuento realizado de su fuente de trabajo. 3. Que en diversas ocasiones se requirió al ahora quejoso la exhibición de distintas cantidades relativas a el 09% nueve por ciento de la totalidad de las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe el hoy demandado, mismas que en el periodo comprendido entre el mes de enero del dos mil veinte, ascendía a **********. Que ante el incumplimiento por parte del imputado de cubrir la pensión alimenticia a que se obligó, el *******, se formuló la querella respectiva por parte de **********, como representante de su hija de identidad reservada, con iniciales **********. Hechos a los que hizo referencia la autoridad responsable, en la resolución reclamada; por tanto, se colige que se cumple con el requisito de que se trata. En cuanto a que el hecho que la ley señala como delito, se encuentre sancionado con pena privativa de libertad, se estima legal la determinación del Juez de Control, ya que hizo alusión a que el hecho atribuido a **********, es el que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria agravado, previsto en los artículos 193, párrafo primero y 197 del Código Penal para esa Ciudad, que prevé una pena de prisión de tres a cinco años; pudiéndose aumentar hasta en una mitad si la omisión de dar alimentos ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, de ahí que se estime legal el actuar del Juez responsable. Por otro lado, en relación con el requisito consistente en que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente y que fueran tomados en consideración por el Juez de Control, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, también se actualiza. Sobre este punto, en la orden de aprehensión materia de este juicio de amparo indirecto, se contiene la información proporcionada por el Ministerio Público derivada de la investigación realizada y que el Juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión Judicial Doce Especializada en Ordenes de Aprehensión y Cateos, dentro de la carpeta judicial **********, consideró como datos suficientes que establecen que se cometieron los hechos con apariencia del delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria. En ese contexto, de la interpretación del artículo 16 y 20, apartado A), de la Carta Magna, a partir de las reformas de dieciocho de junio de dos mil ocho, es dable considerar que el constituyente reformador, entre otras cuestiones, determinó la no formalización, en principio, de las pruebas en la fase de investigación del procedimiento penal. Lo anterior, salvo excepciones, basándose sólo en el grado de razonabilidad de los datos que establezcan que se ha cometido un hecho y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió. Luego, bajo las reglas del sistema procesal penal acusatorio, al resolver respecto de la orden de aprehensión, el estudio de los datos en que se sustente la solicitud de esa medida (orden de aprehensión) y la razonabilidad de los argumentos expuestos por el Ministerio Público, son los elementos que resultan suficientes para justificar racionalmente que el inculpado sea presentado ante el Juez de control a fin de conocer formalmente la imputación de un hecho previsto como delito con pena privativa de libertad por la ley penal y pueda ejercer plenamente su derecho a la defensa en un proceso penal respetuoso de todos los principios del sistema acusatorio contenidos en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación). Así, partiendo de la base de que en la etapa de investigación, dentro del sistema penal acusatorio, sólo se requiere que el Ministerio Público aporte datos; esto es, la referencia al contenido de determinados medios de investigación que se estimen idóneos, pertinentes y suficientes para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es así que, en la etapa de investigación, tales datos no constituyen prueba fehaciente, pues conforme a lo dispuesto por la fracción III del inciso A) del artículo 20 Constitucional (reformado), para los efectos de la sentencia sólo se considerarán como prueba aquellas que hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. En ese tenor, es importante destacar que tales datos no constituyen prueba como tal, sino una mera referencia a las diligencias practicadas por el Ministerio Público en el ejercicio de su función persecutora del delito, las que, en la postura asumida por la propia fiscalía, resultan idóneas, pertinentes y suficientes para justificar el sometimiento del imputado supervisada por la autoridad judicial; la prueba por su parte, será exclusivamente aquella desahogada en la audiencia principal de juicio oral, tal como lo contempla el último párrafo del artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, resulta necesario examinar si la autoridad responsable tomó en consideración los datos de prueba que resultan idóneos, pertinentes y suficientes para establecer la existencia del hecho que la ley señala como delito. Así, es necesario tener presente que la orden de aprehensión combatida, se dictó por el hecho que la ley señala como delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, clasificación jurídica que otorgó el Juez responsable con base en los siguientes numerales del Código Penal de la Ciudad de México: "ARTÍCULO 193. Al que incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho a recibirlos, se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de cien a cuatrocientos días multa, suspensión o pérdida de los derechos de familia, y pago como reparación del daño a las cantidades no suministradas oportunamente. Si el adeudo excede de noventa días, el Juez ordenará al Registro Civil el ingreso de los datos del sentenciado en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Para los efectos de éste Artículo, se tendrá por consumado el delito aun cuando el o los acreedores alimentarios se dejen al cuidado o reciban ayuda de un tercero. Cuando no sean comprobables el salario o los ingresos del deudor alimentario, para efectos de cubrir los alimentos o la reparación del daño, se determinarán con base en la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan llevado en los dos últimos años. Una vez que el sentenciado cumpla con la reparación del daño, el Juez a petición de parte deberá ordenar al Registro Civil la cancelación de la inscripción." "ARTÍCULO 197. Si la omisión en el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, ocurre en incumplimiento de una resolución judicial, las sanciones se incrementarán en una mitad." Ahora, si bien, el nuevo sistema penal no impone al Juez de control que lleve a cabo un desglose y análisis de cada elemento del hecho que la ley señala como delito, resulta necesario conocer sus elementos para identificar si de forma lógica puede entenderse la existencia de este; de ahí que el numeral anterior deja ver los siguientes elementos: a) Que alguien esté obligado a dar alimentos a una persona que tenga derecho a recibirlos. b) Que se incumpla con ese deber. Con la agravante de que esa omisión ocurra en incumplimiento a una resolución judicial. Luego, los antecedentes de investigación que la representación social refirió al momento de solicitar la orden de aprehensión y que el Juez de control consideró como datos de prueba para estimar que el hecho imputado actualiza la hipótesis que la ley señala como el delito que atenta contra el cumplimiento de la obligación alimentaria, consisten en: 1. Entrevista de la querellante en la cual manifestó que de la relación de pareja que sostuvo con el ahora quejoso, nació la menor de identidad reservada con iniciales ********** y que derivado de los problemas que existían entre la querellante y el imputado, la primera promovió un juicio relativo a las controversias del orden familiar. 2. Acta de nacimiento expedida en favor de la víctima de iniciales **********, número ********** libro **********, oficialía **********, con fecha de registró **********, con la que tuvo por demostrada la relación paterno filial entre el quejoso y dicha persona. Tales datos de prueba, fueron estimados por el Juez de Control como suficientes para considerar que los hechos imputados, eran señalados por la ley como delito, afirmación que esta Juzgadora comparte, ya que como lo sostuvo la autoridad judicial emisora del acto, al menos de manera indiciaria se puede llegar a la conclusión de la existencia de un hecho que la ley señala como delito, denominado contra el cumplimiento de la obligación alimentaria. En efecto, en la audiencia donde la representación social investigadora, solicitó la orden de captura en contra de la parte quejosa, el Juez expresó las razones jurídicas por las que se acreditaba el hecho con apariencia del delito apuntado, pues para ese efecto, precisó de manera adecuada como parte de la fundamentación y motivación de la misma, que se acreditaba la existencia de una conducta la cual fue manifestada en forma de omisión, misma fue en el sentido que el ahora quejoso se ha abstenido de cumplir con el pago de la pensión alimenticia a que se obligó en el convenio celebrado el once de septiembre de dos mil doce, en los autos del juicio relativo a las controversias del orden familiar. En ese contexto, se estima que la autoridad de manera legal tuvo por acreditados los elementos que constituyen el hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, pues de manera lógica y razonada de los hechos y datos de prueba concluyó que el activo ha sido omiso en verificar el pago del compromiso de proporcionar alimentos a su hija y que dicho incumplimiento, ocurre en contravención a la resolución judicial emitida en el juicio civil en que el solicitante del amparo se comprometió a hacerlo a través del convenio ahí celebrado, el cual fue elevado a la categoría de cosa juzgada. Expuesto lo anterior, se estima legal la determinación del Juez de Control de señalar que de manera indiciaria y atendiendo al estándar probatorio que exige el nuevo sistema penal acusatorio, era pertinente considerar la existencia del hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias, ya que llegó a la conclusión lógica que con los datos de prueba que enlazados armónicamente le permitieron llegar a la conclusión aludida. Por tanto, se estima ajustada a la legalidad la resolución reclamada, pues para dictar una aprehensión y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, lo cual aconteció en el caso, pues el Juez de control encuadró la conducta antes descrita en la norma penal, de tal modo que identificó que se encontraba acreditado un hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias y que esa obligación, derivó de una resolución judicial. Respecto al elemento consistente en que de los datos de prueba se advierta la probabilidad de que el imputado haya participado, cabe destacar que la autoridad responsable consideró esencialmente la entrevista de la querellante, quien refirió al imputado como el padre de la menor víctima y como la persona que se obligó al pago de la pensión alimenticia establecida, de manera mensual mediante sentencia definitiva del veintisiete de junio del dos mil dieciocho sin que hasta el día en que formuló su querella lo hubiera hecho. En ese orden de ideas, se ajusta a derecho la determinación de la autoridad en el sentido de que de manera indiciaria puede establecerse la probabilidad del aquí quejoso, haya participado en la comisión del hecho que la ley señala como incumplimiento de obligaciones alimentarias. En torno a la forma de intervención de la parte quejosa la autoridad responsable convalidó lo expuesto por el representante social en el sentido de que era como autor material en términos del numeral 22, fracción I, de la legislación sustantiva penal local. Atendiendo al estudio realizado, se advierte que fue legal la determinación de la Juez responsable, pues como lo sostuvo, con los datos de prueba y exposición fáctica llevada a cabo por la representación social, se acreditó la existencia del hecho que la ley señala como delito de incumplimiento de obligaciones alimentarias y la probabilidad que el quejoso participó en su comisión. Con el basamento expuesto con antelación es de concluir que se cumplieron con las exigencias de la Ley Suprema, así como con las formalidades procesales al momento de emitirse el acto reclamado en el presente juicio constitucional. En las relatadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación, aun suplidos en su queja deficiente en términos del ordinal 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal a **********. Dicha negativa se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados a las autoridades ejecutoras, dado que no se impugnan por vicios propios. Sirve de apoyo la tesis publicada en la página ********** del Tomo I, Primera Parte-1, Enero a Junio de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 207616, que establece: "AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por **********, en contra de los actos, autoridades y motivos precisados en los considerandos cuarto y quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a **********, en contra de los actos reclamados a las autoridades enunciadas en el considerando tercero, por las razones expuestas en el último punto considerativo de esta sentencia. Notifíquese mediante lista electrónica a la parte quejosa y vía electrónica a la tercero interesada **********, en representación de la menor de edad de iniciales ********** Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Jedry Asael Gómez Sosa, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe. JAGS.

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