Aaron Emanuel Briceño Hernández y Otros.

Expediente 684/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
684/2023
Año
2023
Actuaciones
9
Última actuación
17/08/2023

Partes del expediente

  • Aaron Emanuel Briceño Hernández y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Vistos los autos y la certificación que antecede, se observa que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de revisión contra la sentencia de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; sin que lo hubiere hecho. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los numerales 356, fracción II, y, en lo conducente, 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2, de la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA LA REFERIDA SENTENCIA; hágase ello del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. Publicación de datos personales. Aunque las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dese cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Archivo del expediente. Ahora, toda vez que no existe asunto pendiente de diligenciar, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 17 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, vigente a partir del ocho de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo de este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General citado en último término. Destino. Toda vez que en este expediente se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, conforme al artículo 17, fracción III, inciso b) del Acuerdo General citado, se determina que este juicio de amparo es conservable íntegramente; y en su oportunidad, una vez transcurrido el plazo de tres años, solicítese la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y verifíquese el correcto contenido generado en el libro electrónico. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades correspondientes.

  2. Principal

    VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 684/2023, que promovió ********************, en favor de 1) ********************, 2) ********************y/o********************, 3) ********************y/o********************, e 4) ********************y/o ********************; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el siete de julio de dos mil veintitrés, y recibida en este órgano jurisdiccional el mismo día, ********************, en representación de 1) ********************, 2) ********************y/o********************, 3) ********************y/o********************e 4) ********************y/o ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Fiscal Especializado para la Atención a Delitos de Alto Impacto y otras autoridades, que hizo consistir en: "I. El acto reclamado: La detención ilegal fuera de todo procedimiento judicial, tortura e incomunicación, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, todos conferidos a los directos quejosos y prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. II. La inconstitucional orden de detención o detención de los directos quejosos; lo anterior por que fue obtenida con violación flagrante de los derechos humanos, sin que se cumplieran las formalidades del procedimiento penal." Actos que estimaron violatorios de los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído de siete de julio de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo con el número 684/2023, se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados y se requirió a los quejosos para que manifestaran si ratificaban la demanda promovida a su favor por ********************. Una vez ratificada la demanda, mediante auto de diez de julio del año en curso, se admitió la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se citó a las partes para la audiencia constitucional que antecede. TERCERO. Inexistencia de autoridad responsable. En auto de dieciocho de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por inexistente a la autoridad señalada como "Policías Municipales de Oaxaca de Juárez aprehensores, primeros respondientes o que intervinieron en la detención de los quejosos". C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito, que establece la competencia de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta ciudad, pues se promueve contra un acto de naturaleza penal, de los que conoce este Juzgado. SEGUNDO. Oportunidad de presentación de la demanda. Atendiendo al acto reclamado, se estima que la demanda de amparo, se encuentra promovida dentro del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues la violación al diverso artículo 17 Constitucional, puede combatirse en cualquier tiempo; como así lo ilustra la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, consultable en la página 332, tomo X, del Semanario Judicial de la Federación, julio de 1992, correspondiente a la Octava Época, con el rubro siguiente: "ACTO NEGATIVO. CONTRA EL, NO CORRE EL TÉRMINO PREVISTO POR EL ARTICULO 21, DE LA LEY DE AMPARO." TERCERO. Fijación del acto reclamado. Previamente, por técnica jurídica y con la finalidad de analizar con propiedad el tema jurídico que nos ocupa, es imperativo precisar el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, a efecto de determinar lo pedido por el quejoso y así poder resolver, analizando en su integridad la demanda constitucional, y la información que obra en el expediente en que se actúa, tal como lo establece la tesis número P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril 2004, materia común, página 255, con número de registro 181810, de rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir la quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este contexto, debe indicarse que los actos reclamados en esta vía lo constituyen: La detención ilegal de los directos quejosos fuera de todo procedimiento judicial, tortura e incomunicación, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, todos conferidos a los directos quejosos y prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Las autoridades señaladas como responsables 1) Servidor Público designado por acuerdo del Coordinador General de la Agencia Estatal de Investigaciones, Oaxaca, 2) Agente Estatal de Investigaciones Encargado del Grupo de Aprehensiones de la Agencia Estatal de Investigaciones y 3) Jefe de la Unidad Jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Movilidad y Protección Civil del Municipio de Oaxaca de Juárez, al rendir sus informes justificados negaron la existencia de los actos reclamados por los quejosos, sin que la parte quejosa desvirtuara esa negativa. En consecuencia, como no se acredita la existencia de los actos que se reclaman a las citadas autoridades responsables, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte SCJN Segunda Sección Improcedencia y sobreseimiento, página 305, con registro 1002350, de título y contenido siguientes: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". QUINTO. Existencia del acto reclamado. Las autoridades responsables: 4) Directora Jurídica de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, al rendir el informe justificado aceptó la existencia de los actos que se le reclaman; por su parte, la autoridad responsable 5) Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula 1 5 de la Fiscalía General de la República, Delegación Oaxaca, al rendir su informe justificado, manifestó que los aquí quejosos estuvieron a su disposición en calidad de detenidos; por tanto, se tienen como ciertos los actos reclamados. Por su parte, las autoridades responsables 6) Policías Primero y Estatales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y 7) Fiscal Especializado para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados; sin embargo, la existencia de los mismos se colige de las propias manifestaciones que realizaron, en cuanto a los primeros, en cumplimiento a su deber y con las facultades que les compete en el informe policial de fecha siete de julio de dos mil veintitrés, realizaron ante el Fiscal en turno adscrito a la Fiscalía Especializada en la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado, la puesta a disposición de los quejosos 1) ********************, 2) ********************y/o********************, 3) ********************y/o********************e 4) ********************y/o ********************, como probables responsables en la comisión de hechos presuntamente constitutivos de los delitos de tentativa de homicidio, resistencia de particulares, posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, posesión de munición exclusiva del uso del Ejército y disparo de arma de fuego, lo anterior, con el fin de que dicho Fiscal determinara la situación legal de los aquí quejosos; por tanto, conlleva a la presunción de certeza de los actos reclamados que se les atribuyen. Orienta la anterior determinación, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA". Además de que la certeza de dicho actos se corrobora con las constancias que remitieron las autoridades responsables; documentales que merecen valor probatorio pleno en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2, por tratarse de documentos públicos, calidad que se obtiene al haber sido expedidos por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. SEXTO. Improcedencia. Previo al estudio del fondo de este asunto, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, procede analizar si se actualiza alguna causa de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En la especie, de oficio, se advierte la existencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Es pertinente señalar que la cesación de efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la cesación definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino lo irrelevante de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En esa virtud, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I y II, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho subjetivo violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Ahora, de las constancias que obran en autos y que remitió el Fiscal Especializado para la Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, se aprecia que mediante oficio 351/2023 de fecha nueve de julio de dos mil veintitrés, el Agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, ordenó la inmediata libertad de los quejosos 1) ********************y/o********************, 2) ********************y/o********************e 3) ********************y/o ********************, por lo que respecta de los delitos del fuero común, consistentes en resistencia de particulares y disparo de arma de fuego, no así por los delitos del fuero federal; posteriormente, mediante diverso oficio 364/2023 de fecha quince de julio del año en curso, ordenó la inmediata libertad del quejoso 4) ********************, por los delitos de tentativa de homicidio y resistencia de particulares, dentro de la causa penal ********************. Por otra parte, de las documentales que anexó la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula 1 5 de la Fiscalía General de la República, Delegación Oaxaca, se advierte que en audiencia pública de diez de julio de dos mil veintitrés, respecto de la carpeta judicial ******************** del índice del Juzgado de Distrito Especializada en el sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, no se ratificó legal la detención de los quejosos 1) ********************, 2) ********************y/o********************, 3) ********************y/o********************e 4) ********************y/o ********************, ordenando la inmediata libertad de los mismos. En consecuencia, los actos reclamados en el presente juicio de amparo y que quedaron precisados en párrafos que anteceden, han cesado en sus efectos, pues como se advierte de las documentales en cita, los quejosos 1) ********************, 2) ********************y/o********************, 3) ********************y/o********************e 4) ********************y/o ********************, fueron puestos en libertad; situación que trae aparejada una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento de los actos que se controvierten; de ahí que, resulte ocioso examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos de que se trata. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2 a . / J . 59 / 99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, Materia Común, visible en la página 38, cuyo rubro y texto establecen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De ese modo, al ser manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia analizada; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el arábigo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo respecto de los actos señalados como la detención ilegal e incomunicación. La conclusión alcanzada trae como consecuencia la imposibilidad jurídica de analizar los conceptos de violación hechos valer. Al caso es aplicable la jurisprudencia 509, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917 1995, Tomo VI, Parte SCJN, página 335, con registro 394465, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXI ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. SÉPTIMO. Oposición a los datos personales. Como las partes en este juicio de amparo no se opusieron a la publicación de sus datos personales, de conformidad con los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la anterior Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 79 de la nueva Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, promovido por ********************, en favor de 1) ********************, 2) ********************y/o********************, 3) ********************y/o********************e 4) ********************y/o ********************. SEGUNDO. En su oportunidad, dése cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a la Directora Jurídica de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, rindiendo su informe justificado. Asimismo, en términos del numeral 119 de la ley invocada, se tiene como pruebas documentales en este juicio, las que anexa a su informe justificado, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista electrónica.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase a los Policías Primero y Estatales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, rindiendo su informe justificado. Asimismo, en términos del numeral 119 de la ley invocada, se tiene como pruebas documentales en este juicio, las que anexan a su informe justificado, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza. Así también, téngaseles designando como delegados de su parte en términos del numeral 9 de la ley de la materia, a las personas que al efecto faculta y señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones el que indican. Con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a las partes para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista electrónica.

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