Aaron Eduardo Galindo Garcia
Expediente 157/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 1 actuación registrada, la última del 28 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 157/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 28/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Aaron Eduardo Galindo Garcia
Actuaciones
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE VEINTIOCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE, QUE DICE: Agréguese a los autos el escrito presentado por AARÓN EDUARDO GALINDO GARCIA, por medio del cual, cumple la prevención que le fue formulada en auto de trece de marzo del presente año. Por tanto, vista de nueva cuenta la demanda de amparo presentada por AARÓN EDUARDO GALINDO GARCIA, de la cual se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es procedente DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE MÉRITO. Para demostrar tal hipótesis, resulta pertinente reproducir lo que disponen los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV de la Ley de Amparo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [...]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" Sobre la base de tal consideración, se insiste, que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que el acto reclamado (resolución de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, que confirma el auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, en el que la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, admite la demanda del quejoso en relación de la autoridad Comisión de Desarrollo Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California, y su Secretario Técnico, no así por las diversas autoridades señaladas por el quejoso en el expediente CDP/030/2013), no causa una afectación de imposible reparación a la parte quejosa, dado que se trata de un acto meramente intraprocesal, el cual, no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos del quejoso, como la vida, la libertad, la integridad personal, la libertad de tránsito, o la propiedad. Ello se estima así en razón de que como por una parte refiere que confirma un auto de desechamiento parcial, máxime, que en su capítulo de antecedentes se advierte que está pendiente de resolución dicho juicio. Por otro lado, cabe precisar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos dentro del juicio que tienen una ejecución de imposible reparación, para los efectos de la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, sólo se presentan cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos, no así cuando sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, tal y como se desprende de la jurisprudencia del citado Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página once, tomo cincuenta y seis, correspondiente a agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen 'ejecución irreparable' los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." En efecto, del contenido de la anterior jurisprudencia se advierte que el Tribunal Pleno ha considerado que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, cuando, como consecuencia de ellos, se afecta de manera directa e inmediata algún derecho fundamental reconocido en la Constitución, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho constitucional de que se trate y, precisamente por ello, en estos supuestos puede acudirse sin demora al amparo indirecto sin tener que esperar a que se dicte el fallo definitivo en el procedimiento ordinario, pues como ya se dijo, las consecuencias de la violación cometida no desaparecerían aunque el afectado obtuviese sentencia favorable a sus intereses. En tal virtud, si la determinación judicial de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, que reclama el quejoso, en la que la Primera Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, confirmó el auto de trece de septiembre de dos mil dieciséis, que desechó parcialmente la demanda, es inconcuso, que dicha determinación se traduce a su vez en una cuestión meramente procesal; por ende, constituye un acto intraprocesal. El cual, si bien es verificado dentro del juicio, puede repararse a través de una resolución favorable, y por lo mismo, es de considerarse que no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute de la garantía individual de que se trate; tampoco se está en el caso que se afecten de modo directo e inmediato derechos sustantivos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, ni se trata de un acto que de concederse la protección federal a través de una sentencia de amparo, se tenga como consecuencia natural el poner fin al juicio, motivo por el cual, el mismo es impugnable en amparo directo como violación procesal, en su caso, obedeciendo a lo que establecen los artículos 34, 170, 172 y 190, de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, es preciso señalar que el acto en estudio podría constituir una violación procesal, aunque se pudiera calificarse como de grado predominante o superior, la que no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, ya que esta vía se encuentra reservada exclusivamente a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, lo que en la especie no acontece, pues únicamente se refiere a la aplicación de determinadas normas, pero la parte quejosa puede obtener resolución favorable a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior, por los motivos asentados en la ejecutoria que sustenta su emisión, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." En mérito de lo expuesto y toda vez que el acto que reclama el peticionario del amparo no le causa un daño de imposible reparación, ya que en su caso, al interponer el juicio de amparo directo en contra de la sentencia respectiva, (si le fuera desfavorable a sus intereses) podrá hacer valer todas las violaciones procesales cometidas durante el procedimiento, entre ellas, el acto reclamado en este juicio; y de concedérsele el amparo se le podría restituir en el pleno goce de sus garantías violadas; por tanto, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V del artículo 107, este último aplicado a contrario sensu. Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de egresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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