Aarón David Ríos Acosta

Expediente 825/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
825/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
08/04/2021

Partes del expediente

  • Aarón David Ríos Acosta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    MESA VILLAHERMOSA, TABASCO, OCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista, la certificación que antecede, se tiene que ninguna de las partes desahogaron la vista ordenada en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, respecto del informe de cumplimiento que estimó haber dado el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en relación con la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio de derechos fundamentales; por lo que, este tribunal resolverá sobre el cumplimiento dado al fallo protector con base en los elementos que obran en el expediente. A fin de efectuar el pronunciamiento respectivo, en principio es pertinente precisar: que por sentencia de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en su primer resolutivo se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Aarón David Ríos Acosta, para el siguiente efecto: "Emitir acuerdo en el cual provea y ordene la ejecución del laudo de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 99/2010, de acuerdo a la condena establecida en el mismo, únicamente por lo que respecta a las prestaciones de reconocimiento de antigüedad; así como los comprobantes del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) mismas que quedaron pendientes de dar cumplimiento, de acuerdo a la comparecencia dieciocho de abril de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 940 y 945 de la Ley Federal del Trabajo.." Mediante acuerdo de diez de marzo de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia de mérito; y por tal motivo se le requirió a la autoridad responsable el cumplimiento a la misma en el plazo de tres días. Asimismo, por acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se proveyó en relación al contenido del oficio remitido por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, a través del cual remitió copia certificada del proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 99/2010, de su índice; del que se desprende que despacha auto de ejecución en contra de la parte demandada Pemex Gas y Petroquímica Básica, respecto de las prestaciones de reconocimiento de antigüedad, así como lo relativo a las aportaciones del SAR (SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO) en favor de AARON DAVID RIOS ACOSTA; con el cual pretende dar cumplimiento al fallo protector concedido a la parte quejosa. Documentales a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidos por un servidor público en ejercicio de las facultades que legalmente tiene atribuidas. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, registro número 394182, del rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Y en el mismo acuerdo de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se dio vista a las partes para que hicieran manifestación en relación a las constancias remitidas por la responsable en vías de cumplimiento al fallo protector, sin que en el caso lo hicieran. CONCLUSIÓN En consecuencia, el suscrito estima que la autoridad responsable ha dado cumplimiento a la sentencia dictada en el presente asunto, ya que el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, remitió copia certificada del proveído de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 99/2010, de su índice; del que se desprende que despachó auto de ejecución en contra de la parte demandada Pemex Gas y Petroquímica Básica, respecto de las prestaciones de reconocimiento de antigüedad, así como lo relativo a las aportaciones del SAR (SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO) en favor de AARON DAVID RIOS ACOSTA; lo cual constituyó el punto primordial del otorgamiento del amparo a la parte quejosa. Es aplicable al caso, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia 82/2004, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Octubre de 2004, página 137, Novena Época, registro 180337, de rubro y texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA, CUANDO ESTÁ ACREDITADO EL CUMPLIMIENTO DEL NÚCLEO ESENCIAL DE LA SENTENCIA DE AMPARO. Cuando del análisis de autos se advierte acreditado, de manera fehaciente, que las autoridades responsables han dado cumplimiento a las obligaciones jurídicas que constituyen el núcleo esencial de la sentencia que concedió la protección federal, lo procedente es declarar sin materia el respectivo incidente de inejecución de sentencia. Esto es así, en atención a que, por un lado, en ese supuesto ya no existe la abstención total de la autoridad responsable de obrar en el sentido ordenado por la sentencia de amparo, si de la confrontación de la ejecutoria relativa con las actuaciones realizadas, se llega a la conclusión de que se acató dicho fallo en su núcleo esencial y, por otro, porque el declarar sin materia el incidente de inejecución de sentencia no significa que pudiera dejarse al quejoso en estado de indefensión, en virtud de que esa resolución no prejuzga sobre si el cumplimiento dado a la ejecutoria fue o no correcto, pues en la hipótesis de que el gobernado llegara a tener dudas o inquietudes con relación a algún aspecto del cumplimiento, tendría la oportunidad de hacer valer el recurso de queja previsto en las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para los casos en que exista una desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una sentencia de amparo." En tales condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo que se analiza. Al no haber actos pendientes por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En términos de lo dispuesto en el inciso b) de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, diputación, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente asunto es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, razón por la cual debe conservarse en el archivo reciente de éste órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá ser depurado y transferido al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente las constancias que obran en el expediente distintas a la demanda y la sentencia, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIECIOCHO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la cuenta que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a través del cual remite copia certificada del auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 99/2010, de su índice; del que se desprende que despacha auto de ejecución en contra de la parte demandada Pemex Gas y Petroquímica Básica, respecto de las prestaciones de reconocimiento de antigüedad, así como lo relativo a las aportaciones del SAR (SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO) en favor de ********************con las cuales pretende dar cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días hábiles para que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a la constancia que se recibió en el presente auto; y una vez que transcurra el mismo, este Juzgador efectuará el análisis respectivo del cumplimiento al fallo, con base en los elementos que obren en el expediente en que se actúa. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    MESA 3 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista; la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el diecinueve de febrero del año en curso, en la que en su primer punto resolutivo se le concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Aarón David Ríos Acosta; por lo que con fundamento en el artículo 2o. de la Ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Ahora bien, en la sentencia de mérito se concedió el amparo y protección a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, deberá: Emitir acuerdo en el cual provea y ordene la ejecución del laudo de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 99/2010, de acuerdo a la condena establecida en el mismo, únicamente por lo que respecta a las prestaciones de reconocimiento de antigüedad; así como los comprobantes del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) mismas que quedaron pendientes de dar cumplimiento, de acuerdo a la comparecencia dieciocho de abril de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 940 y 945 de la Ley Federal del Trabajo." En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y de conformidad con el numeral 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, para que dentro del término de tres días, al en que quede notificada del presente acuerdo, cumpla con el fallo protector concedido a la parte quejosa debiendo dentro del propio lapso informar a este órgano de control constitucional sobre las medidas decretadas en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito, remitiendo las constancias certificadas relativas por duplicado a efecto de correrle traslado con una de ellas a la parte quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del plazo señalado, en términos del artículo 258 de la Ley de la Materia, se le impondrá una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos); lo que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $89.62 (ochenta y nueve pesos con sesenta y dos centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de siete de enero de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintiuno. Asimismo, con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procederá de oficio a iniciar el incidente de inejecución de sentencia, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos previstos en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que puede culminar con la separación del cargo y consignación ante el Juez de Procesos Penales Federales por el delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. Finalmente, devuélvase a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, un tomo de pruebas consistente en copia certificada de las constancias que integran el expediente laboral 99/2010, de su índice, que remitió como apoyo a su informe justificado, el cual se manejó por cuerda separada en un tomo. Notifíquese.

  4. Principal

    MESA 3 En la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, a las doce horas con cincuenta y cinco minutos del diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, en audiencia pública Carlos Calderón Espíndola, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, quien actúa debidamente asistido de Rocío de los Ángeles Pérez Pérez, secretaria que certifica y da fe, procede a celebrar la audiencia de pruebas, alegatos y sentencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, relativo al juicio de amparo indirecto 825/2020-3, promovido por Aarón David Ríos Acosta. RELACIÓN DE CONSTANCIAS A continuación, el Juez de Distrito, declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes ni persona que las represente, y la secretaria da cuenta con el estado que guardan los presentes autos e informa de las constancias que integran el expediente, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente del Más Alto Tribunal del País, en mil novecientos ochenta y nueve, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL", la cual resulta aplicable ya que de acuerdo al artículo 6o., transitorio del Decreto que expide la nueva Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, la jurisprudencia integrada conforme a la abrogada Ley de Amparo, continuará vigente en lo que no se oponga a la nueva Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el juez acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de las constancias que obran en autos, las cuales fueron agregadas a este juicio con conocimiento de las partes. PERÍODO PROBATORIO Abierto el período de pruebas, se da cuenta con: 1. Documental privada consistente en el acuse de recibo del escrito de diez de julio de dos mil dieciocho; 2. Instrumental de actuaciones relativas a las constancias derivadas del expediente laboral 99/2010; 3. Informe justificado rendido por la autoridad responsable; 4. Presuncional legal y humana; 5. Copia simple de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a nombre del quejoso, que ofreció la parte quejosa en su escrito de demanda; y 6. Copias certificadas relativas al expediente laboral 99/2010, las cuales obran por cuerda separada y a disposición de las partes para su consulta. Al respecto el Juez de Distrito acuerda: con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las probanzas de referencia y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza. PERÍODO DE ALEGATOS Cerrada dicha fase y abierta la de alegatos se da cuenta que ninguna de las partes hizo uso de ese derecho. Sobre el particular, el Juez de Distrito acuerda: de conformidad en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho a las partes en hacerlo con posterioridad, por lo que se cierra esta fase. Al no haber diligencias pendientes que desahogar y encontrándose debidamente integrado el expediente, se procede a dictar la resolución correspondiente. Doy fe. VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 825/2020-3, promovido por Aarón David Ríos Acosta, contra actos de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16, 17 y 123, fracción XXXI, Apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito presentado el veintiocho de septiembre en dos mil veinte, en el buzón judicial, recibido en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, en esa misma fecha y turnado a este órgano jurisdiccional el veintinueve siguiente, Aarón David Ríos Acosta, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS 1 La omisión de ejecutar el laudo de treinta de junio de dos mil diecisiete, solicitado mediante escrito presentado el once de julio de dos mil dieciocho mil dieciocho, en el juicio laboral 99/2010. AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El treinta de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de que se trata, la cual fue registrada con el expediente 825/2020-3; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. SUSPENSIÓN DE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES. El veinte de diciembre de dos mil veinte, las Consejeras integrantes de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada de manera extraordinaria, aprobaron el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar del 21 de diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021, en relación con contagios por la emergencia Covid-19, en los órganos jurisdiccionales de la República Mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal". Lo anterior, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables, y de las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, por lo que determinaron adoptar medidas especiales a partir del veintiuno de diciembre de dos mil veinte y hasta el once de enero de dos mil veintiuno. En cumplimiento a lo instruido, se regresó al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Mediante circular SECNO/1/2021, de ocho de enero de dos mil veintiuno, signada por la secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se dieron a conocer las medidas adoptadas y se precisó que el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, cuya vigencia fue ampliada por diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020. CUARTO. REANUDACIÒN DE PLAZOS Y TÈRMINOS PROCESALES. En acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, se reanudó el trámite del expediente y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS-CoV-2. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: La omisión de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, de ejecutar el laudo de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictado en el expediente laboral 99/2010, que solicitó en el escrito presentado el once de julio de dos mil dieciocho. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Son ciertos los actos reclamados al haberlo aceptado la autoridad responsable al rendir informe justificado, lo cual se corrobora con la copia certificada que remitió del precitado expediente (foja 25); así como las que obran por cuerda separada, en el que se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo no había acordado el escrito recibido en esa Junta el once de julio de dos mil dieciocho; asimismo, no ha dictado las medidas necesarias a efecto de ejecutar el laudo. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, del rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, del rubro "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATlVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes; y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la ley de la materia tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión de los motivos que sustentan esta resolución, deviene pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado: El treinta de junio de dos mil diecisiete, se dictó laudo en los autos del expediente laboral 99/2010-B, del índice de la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en el que se condenó a Pemex Gas y Petroquímica Básica al reconocimiento de la prórroga de contrato individual de trabajo celebrado con el actor Aarón David Ríos Acosta, el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, por todo el tiempo que subsista la materia de trabajo en términos del artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo con la categoría de obrero general trabajos generales diversos, clasificación 08.61.07, jornada 0 diurno, clave de plaza 90322220 00007587 adscrito al departamento de taller de patios y maniobras con centro de trabajo en el Distrito complejo procesador de gas Ciudad Pemex, Tabasco, con lugar de labores y de pago en Ciudad Pemex, Tabasco; a la reinstalación en esa categoría y plaza, a otorgarle al actor las reclasificaciones, mejoras y beneficios que se hayan generado en la plaza durante el trámite del juicio, al desplazamiento de la persona que venga ocupando esa categoría y plaza al momento de ejecutarse el laudo. Asimismo, se condenó a la demandada a reconocerle la antigüedad generada de un año ochenta y dos días hasta el diecisiete de enero de dos mil diez, más la antigüedad que se generara hasta en tanto continuara la relación laboral; al pago de salarios caídos a razón diaria de $605.53 (seiscientos cinco pesos cincuenta y tres centavos moneda nacional), aguinaldo, prima vacacional, incentivo por asistencia o incentivo vacacional y rendimiento o compensación cláusula 48, a partir del dieciocho de enero de dos mil diez, hasta la reinstalación; pago de SAR del dieciocho de enero de dos mil veinte hasta en tanto continúe la relación laboral ante la institución bancaria correspondiente y hacer entrega al obrero de las constancias que así lo justifiquen y se concedió a la demandada setenta y dos horas para el cumplimiento respectivo (fojas 18 y 19 del tomo de prueba). En audiencia de catorce de marzo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la audiencia incidental de liquidación, en la que la demandada se allanó a la planilla por el monto de $1'286,776.35 (un millón doscientos ochenta y seis mil setecientos setenta y seis pesos treinta y cinco centavos moneda nacional) fojas 88 y 89 del tomo de prueba. Posteriormente, el veintiséis de marzo de dos mil dieciocho, se dictó auto de ejecución en contra de Pemex Gas y Petroquímica Básica, por lo que turnó los autos al actuario para que requiriera de pago a la citada demandada y en caso de no hacerlo, embargara bienes, debiendo tomar en cuenta que los bienes muebles e inmuebles no son sujetos de embargo (fojas 92 y 93 del tomo de pruebas. Mediante diligencia de dos de abril de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la diligencia de requerimiento, en la que se embargaron cuentas bancarias aperturadas a la demandada en la institución bancaria BBVA Bancomer (fojas 94 y 95 del tomo de pruebas). Mediante oficio 238, de cinco de abril de dos mil dieciocho, la autoridad responsable requirió al Director Jurídico de BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero, para que dentro del plazo de tres días, pusiera a disposición de esa junta la cantidad de $1'286,776.35 (un millón doscientos ochenta y seis mil setecientos setenta y seis pesos treinta y cinco centavos moneda nacional) a nombre del actor, de las cuentas aperturadas a la demandada (foja 51 del tomo de prueba). A través de oficio 238, de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, el apoderado legal de BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero, puso a disposición la cantidad aludida mediante cheque de caja (fojas 53 y 54 del tomo de prueba). Mediante comparecencia de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, la junta responsable hizo entrega al actor del cheque de caja aludido y dio por cumplida en forma total únicamente por lo que respecta a las condenas económicas condenadas en el laudo de treinta de junio de dos mil diecisiete y audiencia de liquidación de catorce de marzo de dos mil dieciocho, quedando pendiente únicamente las prestaciones de reconocimiento de antigüedad, así como los comprobantes de aportaciones del SAR (fojas 55 y 56 del tomo de pruebas). Mediante oficio 269, de dieciocho de abril de dos mil dieciocho, se ordenó a BBVA Bancomer, sociedad anónima, institución de banca múltiple, grupo financiero, la cancelación dl embargo en las cuentas bancarias de la demandada (foja 57 del tomo de prueba). Por acuerdo de veinte de marzo de dos mil veinte, la Junta responsable, se le concedió un término de tres días a Pemex Gas y Petroquímica Básica, para que exhibiera el documento que acreditara el reconocimiento de antigüedad del actor Aarón David Ríos Acosta; asimismo, exhibiera el comprobante de aportaciones del SAR, bajo apercibimiento que de no cumplir con dicho requerimiento, se le aplicaría una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos cero centavos moneda nacional) foja 60 del tomo de prueba. Dicho proveído fue notificado a Pemex Gas y Petroquímica Básica, el seis de noviembre de dos mil veinte (foja 108 del tomo de prueba). SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE JUZGADOR FEDERAL. No se transcriben los motivos de inconformidad por no causar ningún perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello, según lo establece la Jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Tomo XXXI, Mayo 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Sustancialmente, la parte quejosa alega la omisión de la junta responsable de acordar su escrito presentado el once de julio de dos mil dieciocho, en del expediente laboral 99/2010, de su índice. Sobre el particular, la parte quejosa aduce que la junta responsable viola en su perjuicio los artículos 8, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, refiere que la autoridad en cuestión vulnera su derecho fundamental a que se le administre justicia pronta y expedita. En ese tenor, supliendo la deficiencia del aludido concepto de violación, se hará el análisis relativo únicamente por lo que respecta al numeral 17 constitucional, el cual tutela el referido derecho fundamental, prescindiéndose el examen de los restantes por ser ajenos a su planteamiento. Con base en lo anterior, el suscrito considera fundado el concepto de violación propuesto por el quejoso. En efecto, el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tutela a favor de los gobernados el derecho fundamental de acceso a la justicia para que se les administre por tribunales expeditos para impartirla, en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales, además, están obligados a emitir sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. El derecho fundamental contenido en el precepto constitucional precitado, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. Mandato constitucional que no admite la circunstancia de que las autoridades encargadas de la administración de justicia pongan trabas o trámites innecesarios que se traduzcan en obstáculos para el buen desempeño en los mecanismos tendentes a hacerla pronta y expedita. Así, el precepto constitucional en comento señala, en lo que interesa, que toda persona tiene derecho a la administración de justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos fijados en las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. Dichos atributos del derecho a la administración de justicia (prontitud, imparcialidad y gratuidad), han sido explicados por la Segunda Sala del Alto Tribunal Constitucional del país, en la jurisprudencia 192/2007, visible en la página 209, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia constitucional, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales". En ese tenor, la justicia pronta consiste en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes. Se llega a esta conclusión, pues del precepto constitucional en comento, se advierte que la prontitud comprende tanto el desarrollo del procedimiento como el dictado de la resolución, a través de la cual se dirima la controversia. Cabe precisar que los principios generales referidos, aplicados a los juicios laborales, abarcan desde la presentación de la demanda hasta el dictado del laudo y, de ser condenatorio, hasta su ejecución. Ahora, en materia de términos y plazos, la norma fundamental remite a las leyes secundarias, las cuales regularán aquéllos conforme a mecanismos expeditos y eficaces, según lo establece la jurisprudencia 33, emitida por el Pleno del Tribunal Constitucional Nacional, visible en la página 56, del Apéndice (actualización 2001), Tomo I, Materia Constitucional, del siguiente rubro y texto: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da" Al respecto, la Ley Federal del Trabajo, establece que el proceso laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio, y se iniciará a instancia de parte, para lo cual las juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias a efecto de lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. En ese orden de ideas, es pertinente precisar que la Ley Federal del Trabajo, en los artículos 940 y 945 vigente con anterioridad al "DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, DE LA LEY FEDERAL DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA, DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES Y DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL, LIBERTAD SINDICAL Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA", publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de mayo de dos mil diecinueve; y aplicable al juicio laboral origen -el cual se promovió con anterioridad a tal decreto- establecen lo siguiente: "Artículo 940. La ejecución de los laudos a que se refiere el artículo anterior corresponde a los Presidentes de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y a los de las Juntas Especiales, a cuyo fin dictarán las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita". "Artículo 945. Los laudos deben cumplirse dentro de los quince días siguientes al día en que surta efectos la notificación". Dichos numerales transcritos indican que en asuntos de esa materia, la ejecución de los laudos corresponde al Tribunal responsable, para lo cual, deben dictar las medidas necesarias para que se ejecuten dentro de los quince días siguientes al en que surta efectos la notificación del mismo, garantizando así, el aspecto material del derecho humano a la justicia. Ahora, de las constancias que remitió la Junta Especial Número Treinta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado -que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo-, se advierte que el treinta de junio de dos mil diecisiete, se dictó laudo dentro del juicio laboral 99/2010, en el que se condenó a la parte demandada Pemex Gas y Petroquímica Básica al reconocimiento de la prórroga de contrato individual de trabajo celebrado con el actor Aarón David Ríos Acosta, el veinticuatro de noviembre de dos mil nueve, por todo el tiempo que subsista la materia de trabajo en términos del artículo 39 de la Ley Federal del Trabajo con la categoría de obrero general trabajos generales diversos, clasificación 08.61.07, jornada 0 diurno, clave de plaza 90322220 00007587 adscrito al departamento de taller de patios y maniobras con centro de trabajo en el Distrito complejo procesador de gas Ciudad Pemex, Tabasco, con lugar de labores y de pago en Ciudad Pemex, Tabasco; a la reinstalación en esa categoría y plaza, a otorgarle al actor las reclasificaciones, mejoras y beneficios que se hayan generado en la plaza durante el trámite del juicio, al desplazamiento de la persona que venga ocupando esa categoría y plaza al momento de ejecutarse el laudo. Asimismo, se condenó a la demandada a reconocerle la antigüedad generada de un año ochenta y dos días hasta el diecisiete de enero de dos mil diez, más la antigüedad que se generara hasta en tanto continuara la relación laboral; al pago de salarios caídos a razón diaria de $605.53 (seiscientos cinco pesos cincuenta y tres centavos moneda nacional), aguinaldo, prima vacacional, incentivo por asistencia o incentivo vacacional y rendimiento o compensación cláusula 48, a partir del dieciocho de enero de dos mil diez, hasta la reinstalación; pago de SAR del dieciocho de enero de dos mil diez hasta en tanto continúe la relación laboral ante la institución bancaria correspondiente y hacer entrega al obrero de las constancias que así lo justifiquen. De igual modo, se observa que el dieciocho de abril de dos mil dieciocho tuvo cumplimentado el laudo únicamente por lo que respecta a las condenas económicas, quedando pendiente las prestaciones de reconocimiento de antigüedad; así como los comprobantes del SAR (Sistema de Ahorro para Retiro). Por otro lado, la parte quejosa acreditó que mediante escrito presentado el once de julio de dos mil dieciocho, solicitó al Presidente de la Junta responsable la ejecución del laudo de treinta de junio de dos mil diecisiete, sin que de autos se advierta gestión alguna tendente a ejecutar el laudo. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que de las constancias que remitió la responsable como justificación a su informe, se desprende que el veintiocho de octubre de dos mil veinte, proveyó el escrito de referencia; también lo es que únicamente se limitó a decir al promovente que se estuviera a lo ordenado en el auto de veinte de mazo de dos mil veinte; sin que al respecto hiciera pronunciamiento o gestión alguna con la finalidad de ejecutar el referido laudo. Por tanto, asiste razón a la parte quejosa en cuanto a que la autoridad responsable ha sido omisa en requerir la ejecución del laudo de treinta de junio de dos mil diecisiete, atento a la solicitud realizada por la quejosa el once de julio de dos mil dieciocho, pues a la fecha en la que presentó la demanda de amparo, pasaron más de dos años dos meses, sin que la responsable llevara a cabo acto alguno para que lo anterior ocurra. En tales condiciones, el actuar omisivo de la autoridad responsable resulta violatorio de derechos fundamentales en perjuicio de la quejosa; por lo anterior, deviene fundado el motivo de inconformidad aducido por la parte quejosa en el sentido de que la autoridad responsable ha sido omisa en requerir la inmediata ejecución de laudo, por tanto, es evidente que la responsable transgredió en su perjuicio el derecho consagrado en el artículo 17 de la Constitución. Resulta aplicable, por analogía y en lo conducente, la tesis visible en la página 191, Tomo IV, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, de rubro "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA." En las relatadas circunstancias, se concede a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal. SÉPTIMO. EFECTOS DE LA CONCESIÓN DEL AMPARO. De conformidad con lo instituido en la fracción V del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisan los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo. En mérito de lo anterior, la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, deberá: Emitir acuerdo en el cual provea y ordene la ejecución del laudo de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 99/2010, de acuerdo a la condena establecida en el mismo, únicamente por lo que respecta a las prestaciones de reconocimiento de antigüedad; así como los comprobantes del SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) mismas que quedaron pendientes de dar cumplimiento, de acuerdo a la comparecencia dieciocho de abril de dos mil dieciocho, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 940 y 945 de la Ley Federal del Trabajo. OCTAVO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de treinta de septiembre de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículo 6o., fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Aarón David Ríos Acosta, contra el acto que reclamó a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tabasco, por las razones y fundamentos contenidos en el considerando sexto, para los efectos precisados en el considerando séptimo de la presente resolución. SEGUNDO. En atención a lo expuesto en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.

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