Aaron Cornelio Guerrero Urquiza
Expediente 643/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 643/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 27/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Aaron Cornelio Guerrero Urquiza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Visto el estado procesal, el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno se ordenó el archivo del sumario; por ello, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, el secretario encargado de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. Cúmplase.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto que desechó la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; consecuentemente, SE DECLARA FIRME. ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO, previas anotaciones en el libro de gobierno. El juicio NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, pues no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; no contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de un asunto de trascendencia jurídica, política, social o económica. EL SUMARIO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se encuentra dentro del supuesto a que se refiere el inciso d), del artículo 21 del citado Acuerdo General, al haberse desechado la demanda. No obra documento en términos del punto Segundo, fracción XVIII del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
(AVISO)EN VIRTUD DE QUE EL QUEJOSO NO ACUDIÓ AL LOCAL DE ESTE JUZGADO A NOTIFICARSE PERSONALMENTE O POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL EN EL TÉRMINO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL AVISO QUE SE FIJÓ EN LA PUERTA DE SU DOMICILIO EL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE 2021, SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO DE TREINTA DE NOVIEMBRE DE 2020, QUE EN SÍNTESIS DICE: "Agréguese a los autos el escrito de..., por el que da cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de dieciocho de noviembre del año actual, al efecto se acuerda: SE DESECHA LA DEMANDA. I. El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juzgador Federal tiene la obligación de analizar la demanda y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano, ya que de conformidad con el diverso artículo 62 de la ley de la materia, las causales de improcedencia se estudian de oficio. II. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama la sentencia dictada en el toca 939/2019/16 del índice de la Segunda Sala Familiar de la Ciudad de México, que en cumplimiento al fallo del amparo en revisión 96/2020 del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito -derivado del indirecto 640/2019 de este índice-, declaró procedente el incidente de remoción del albaceazgo a cargo del impetrante. Es de precisarse que el Tribunal Federal determinó que de conformidad con los artículos 1737 a 1739 del Código Civil para esta ciudad, el cargo de albacea no puede tener una duración mayor a dos años, y que en la especie dicho plazo se excedió, como se ve a foja 29 de la ejecutoria respectiva. III. En esta tesitura, el presente juicio es improcedente debido a que el acto reclamado descansa en las consideraciones de un amparo en revisión; lo que imposibilita jurídicamente volverlas a abordar, con lo que se actualiza la causal prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 77 ambos de la Ley de Amparo1. La causal de improcedencia invocada se refiere a la inviabilidad de los efectos de la sentencia que se actualiza en el supuesto en que, de concederse una resolución protectora, ésta no podría surtir efectos, porque alteraría una situación jurídica diversa. Lo anterior, en razón de que las finalidades del amparo en cuanto a sus sentencias es restituir al agraviado en el pleno goce del derecho violado, de conformidad con el artículo 77 de la Ley de la Materia, lo que resultaría inviable, en virtud de que si se concediera a la parte quejosa la protección constitucional que solicita, la ejecutoria del juicio afectaría la situación jurídica generada con la resolución emitida en el juicio de amparo en revisión y que originó la actuación reclamada. Ilustra lo anterior la jurisprudencia P./J. 90/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, 1 "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. [.]" del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." De acuerdo con lo anterior, los alcances restitutorios de una ejecutoria constitucional deben materializarse sobre derechos legítimos, esto es, respecto de aquellas prerrogativas de los gobernados legalmente tuteladas, pues de no ser así, la sentencia de amparo podría utilizarse como un instrumento para efectuar actos contrarios a las leyes y al orden público, en agravio de derechos legítimos de otros gobernados, lo cual no debe permitirse ya que por su naturaleza, éste es el instrumento para restituir al gobernado en el pleno goce de sus garantías individuales violadas y no un medio para efectuar actos contrarios a la ley o legitimar situaciones de hecho que se encuentren al margen de ella. En ese orden, de admitirse la demanda y emprenderse el estudio de fondo, necesariamente los posibles efectos de una concesión impactarían en una decisión, emitida por un órgano del Poder Judicial de la Federación, donde se dilucidaron las cuestiones inherentes a los razonamientos planteados en la interlocutoria combatida; y es que no puede el suscrito pasar por alto que el órgano terminal, en la revisión 96/2020 impuso a la Sala observar el criterio que ahí sostenía, lo cual implicó fijar el plazo máximo para ostentar el albaceazgo y determinar que ya se había rebasado. En efecto, la superioridad estimó que de conformidad con los artículos 1737 a 1739 del Código Civil esta ciudad, el cargo de albacea no puede tener una duración mayor a dos años, lo cual ya se había excedido pues el albacea había ejercido su encargo por un lapso mayor. Ahora, de las consideraciones contenidas en la sentencia reclamada (fojas 20 a 23 de la pieza exhibida por el impetrante) se advierte que la Sala, en concordancia con los razonamientos del Tribunal Federal, concluyó que el plazo legal para detentar el albaceazgo no puede rebasar dos años y que, en la especie, el hoy quejoso lo ha detentado por más tiempo; de modo que acogió la pretensión de remoción del cargo. Así, el sentido de esta determinación se justifica en razón de la inviabilidad de los efectos de la sentencia de amparo, pues no podría restituirse a la parte quejosa en los derechos fundamentales que dice le fueron violados, sin afectar una diversa situación jurídica generada con motivo de la protección federal otorgado en los términos impuestos por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la revisión 96/2020 (derivado del juicio indirecto 640/2019 del índice de este Juzgado de Distrito); lo cual constituye un hecho notorio para el suscrito en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. Orienta lo anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 74/2006, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIII, de junio de 2006, página 963, en materia común, cuyo rubro y texto es: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento.". Así, la causal que se actualiza descansa en la inviabilidad del estudio de la constitucionalidad del acto combatido, pues de hacerlo, una posible concesión de amparo tendría incidencia en la situación jurídica creada con motivo de la diversa sentencia de amparo, esto es, afectando la observancia de la cosa juzgada constitucional y el acatamiento irrestricto a las sentencias de amparo. Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia 2a./J. 35/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, registro: 2000583. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VII, Abril de 2012, Tomo 2, Materia(s): Común, Página: 1059, que dispone: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN LA TRANSGRESIÓN DE SUS NORMAS O PRINCIPIOS RECTORES. La técnica del juicio de amparo permite que, antes de examinar el fondo de un asunto, se anticipe el efecto de la eventual concesión de la protección constitucional en favor del quejoso, y así prever si la restitución en el goce del derecho violado resultaría alcanzable, pues carecería de lógica y sentido práctico analizar el acto reclamado, si de antemano se advierte que la declaración de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad. El fundamento de este proceder se apoya, por regla general, en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con otras normas de ese mismo ordenamiento o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo enlace armónico ofrece una variedad de causas de improcedencia que impiden el dictado de sentencias estimatorias cuyo cumplimiento fuera inaccesible. En esos términos, si a partir de un ejercicio de previsibilidad sobre los efectos de una eventual sentencia protectora, el juzgador advierte que la restitución del derecho provocaría la infracción de normas o principios rectores del juicio de amparo, entonces la acción intentada resulta improcedente por dictar una sentencia carente de ejecutividad, porque el restablecimiento citado llegaría al extremo de desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y, por ende, a la regularidad constitucional que busca preservar." En consecuencia, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso numeral 77 ambos de la Ley de Amparo. Conforme al numeral 22 del Acuerdo Plenario 21/2020, se exhorta a la parte quejosa para que continúen la tramitación del presente asunto bajo la modalidad "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, se les solicita a las demás partes proporcionar un número telefónico o correo electrónico donde puedan ser localizadas para entablar comunicaciones no procesales. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Por ser notoriamente improcedente, SE DESECHA DE PLANO la demanda que promueve..., por propio derecho y ostentando el albaceazgo en la sucesión a bienes de..., contra actos de la Segunda Sala y Juez Trigésimo Octavo, ambos de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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