Aaron Chipahua Calihua

Expediente 860/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
860/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
10/10/2019

Partes del expediente

  • Aaron Chipahua Calihua

Actuaciones

  1. Principal

    HA CAUSADO ESTADO; archívese como asunto totalmente concluido; susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Xalapa, Veracruz; treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la razón actuarial de cuenta se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario adscrito a este Juzgado de notificar al quejoso el proveído de veintitrés de septiembre del año en curso, por los motivos ahí expuestos; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, comisiónese al Actuario que corresponda para que realice la notificación del referido proveído, por lista de acuerdos y los subsecuentes hasta que subsane dicha omisión. Xalapa, Veracruz; veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 860/2019 que le corresponde. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Los dispositivos transcritos establecen que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, mayo 1998, Tomo VII, página 890, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". Ahora, del análisis de la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por los motivos siguientes: En la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." Esto es, porque los actos reclamados no causan perjuicio en la esfera jurídica o legítima del quejoso. Al efecto, resulta oportuno trae a colación el contenido del artículo 5°, de la Ley de Amparo, se establece: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá "invocar interés legítimo." El presupuesto jurídico que contienen los reproducidos preceptos legales, es decir interés jurídico, representa uno de los elementos básicos para la procedencia del juicio, pues si los actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, entonces no tendrá legitimación para instaurarlo. Por tanto, cuando se acude en demanda de amparo es necesario acreditar en forma fehaciente que el acto de autoridad reclamado vulnera en su perjuicio un derecho subjetivo protegido por la norma jurídica o sea, que le causa un daño, perjuicio o menoscabo en sus derechos, de tal manera que si esta circunstancia no se encuentra plenamente demostrada, el juicio es improcedente. Esa afectación al interés jurídico consiste en el derecho que asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto o ley violatoria de sus derechos humanos, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por la norma legal que se ve transgredido por el acto de autoridad o por la vigencia o aplicación de una ley a tal grado que ocasiona un perjuicio a su titular. De ahí que la procedencia de la acción constitucional exige que esta última no sea impulsada por un interés cualquiera o "simple" como suele llamarse a aquel que sin contar con respaldo legal puede tener todo gobernado para que surja o se mantenga una situación creada por la autoridad, que le es cómoda o favorable o, por el contrario, para que desaparezca o se evite la que pudiera resultarle adversa, sino que es necesario que ese interés descanse en un derecho del gobernado derivado de la ley a exigir determinada conducta positiva o negativa y, como consecuencia, que tenga como correlativo el deber del gobernante de realizar tal conducta. Por eso se afirma que hay interés jurídico cuando se cuenta con un derecho tutelado o derivado de alguna disposición legal, para exigir de la autoridad determinada conducta en reparación de un perjuicio causado por su actuar. Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia XXVII.1o. VIII Región 4 K 10a., emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, visible en la página 1391, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Décima Época, número de registro 2002326, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO COMO REQUISITO DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SUS CARACTERÍSTICAS". En ese contexto, es válido afirmar que el gobernado tendrá interés jurídico para acudir al juicio de amparo a combatir un acto de autoridad, en la medida que aquél sea titular de un derecho subjetivo que se vea afectado con la actuación del poder público; actuación que podría ocurrir de dos formas, a saber: 1. Si se afecta en abstracto la esfera jurídica del demandante, porque se le imponga una obligación que antes no se tenía; o, 2. Si se afecta un derecho subjetivo en particular, ya sea eliminándolo o restringiéndolo. En suma, la causal de improcedencia en estudio se actualiza cuando el acto de autoridad que se combate en el juicio de amparo no incide en forma alguna en la esfera jurídica del promovente, ya sea porque no le imponga obligación o porque no se tenga un derecho subjetivo específico que se vea afectado con ese acto y, en todo caso, porque no quede demostrada de manera fehaciente tal afectación. En el caso que nos ocupa, el quejoso reclama la resolución de veintiuno de agosto de dos mil diecinueve, emitida por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, en la que declaró infundado el Procedimiento Administrativo Sancionador 06/2019, en contra del Juez y Secretaria de acuerdos del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Zongolica, Veracruz. Ahora, con relación al interés jurídico para reclamar en amparo esa clase de resoluciones, apoya la jurisprudencia 2a./J. 1/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1120, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, número de registro 176129, de rubro siguiente: "RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE". Como se ve, en la jurisprudencia aludida el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el promovente de una queja administrativa no tiene interés jurídico para impugnar en el juicio de amparo la determinación, señalada como acto reclamado, dado que el régimen de responsabilidades de los servidores públicos no tiene como propósito fundamental el salvaguardar intereses particulares mediante el procedimiento sancionador, sino preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate; de ahí que el orden jurídico objetivo otorga al interesado una mera facultad para formular quejas o denuncias por el incumplimiento de las obligaciones de los servidores públicos, sin concederle la posibilidad de exigir de la autoridad una determinada conducta respecto de sus pretensiones. En efecto, el denunciante de una queja administrativa, no se ubica dentro de los supuestos de interés legítimo para instar el juicio de amparo, pues no lo hace con la finalidad de proteger intereses colectivos o difusos encaminados a regular o a proteger a entidades sociales más o menos amplias pero que carecen del atributo de la personalidad jurídica, sino que su actuación se limita a hacer del conocimiento del órgano que corresponda alguna conducta irregular. Lo anterior es así, pues el régimen de responsabilidad administrativa de los servidores públicos tiene como objetivo lograr y preservar una prestación óptima del servicio público de que se trate, lo cual responde a intereses superiores de carácter público y, por tanto, la investigación relativa no se lleva a cabo con el objetivo de sancionar al servidor público, sino determinar con exactitud si cumplió o no con los deberes y obligaciones inherentes al cargo, y si la conducta resulta compatible o no con el servicio que se presta; de ahí que se trate de una facultad del Estado, con respecto a sus funcionarios o servidores públicos. De tal suerte que los actos de investigación sobre la responsabilidad administrativa de los servidores públicos, son actos administrativos de control interno que tienen por objeto lograr y preservar una prestación óptima del servicio público. Por tanto, es al propio Estado a quien corresponde vigilar que su desempeño corresponda a los intereses de la colectividad y que para ello esté provisto de un órgano disciplinario con facultades de sancionar las desviaciones al mandato contenido en el catálogo de conductas que establece la propia ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2a. CXXVII/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 473, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Octubre de 2002, Novena Época, (registro: 185655), que es del rubro y texto que se transcriben a continuación: "RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO RELATIVO. De lo anterior se colige que el promovente de una queja administrativa tampoco se ubica dentro del supuesto del interés legítimo en el juicio de amparo, para impugnar la resolución recaída a la queja administrativa, pues no lo promueve con el objeto de proteger intereses colectivos o difusos, si no que su actuar es limitado en informar a la autoridad competente una situación irregular. Cabe abundar que en el caso concreto no se advierte algún motivo particular que torne inaplicable la tesis jurisprudencial en cita, pues el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no se encuentra revestido de alguna característica especial que denote que tiene dentro de sus finalidades salvaguardar algún interés particular del denunciante o promovente de la queja administrativa. Resulta aplicable al caso la jurisprudencia PC.II.A. J/2 A (10a.), emitida por el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, visible 2357, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, Noviembre de dos mil quince, Tomo III, Décima Época, número registro: 2010369, de rubro siguiente: "QUEJA ADMINISTRATIVA INFUNDADA O IMPROCEDENTE. CUANDO EL DENUNCIANTE RECLAMA EN AMPARO TAL DETERMINACIÓN, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********** y **********, debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, como autorizados en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo a **********y **********, por así haberlo solicitado el promovente. LEY DE TRANSPARENCIA Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones de este juicio de amparo que las partes soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas a quien se encuentre autorizado para tal efecto, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad de que, no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable.

  3. Principal

    SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo.

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