Aaron Castilla Gutierrez

Expediente 2175/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 32 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2175/2019
Año
2019
Actuaciones
32
Última actuación
28/04/2022

Partes del expediente

  • Aaron Castilla Gutierrez
  • Jessica Arely Ochoa
  • Omar Escobar Merida
  • OMAR ESCOBAR MERIDA y Otros.
  • Fiscal del Ministerio Publico de la Unidad de Violencia Familiar Y Delitos Sexuales, Ciudad

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con el cual solicita se acuse recibo de su similar 2591. Atento a lo anterior, como lo solicita la Superioridad, mediante oficio vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se acusa recibo de la citada comunicación, con la que se recibió el testimonio de la ejecutoria emitida en el recurso de queja 26/2020 de su índice; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Ha trascurrido el término para que las partes [a quienes les pudiese afectar] interpusieran recurso de revisión en contra de la resolución constitucional dictada en el presente asunto - ninguna de las referidas partes interpuso el aludido medio de impugnación - SE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE PRINCIPAL

  3. Principal

    AUDIENCIA Y RESOLUCIÓN CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordoñez, Estado de Chiapas, a las once horas con veinte minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte, Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido por Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria con quien actúa, declaró abierta la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías 2175/2019, promovido por Aarón Castilla Gutiérrez y Jéssica Arely Ochoa, por su propio derecho y en representación de los menores N.X.C.P. y A.A.C.P., contra actos del Procurador General de Justicia del Estado de Chiapas y otras autoridades. La Secretaria hace constar la inasistencia de la partes. Relación de constancias. Seguidamente, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la Secretaria hace relación de las constancias de autos entre las que destacan: NO. CONSTANCIAS FOJAS 1 DEMANDA DE AMPARO 5-12 2 ADMISIÓN 23-26 3 EMPLAZAMIENTO AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO 26 vuelta 4 ACEPTACIÓN DE CARGO DEL REPRESENTANTE DE LOS MENORES 25 5 VISTA A QUEJOSOS CON INFORME 224 Asimismo, se hace constar que la siguiente relación coincide con las autoridades responsables y el sentido de su informe: No. AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO FOJAS 1 PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE CHIAPAS INEXISTENTE 108 2 FISCAL DE DISTRITO FRONTERIZO COSTA NIEGA 39 3 SUBDIRECTOR DE AVERIGUACIONES PREVIAS DE LA FISCALÍA DE DISTRITO FRONTERIZO COSTA NIEGA 43 4 FISCAL TITULAR DE LA UNIDAD INTEGRAL DE INVESTIGACIÓN DE JUSTICIA RESTAURATIVA TAPACHULA INEXISTENTE 111 5 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE ATENCIÓN INMEDIATA EVANGELINA MENDOZA RIZO NIEGA 47 Y 48* 6 SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE CHIAPAS NIEGA 65 7 DIRECTOR DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO NIEGA 73 8 DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL PREVENTIVA DEL ESTADO NIEGA 75 9 DIRECTOR DE LA POLICÍA ESTATAL FRONTERIZA DEL ESTADO INEXISTENTE 108 10 COMANDANTE REGIONAL DE LA POLICÍA ESPECIALIZADA DE LA FISCALÍA DE DISTRITO FRONTERIZO COSTA NIEGA 38 11 COMANDANTE DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL FRONTERIZA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO INEXISTENTE 111 12 COMANDANTE OPERATIVO DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA ESTATAL PREVENTIVA SECTOR V DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA NIEGA 68 13 SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL DE TAPACHULA NIEGA 67 14 COMANDANTE DE LOS OFICIALES DE INVESTIGACIÓN Y/O AGENTES POLICIALES ADSCRITOS A LA UNIDAD INTEGRAL DE JUSTICIA RESTAURATIVA TAPACHULA NIEGA 45 Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte oferente Pruebas Fojas PARTE QUEJOSA DOCUMENTALES 7-9 FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR DE ATENCIÓN INMEDIATA EVANGELINA MENDOZA RIZO DOCUMENTALES 49-61 Asimismo, la secretaria da cuenta con el oficio de la Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Violencia Familiar y Delitos Sexuales Fronterizo Costa y con el diverso del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas con residencia en Tuxtla Gutierrez. El Juez acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias; para los efectos legales a que haya lugar. Respecto al oficio de la Fiscal del Ministerio Público Investigador de la Unidad de Violencia Familiar y Delitos Sexuales Fronterizo Costa, se tiene a dicha autoridad dando cumplimiento al requerimiento efectuado el dieciséis de octubre del año en curso; en consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado. En diverso aspecto, intégrese a los autos el oficio del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas con residencia en Tuxtla Gutierrez, a través del cual solicita el acuse de recibo del exhorto 1/2020 con número de orden 1/2020 de su índice que remitió parcialmente diligenciado. En corolario a lo anterior, acúsese el recibo que indica, enviándose para tal efecto vía interconexión. Por otro lado, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar se declara cerrado este período. Enseguida se abre el periodo de alegatos, por lo que la secretaria hace constar que ninguna de las partes los formulo; por lo que se tiene por agotada esta fase de la audiencia. Al no haber promoción pendiente por acordar, tomando en cuenta todo lo actuado, se da por terminada esta audiencia constitucional y procede a dictar la resolución correspondiente. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 2175/2019. RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Mediante escrito de demanda presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, de la que correspondió conocer, por razón de turno, a este juzgado, Aarón Castilla Gutiérrez y Jéssica Arely Ochoa, por su propio derecho y en representación de los menores N.X.C.P. y A.A.C.P., demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos y autoridades que en un apartado posterior se precisarán. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite el expediente 2175/2019, se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, se reservó el emplazamiento de la persona a quien pudiera revestir la calidad de tercero interesado y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante auto de cinco de diciembre de dos mil diecinueve se desechó la ampliación de la demanda promovida por la parte quejosa. Inconforme con dicha determinación, mediante escrito de diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, el autorizado en términos amplios de los impetrantes promovió recurso de queja, del cual conoció el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que mediante ejecutoria de catorce de mayo de dos mil veinte, lo declaró fundado y revocó el auto recurrido a fin de que se le previniera a los disconformes si señalaban como autoridad responsable a la Procuradora Regional de Protección de Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, Delegación Regional X Soconusco del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. TERCERO. Suspensión de labores y reanudación del procedimiento. Con motivo de la suspensión de labores del Poder Judicial de la Federación en virtud de la contingencia sanitaria derivada del fenómeno de salud pública del virus SARS-CoV2, se suspendió el trámite del presente sumario. Luego, mediante proveído de veintisiete de agosto del año en curso, se reanudó el procedimiento en atención a lo establecido en el artículo 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se realizaron las actuaciones correlativas para lograr su integración, incluida la vista ordenada por la Superioridad, la cual no fue desahogada por los impetrantes de amparo, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró acorde al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, es competente para conocer y resolver del presente juicio, en términos de lo previsto por los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Federal, 1, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en vinculación con el diverso acuerdo 16/2016, publicado el once de marzo de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación; toda vez que se reclaman actos atribuidos a autoridades con residencia en la circunscripción en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, resulta necesario fijar con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la jurisprudencia de la Segunda Sala de la misma superioridad, respectivamente de rubros: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO" y "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del estudio íntegro de la demanda de garantías, en relación con las demás constancias que obran en el expediente, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables: _Las actuaciones emitidas dentro de la carpeta de investigación en las que se haya determinado la privación de la custodia de los menores. _La orden de detención o privación de la libertad. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables negaron categóricamente los actos que se les reclaman. Por otro lado, se observa que la Fiscal del Ministerio Público Investigador de Atención Inmediata Evangelina Mendoza Rizo, indicó que derivado de la denuncia presentada por la Procuradora Regional de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia inició la carpeta de investigación 2416-089-0501-2019, y que por ello lleva a cabo las investigaciones correspondientes, de ahí que citó al quejoso Aarón Castilla Gutiérrez el veinte de septiembre de dos mil diecinueve en compañía de los menores, quienes en ese momento manifestaron que eran maltratados y que por ello la citada Procuradora solicitó el resguardo de la integridad física de los menores en un albergue confidencial. Sin embargo, tal manifestación no es suficiente para advertir la certeza de los actos reclamados. Lo que se afirma, pues lo así expuesto no revela que sus actuaciones sean determinaciones emitidas para privarlos de la custodia de los menores, sino que su actuación tiene una naturaleza diversa, es decir, de una medida de resguardo (provisional) para efectos de brindarles tratamiento integral médico, psicológico y jurídico, respetando los derechos de los menores. Asimismo, se advierte que la citación de los aquí quejosos por la Fiscal del Ministerio Público fue para efectos de que se presentaran en compañía de un abogado a fin de hacerles saber los hechos depuestos en su contra, sin que a la fecha se hayan presentado ni localizado; de ahí que no haya evidencia de un acto privativo de libertad como el que reclaman. Destaca de manera muy relevante en este asunto, que derivado de la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, se les dio vista personal a los quejosos con el informe de la Procuradora Regional de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia, a fin de que se encontraran en aptitud de ampliar su demanda con relación al acto de retención que llevó a cabo de los citados menores, notificándolos para tal efecto el tres de septiembre de dos mil veinte, sin que a la fecha realizaran manifestación alguna. Luego, atento a como quedó conformada la litis constitucional, se confirma la inexistencia de los actos reclamados. En efecto, uno de los presupuestos de la acción de amparo, cuya relevancia obedece a un imperativo de orden lógico, es la existencia del acto reclamado, pues no es posible revisar en primer lugar la procedencia de la instancia y en su caso la constitucionalidad de la conducta autoritaria, si no existe el proceder que de las responsables se acusa. En ese sentido, siguiendo el principio general del proceso, de acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su dicho, la Ley de Amparo arroja sobre la parte quejosa la responsabilidad de demostrar que los actos cuya inconstitucionalidad reclama efectivamente existen. La ley de la materia, establece tres vías para determinar la existencia del acto reclamado: la primera es desde luego la prueba directa; la segunda es a través de la presunción legal que se genera ante la falta de informe de las autoridades responsables; y la última, aunque más usual, es mediante el reconocimiento que a modo de confesión hacen estas últimas al justificar su proceder. En el asunto concreto, no existe en autos dato objetivo alguno que confirme la participación que se imputa a las autoridades antes mencionadas en los actos reclamados, de ahí que se considere en sus términos la negativa expresada por las autoridades. Lo anterior es así, pues se insiste en que no se proporcionan datos o medios de convicción de los que se advierta que efectivamente alguna de las autoridades señaladas como responsables emitiera un decreto de privación de custodia de los menores u orden de privación de la libertad en contra de Aarón Castilla Gutiérrez y Jéssica Arely Ochoa. No se inadvierte que la demanda también fue promovida en favor de los menores N.X.C.P. y A.A.C.P., por lo que, tomando en consideración que existe conflicto de intereses respecto de su custodia, se les designó como representante especial a la licenciada María Fabiola Olivera Paz, Procuradora Regional de Protección de derechos de niñas, niños, adolescentes y la familia DIF Chiapas, adscrita a la Delegación Regional X Soconusco, son sede en esta Ciudad; la cual aceptó el cargo conferido mediante diligencia de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, quien mediante oficio presentado en esa propia fecha, informó que no era deseo de los menores ver a los aquí quejosos en virtud de los malos tratos que sufrían por estos. La participación de la citada representante, confirma que el resguardo provisional de los menores en efecto deriva de la atención y apoyo jurídico, médico y psicológico que requieren en razón de la violencia familiar extrema que sufrían. Y en ese sentido, esa intervención ratifica la percepción que se tiene entorno a los actos aquí impugnados, sin que haya elemento que suplir en orden al interés superior de aquellos. Luego, sin prueba en contrario que desvirtúe la negativa apuntada por las responsables, con fundamento en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de garantías. Encuentra apoyo lo antes citado en la tesis VI.2o.A.4 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, cuyo epígrafe y texto versan de la siguiente manera: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la RESUELVE carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo". Por lo expuesto y fundado, se: ÚNICO. Se sobresee el juicio promovido por Aarón Castilla Gutiérrez y Jéssica Arely Ochoa, por su propio derecho y en representación de los menores N.X.C.P. y A.A.C.P., contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, atento los razonamientos expuestos en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Iván Millán Escalera, Juez Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, asistido de Yazmín Giselle Osorio Lecona, Secretaria del Juzgado con quien actúa y da fe. Doy Fe.

  4. Principal

    Se tiene a la potestad de mérito dando cumplimento al requerimiento, y se disponen medidas de seguridad al respecto. REQUERIMIENTO a la autoridad citada, para que proporcione información actualizada del estado que guarda la citada carpeta de investigación.

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