Aaron Carvarin Zavaleta

Expediente 406/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
406/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
18/05/2021

Partes del expediente

  • Aaron Carvarin Zavaleta

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 406/2021-VI. Puebla, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que el quejoso no recurrió el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años1. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hágase del conocimiento de la parte quejosa que queda a su disposición los documentos que exhibió al momento de presentar la demanda de amparo (acuses de recibo de unos escritos presentados antes la autoridad responsable), los cuales deberá recoger dentro del plazo de noventa días, contados a partir de día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo. Para ello, deberá presentarse con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma, así como dejar razón de recibo en autos para constancia. Se le apercibe que de no comparecer en el plazo ya señalado, las mencionadas documentales serán destruidas. Se hace de su conocimiento que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 1/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de este expediente de manera física y la recepción de los documentos antes precisados, será mediante previa cita, misma que deberá agendarse por la propia parte tercera interesada en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS AUXILIARES Al no haberse ordenado formar cuaderno auxiliar de pruebas, es innecesario proveer al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa, y cúmplase.

  2. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. JUICIO DE AMPARO 406/2021-VI. Puebla, Puebla, dieciocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal de las presentes actuaciones, se obtiene que el quejoso no recurrió el acuerdo de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, en el cual se desechó la solicitud de amparo recibida en este juicio. Por ello, de conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo del presente expediente porque constituye un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años1. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso d), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES Con fundamento en el artículo 18, antepenúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hágase del conocimiento de la parte quejosa que queda a su disposición los documentos que exhibió al momento de presentar la demanda de amparo (acuses de recibo de unos escritos presentados antes la autoridad responsable), los cuales deberá recoger dentro del plazo de noventa días, contados a partir de día siguiente al que surta efectos la notificación de este acuerdo. Para ello, deberá presentarse con credencial oficial vigente con fotografía y una copia simple de la misma, así como dejar razón de recibo en autos para constancia. Se le apercibe que de no comparecer en el plazo ya señalado, las mencionadas documentales serán destruidas. Se hace de su conocimiento que, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 (reformado en cuanto a su vigencia por el diverso 1/2021), el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta de este expediente de manera física y la recepción de los documentos antes precisados, será mediante previa cita, misma que deberá agendarse por la propia parte tercera interesada en el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ", donde aparecerán. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS AUXILIARES Al no haberse ordenado formar cuaderno auxiliar de pruebas, es innecesario proveer al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, de conformidad con el artículo 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el juicio de amparo deberá destruirse. Hecho lo anterior, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes por conducto del personal a su cargo en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá revisar por conducto del personal a su cargo la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Notifíquese; de manera personal a la parte quejosa, y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. JUICIO DE AMPARO 406/2021-VI. Puebla, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que será presentada físicamente, promovida por el quejoso , por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público Especializado en Sustracción de Menores ( , se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Ahora, la lectura integral que se hizo a la demanda de amparo permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende una orden de presentación, librada en su contra por una autoridad ministerial en una carpeta de investigación, donde al parecer aquél tiene el carácter de imputado, señalando dos autoridades ejecutoras. Lo anterior se desprende -de la parte conducente- del capítulo de actos reclamados se desprende lo siguiente: "...DE LAS ORDENADORAS. Reclamo la ilegal Orden de Presentación. DE LAS EJECUTORAS. Reclamo todos los actos tendientes a cumplir las instrucciones de la ordenadora para privarme de mi libertad injustificadamente.". De modo que el reclamo planteado por el quejoso, está circunscrito a una orden de presentación, la cual tiene relación con la fecha en que se dieron los hechos - septiembre de dos mil diecinueve- de donde deriva la carpeta de investigación * a la que hace alusión en su demanda, por lo que es evidente que esa orden se rige bajo las reglas del nuevo sistema penal acusatorio adversarial. En efecto, esa hipótesis normativa (el desechamiento por una causa de improcedencia) se actualiza frente a los actos que se reclama de las autoridades responsables (agente del ministerio público y ejecutoras) consistente en la orden de presentación y su ejecución. Es así, pues debe tenerse en cuenta que una orden de presentación como la que reclama el quejoso, no puede ser emitida por una autoridad ministerial (agente del ministerio público) o de la fiscalía, como la que señala en la demanda de amparo en su carácter de ordenadora, porque ésta no tiene facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes. De tal manera que con independencia de la denominación que se le dé a esa orden de presentación, debe destacarse que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión librada por una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, o inclusive con la detención ordenada por un agente del ministerio público en tratándose de caso urgen, pero los anteriores constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades en mención. Habida cuenta que dicha autoridad ministerial carece de facultades jurídicas para emitir una orden de presentación, como tal, contra un gobernado en el aludido nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Luego, la autoridad ministerial no librarían como tal una orden de presentación, sino en su caso serían las diversas autoridades judiciales las que emitirían una orden privativa de la libertad distinta (con diferente denominación) como alguna de las que prevé el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, con motivo de una orden de presentación no podría obligársele a declarar al quejoso, pues, por el contrario, su comparecencia ante el procedimiento más bien se vería encomendada a la autoridad judicial. Así, el gobernado (verbigracia mediante un acto diverso, no mediante una orden de presentación) puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con motivo de ello lejos de coartarle algún derecho, la autoridad satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo (en su caso) se apersone, aquél se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden así no constituye un acto restrictivo de la libertad personal. Máxime que, como se dijo, tales órdenes ni siquiera están previstas como tales (como orden de presentación) en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Más aún, el quejoso hace alusión a lo siguiente: ".me han citado haciéndome llegar los citatorios de manera extemporánea.". Así, de considerar que la orden presentación a la que alude el quejoso y que reclama de manera destacada, se trate de una citación (prevista por los artículos 90, párrafo primero y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales3) para recabar entrevista; debe considerarse por una parte que no es un acto susceptible de combatirse en esta vía de amparo, porque ello contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. ....Así, cuando se cita a una persona en la investigación inicial en calidad de imputado, a diferencia del anterior sistema, su declaración no es una prueba o testimonio, sino una entrevista realizada con fines de investigación. Por esa razón, la citación para ser entrevistado, no guarda las mismas formalidades que una citación para rendir una declaración en el sistema escrito, ya que no se trata de una prueba que permanecerá en el proceso ni adquiere pleno valor probatorio. Incluso, el artículo 113, fracción V, del código invocado, prevé como el momento oportuno para hacerle del conocimiento al imputado los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, no en el citatorio, sino cuando es detenido, o bien, una vez que comparece ante el Ministerio Público. Por tanto, es inconcuso que se trata de un acto efectuado en la integración de la investigación que, como tal, escapa al control constitucional. Es así, pues dicho acto de investigación (la citación girada conforme a los artículos 90 y 91 del código adjetivo penal nacional), por regla general, implica una facultad constitucional por parte del agente del ministerio público para la investigación de hechos con apariencia de delito, y como consecuencia, de existir suficientes datos de prueba, ejercer acción penal ante autoridad judicial Estimar lo contrario, y llevar un estudio de dicho acto reclamado, implicaría entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al ministerio público. Máxime que la investigación de los delitos es de interés general de la sociedad. Asimismo, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí que se actualizaría sobre ese específico acto, una causal de improcedencia en el presente asunto, aunado a que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las mismas es de oficio por parte del órgano jurisdiccional de amparo. Lo mismo ocurriría en tratándose con la citación prevista en las fracciones I (citatorio) y II (orden de comparecencia) del precepto legal 141 antes mencionado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada mediante una diversa citación ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del ministerio público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la ....Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales.4 Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos consistentes en la orden de presentación y la ejecución de la misma, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso Aarón Carvarin Zavaleta, porque los actos que reclama -orden de presentación y su ejecución-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. ... las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas...., se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Domicilio procesal y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio físico del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que señaló en su demanda. Por otro lado, se tiene autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Manuel Pérez Bonilla, porque se encontró registro único de su cédula profesional en el Sistema de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. En cambio, quedan autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, las personas restantes que refirió en su escrito de demanda, por no contar con dicho registro en el referido sistema. Comunicación con el quejoso. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, se tiene proporcionada la dirección de correo electrónico que ofreció el quejoso al principio de la demanda...., una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; en forma personal a la parte quejosa, y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 406/2021-VI. Puebla, Puebla, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo advertida en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, que será presentada físicamente, promovida por el quejoso , por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público Especializado en Sustracción de Menores ( , se exhorta al quejoso a que continúe la tramitación del presente asunto en el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el juez de distrito examinará la demanda, y si encontrare alguna causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado en el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán con una resolución de sobreseimiento. Por causa manifiesta, se entiende lo que es claro y patente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tiene la certeza y plena seguridad, en particular de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto. De modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma se arribaría a una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaran las partes. Ahora, la lectura integral que se hizo a la demanda de amparo permitió detectar que el reclamo planteado por el quejoso comprende una orden de presentación, librada en su contra por una autoridad ministerial en una carpeta de investigación, donde al parecer aquél tiene el carácter de imputado, señalando dos autoridades ejecutoras. Lo anterior se desprende -de la parte conducente- del capítulo de actos reclamados se desprende lo siguiente: "...DE LAS ORDENADORAS. Reclamo la ilegal Orden de Presentación. DE LAS EJECUTORAS. Reclamo todos los actos tendientes a cumplir las instrucciones de la ordenadora para privarme de mi libertad injustificadamente.". De modo que el reclamo planteado por el quejoso, está circunscrito a una orden de presentación, la cual tiene relación con la fecha en que se dieron los hechos - septiembre de dos mil diecinueve- de donde deriva la carpeta de investigación * a la que hace alusión en su demanda, por lo que es evidente que esa orden se rige bajo las reglas del nuevo sistema penal acusatorio adversarial. En efecto, esa hipótesis normativa (el desechamiento por una causa de improcedencia) se actualiza frente a los actos que se reclama de las autoridades responsables (agente del ministerio público y ejecutoras) consistente en la orden de presentación y su ejecución. Es así, pues debe tenerse en cuenta que una orden de presentación como la que reclama el quejoso, no puede ser emitida por una autoridad ministerial (agente del ministerio público) o de la fiscalía, como la que señala en la demanda de amparo en su carácter de ordenadora, porque ésta no tiene facultades jurídicas en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio para librar tales órdenes. De tal manera que con independencia de la denominación que se le dé a esa orden de presentación, debe destacarse que la restricción de la libertad de la parte quejosa únicamente se da con la diversa orden de aprehensión librada por una autoridad judicial, la detención en flagrancia, así como con motivo de la imposición de la prisión preventiva o la pena de prisión decretadas por una autoridad judicial, o inclusive con la detención ordenada por un agente del ministerio público en tratándose de caso urgen, pero los anteriores constituyen sucesos distintos a los actos reclamados de las autoridades en mención. Habida cuenta que dicha autoridad ministerial carece de facultades jurídicas para emitir una orden de presentación, como tal, contra un gobernado en el aludido nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Luego, la autoridad ministerial no librarían como tal una orden de presentación, sino en su caso serían las diversas autoridades judiciales las que emitirían una orden privativa de la libertad distinta (con diferente denominación) como alguna de las que prevé el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En efecto, con motivo de una orden de presentación no podría obligársele a declarar al quejoso, pues, por el contrario, su comparecencia ante el procedimiento más bien se vería encomendada a la autoridad judicial. Así, el gobernado (verbigracia mediante un acto diverso, no mediante una orden de presentación) puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con motivo de ello lejos de coartarle algún derecho, la autoridad satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo (en su caso) se apersone, aquél se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aunado a que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden así no constituye un acto restrictivo de la libertad personal. Máxime que, como se dijo, tales órdenes ni siquiera están previstas como tales (como orden de presentación) en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales que regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Más aún, el quejoso hace alusión a lo siguiente: ".me han citado haciéndome llegar los citatorios de manera extemporánea.". Así, de considerar que la orden presentación a la que alude el quejoso y que reclama de manera destacada, se trate de una citación (prevista por los artículos 90, párrafo primero y 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales3) para recabar entrevista; debe considerarse por una parte que no es un acto susceptible de combatirse en esta vía de amparo, porque ello contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. ....Así, cuando se cita a una persona en la investigación inicial en calidad de imputado, a diferencia del anterior sistema, su declaración no es una prueba o testimonio, sino una entrevista realizada con fines de investigación. Por esa razón, la citación para ser entrevistado, no guarda las mismas formalidades que una citación para rendir una declaración en el sistema escrito, ya que no se trata de una prueba que permanecerá en el proceso ni adquiere pleno valor probatorio. Incluso, el artículo 113, fracción V, del código invocado, prevé como el momento oportuno para hacerle del conocimiento al imputado los hechos que se le atribuyen y los derechos que le asisten, no en el citatorio, sino cuando es detenido, o bien, una vez que comparece ante el Ministerio Público. Por tanto, es inconcuso que se trata de un acto efectuado en la integración de la investigación que, como tal, escapa al control constitucional. Es así, pues dicho acto de investigación (la citación girada conforme a los artículos 90 y 91 del código adjetivo penal nacional), por regla general, implica una facultad constitucional por parte del agente del ministerio público para la investigación de hechos con apariencia de delito, y como consecuencia, de existir suficientes datos de prueba, ejercer acción penal ante autoridad judicial Estimar lo contrario, y llevar un estudio de dicho acto reclamado, implicaría entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al ministerio público. Máxime que la investigación de los delitos es de interés general de la sociedad. Asimismo, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto. De ahí que se actualizaría sobre ese específico acto, una causal de improcedencia en el presente asunto, aunado a que de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el estudio de las mismas es de oficio por parte del órgano jurisdiccional de amparo. Lo mismo ocurriría en tratándose con la citación prevista en las fracciones I (citatorio) y II (orden de comparecencia) del precepto legal 141 antes mencionado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada mediante una diversa citación ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del ministerio público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la ....Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales.4 Incluso, en la referida audiencia podrá el imputado ser o no vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. De modo que la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141, del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer el imputado sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, tampoco es suficiente para estimar que la orden de presentación afecte la libertad personal, dado que esa comparecencia forzosa constituye un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el imputado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, los actos consistentes en la orden de presentación y la ejecución de la misma, constituyen actos fuera de juicio que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con el numeral 61, fracción XXIII, vinculado al diverso 107, fracción IV, primer párrafo, también a contrario sensu, 112 y 113, todos de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 20, primer párrafo, aplicado a contrario sensu y 21, de la constitución, se desecha de plano la demanda de amparo del quejoso Aarón Carvarin Zavaleta, porque los actos que reclama -orden de presentación y su ejecución-, actualizaron una causal de improcedencia manifiesta e indudable, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. ... las promociones que desee presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Se autoriza desde este momento la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas...., se informa al quejoso el derecho que le asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Pero de cualquier forma se habrán de salvaguardar sus datos personales y la información reservada, como lo exigen los lineamientos actuales en materia de acceso a la información. Domicilio procesal y autorizados del quejoso. Se tiene como domicilio físico del quejoso para oír y recibir notificaciones, el inmueble que señaló en su demanda. Por otro lado, se tiene autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Manuel Pérez Bonilla, porque se encontró registro único de su cédula profesional en el Sistema de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal. En cambio, quedan autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, las personas restantes que refirió en su escrito de demanda, por no contar con dicho registro en el referido sistema. Comunicación con el quejoso. A fin de establecer contacto en los casos en que se estime pertinente, se tiene proporcionada la dirección de correo electrónico que ofreció el quejoso al principio de la demanda...., una vez recibida la demanda de amparo -de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese; en forma personal a la parte quejosa, y cúmplase.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · 6,491 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano