Aarón Campos Pérez

Expediente 775/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 28 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
775/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
28/02/2022

Partes del expediente

  • Aarón Campos Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Visto el estado de autos se desprende, que del análisis efectuado a las constancias que remitió como complemento de su informe, la Jueza Civil de Partido Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, relativas al disco versátil digital (DVD) en el que consta la audiencia preliminar de diez de diciembre de dos mil veintiuno, celebrada dentro del juicio familiar F-2113/2021, a la cual se le confiere pleno valor probatorio en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, de la que se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XXI del numeral 61 de la ley en comento, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A) El peticionario del amparo acudió al presente juicio reclamando del Juez Civil de Partido Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad: La medida precautoria de alimentos a favor de su menor hija identificada con las iniciales Y.C.C.H., fijada en su contra mediante determinación de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en donde se ordenó el embargo de su salario por un monto mensual de $4251.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 m.n.). B) De acuerdo con las constancias que remitió la responsable, que fueron anexadas como complemento de su informe justificado, se desprende que: Dentro del juicio F-2113/2021, en la audiencia preliminar de diez de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez Familiar, al pronunciarse en la etapa correspondiente sobre dicha medida, determinó revocar la medida precautoria de alimentos impuesta al hoy quejoso, y en su lugar, fijarla en contra de la madre de la menor Anahin Herrera Flores, ya que hasta esa etapa se encontraba demostrado que desde antes de la presentación de la demanda el progenitor era quien tenía incorporada a la menor en su domicilio y no la madre, imponiéndole el descuento del quince por ciento de los salarios que percibía a fin de que fueran depositados en la cuenta bancaria del hoy quejoso. En tales condiciones, es incuestionable que la medida cautelar reclamada que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable contestó la petición formulada por la quejosa otorgándole la información deseada -misma que obra en los autos- lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Por tanto, es evidente que la medida que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos. En razón de ello, ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, ya que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para el tres de marzo de dos mil veintidós; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos se desprende, que del análisis efectuado a las constancias que remitió como complemento de su informe, la Jueza Civil de Partido Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, relativas al disco versátil digital (DVD) en el que consta la audiencia preliminar de diez de diciembre de dos mil veintiuno, celebrada dentro del juicio familiar F-2113/2021, a la cual se le confiere pleno valor probatorio en términos de los normativos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, de la que se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XXI del numeral 61 de la ley en comento, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del solicitante del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañado o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: A) El peticionario del amparo acudió al presente juicio reclamando del Juez Civil de Partido Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad: La medida precautoria de alimentos a favor de su menor hija identificada con las iniciales Y.C.C.H., fijada en su contra mediante determinación de treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, en donde se ordenó el embargo de su salario por un monto mensual de $4251.00 (cuatro mil doscientos cincuenta y un pesos 00/100 m.n.). B) De acuerdo con las constancias que remitió la responsable, que fueron anexadas como complemento de su informe justificado, se desprende que: Dentro del juicio F-2113/2021, en la audiencia preliminar de diez de diciembre de dos mil veintiuno, el Juez Familiar, al pronunciarse en la etapa correspondiente sobre dicha medida, determinó revocar la medida precautoria de alimentos impuesta al hoy quejoso, y en su lugar, fijarla en contra de la madre de la menor Anahin Herrera Flores, ya que hasta esa etapa se encontraba demostrado que desde antes de la presentación de la demanda el progenitor era quien tenía incorporada a la menor en su domicilio y no la madre, imponiéndole el descuento del quince por ciento de los salarios que percibía a fin de que fueran depositados en la cuenta bancaria del hoy quejoso. En tales condiciones, es incuestionable que la medida cautelar reclamada que se tilda de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, puesto que la responsable contestó la petición formulada por la quejosa otorgándole la información deseada -misma que obra en los autos- lo que trae como consecuencia que se le repusiera en el goce del derecho fundamental violado. Por tanto, es evidente que la medida que tilda de inconstitucional cesó en sus efectos. En razón de ello, ya no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, ya que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido al solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental conculcado. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causal de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional señalada para el tres de marzo de dos mil veintidós; lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, así como la certificación de cuenta, se desprende que se encuentra señalada para el día de hoy la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no se está en aptitud legal de llevarla a cabo, toda vez que está transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que las partes, se impongan del contenido de las constancias remitidas por la Jueza Civil de Partido Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad; por tanto, se difiere la misma y se señalan las diez horas con cincuenta minutos del tres de marzo de dos mil veintidós, para su celebración.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio de cuenta que suscribe la Jueza Civil de Partido Especializada en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a lo solicitado en providencia de veintisiete de enero del año en curso, remite copia certificada en un disco compacto que contiene la audiencia de juicio celebrada el catorce del citado mes y año, dentro del expediente *************; dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, documental que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en atención a su naturaleza.

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