Aarón Benitez Murguía

Expediente 87/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
87/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
24/03/2021

Partes del expediente

  • Aarón Benitez Murguía

Actuaciones

  1. Principal

    ."Vista la primera certificación que anteceden, dado que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de cinco de marzo del año en curso, por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. ."Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Notifíquese por medio lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causal manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano, pues la procedencia del amparo es un presupuesto procesal que se analiza de oficio. Por manifiesto, debe entenderse aquello que se advierte de forma clara y patente, esto es que no se requiere de mayor demostración, sino que se advierte de manera clara y directa únicamente del contenido de la demanda citada, sus anexos y, en su caso, de los escritos aclaratorios para determinar la actualización de una causal de improcedencia. Por indudable, debe entenderse aquella certeza y plena convicción de que la causal de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso concreto, de modo que, ni con el informe justificado de la autoridad responsable, ni con las pruebas que en su caso se allegaran al proceso jurisdiccional, se podría variar la actualización de la causa de improcedencia en el juicio de amparo. En ese sentido, el juez de amparo se encuentra facultado para desechar de plano una demanda de amparo, siempre que de su contenido se advierta de manera clara y precisa la actualización de una de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Precisado lo anterior, se tiene que del estudio integral de la demanda que se analiza se advierte que resulta improcedente por actualizarse la hipótesis prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, en virtud de que ésta carece de firma electrónica de la parte quejosa para efectos de la procedencia del juicio de amparo, circunstancia que acorde con la segunda certificación, se asentó en la papeleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. Dicha causal instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que ésta resulte de alguna disposición legal, no establece una causal concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de los establecidos concretamente en el propio artículo 61 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en su caso concreto, sin que ello implique que se restrinja el acceso al juicio de amparo. Precisado lo anterior, para evidenciar la actualización de la causal que se actualiza, se transcriben los preceptos invocados, cuyo tenor es: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." Del primer precepto invocado, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando ello derive de la Constitución Federal o de alguna disposición de la Ley de Amparo. Por su parte, el segundo de los numerales transcritos, dispone que el juicio constitucional sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada; es decir, mediante la promoción de la demanda correspondiente, con base en las formalidades previstas en el artículo 108 de la Ley de Amparo, esto es por escrito. Ahora, el ordinal 3 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la ley mencionada, establecen lo siguiente: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. [.] Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. [.] Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 204. Se reputa autor de un documento privado al que lo suscribe, salva (sic) la excepción de que trata el artículo 206. Se entiende por suscripción la colocación al pie del escrito, de las palabras que, con respecto al destino del mismo, sean idóneas para identificar a la persona que suscribe. La suscripción hace plena fe de la formación del documento por cuenta del suscriptor, aun cuando el texto no haya sido escrito ni en todo ni en parte por él, excepto por lo que se refiere a agregados interlineales, marginales, cancelaciones o cualesquiera otras modificaciones contenidas en él, las cuales no se reputan provenientes del autor, sino están escritas por su mano, o no se ha hecho mención de ellas antes de la suscripción." De lo preceptos transcritos se extrae que la voluntad de cualquier persona, cuando ésta se realiza por escrito, se manifiesta a través del estampado de la firma; acto de voluntad que supone la imposición autógrafa del puño y con la letra del propio interesado. De igual forma, si el gobernado opta por presentar la demanda o cualquier otro escrito en el juicio de amparo, a través del empleo de las tecnologías de la información, deberá utilizar la firma electrónica FIREL o "e.firma" conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal, y producirá los mismos efectos que la firma autógrafa. En relación con lo anterior, el artículo 45 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, establece respecto de la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera digital, a éstas deberá agregarse la firma electrónica vigente. Cabe precisar que la firma FIEL o "e.firma", es un documento electrónico que asocia de manera segura y fiable la identidad del firmante con una llave pública, permitiendo con ello identificar quién es el emisor o autor legítimo de éste, como si se tratara de su firma autógrafa; de ahí que la firma electrónica produzca efectos idénticos que ésta. Cabe destacar que la determinación anterior, no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente, ni menos aún contraviene el artículo 1 de la Constitución Federal, en razón de que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo; de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por este juzgador y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable. En el caso a estudio se advierte, que la demanda de amparo de cuenta carece de firma ya sea la denominada Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la gráfica, como incluso se asentó en la papeleta de turno expedida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. En el contexto apuntado, la falta de firma electrónica o gráfica, de la parte quejosa no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo, que dé lugar a requerir o prevenir a la promovente para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues la carencia de aquélla impide apreciar la voluntad de quien aparece como promovente; de modo tal, que no existe instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. Por tanto, se considera que la parte quejosa no incorporó manifestación de voluntad en el ejercicio de un derecho y, por tanto, se contraviene lo dispuesto en el referido artículo 6 de la Ley de Amparo, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional por ser la firma electrónica una formalidad esencial de cualquier acto jurídico y que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos para promover un medio de defensa (instancia de parte agraviada). Por tanto, lo expuesto conduce a concluir que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la falta de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o de "e-firma" de la quejosa, no expresa la voluntad de realizar dicho acto y, por ende, de la acción constitucional. Además, de la cuarta certificación de cuenta, se aprecia que la demanda carece de firma, pues esa omisión quedó asentada por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en la papeleta correspondiente, lo que no deja lugar a duda que no se incorporó la voluntad de la parte quejosa para promover el juicio de amparo. En mérito de lo expuesto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el diverso 113 de dicho ordenamiento legal, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, téngase por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en avenida Santana, número ciento setenta y uno, interior dos anexo, colonia Avante, alcaldía Coyoacan, código postal cero cuatro mil cuatrocientos sesenta, en la Ciudad de México. Por otra parte, ténganse por autorizados de conformidad con lo establecido en el primer párrafo del artículo 12 de la ley de la materia, Iliana Rita Rivera Bustos, Mauricio Julio Rivera Bustos y José Antonio Flores Montes, en virtud de tener registrada su cédula en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la primera certificación de cuenta Asimismo, ténganse por autorizadas únicamente para oír y recibir toda clase de documentos, notificaciones, imponerse de autos y recoger documentos, en términos de la última parte, del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las demás personas que precisa. Autorización para obtener imágenes. Hágase de su conocimiento que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los autos para obtener imágenes digitalizadas. Exhortación. En términos del artículo 22 del acuerdo general 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para mejorar la comunicación con las partes, se les exhorta a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido será registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa la certificación correspondiente. Habilitación. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan horas y días inhábiles para que el actuario notifique los proveídos y resoluciones que ameriten notificación personal. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación y personalmente a la parte quejosa.

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