Aaron Arratia Garcia
Expediente 113/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 113/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 25/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Aaron Arratia Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
PARA QUE LE SURTA EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LAS PARTES, DEL AUTO DE LA FECHA EN CITA, MEDIANTE EL CUAL...Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra constancia que determine que los quejosos Ernesto Lovera Absalón y Aarón Arratia García se encuentren debidamente notificados de la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio de este juzgado. Consecuentemente, mediante notificación personal hágase del conocimiento la referida resolución a la parte quejosa para los fines legales pertinentes. Notifíquese personalmente a los quejosos Ernesto Lovera Absalón y Aarón Arratia García corriéndoles traslado con copia de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que no obra constancia que determine que los quejosos Ernesto Lovera Absalón y Aarón Arratia García se encuentren debidamente notificados de la sentencia dictada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas, Zacatecas, en auxilio de este juzgado. Consecuentemente, mediante notificación personal hágase del conocimiento la referida resolución a la parte quejosa para los fines legales pertinentes. Notifíquese personalmente a los quejosos Ernesto Lovera Absalón y Aarón Arratia García corriéndoles traslado con copia de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo.
- Principal
Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio 135 signado por el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas con residencia en esta ciudad, por medio del cual solicita aclaración de sentencia de la resolución constitucional de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas, Zacatecas en auxilio de este juzgado. Alude que propone tal aclaración en virtud que en el considerando octavo de la resolución mencionada relativa a los efectos del amparo se señala lo siguiente: OCTAVO. Efectos del amparo. Conforme a los artículos 74, fracción V, y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito debe precisar los efectos de la sentencia que conceda la protección constitucional y especificar las medidas que deban adoptarse para asegurar su estricto cumplimiento, con la finalidad de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado y restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Entonces, se concede el amparo para que, cuando se notifique la resolución que declare firme esta sentencia, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas: 1. Deje sin efectos la resolución de catorce de enero de dos mil veinte, emitida en el procedimiento de queja QCJE/3/2018, que declaró la responsabilidad administrativa de los quejosos Ernesto Lovera Absalón y Aarón Arratia García, por lo cual les impuso la sanción de suspensión de su empleo por cuarenta y cinco y treinta días, respectivamente. 2. En su lugar dicte otra en la que, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda, pero deberá subsanar los vicios destacados, específicamente: 2.1. Considerar como hechos notorios: 1) cuáles son las resoluciones que se reportan en "otros motivos"; 2) los recursos humanos y materiales que el servidor público tenía a su disposición; 3) el rezago existente en el Juzgado desde que el promovente del amparo recibió el órgano judicial hasta que terminó su encargo; 4) el desempeño de los demás juzgados de su misma clase; 5) los recursos disponibles en dichos órganos judiciales homólogos; 6) el retraso que pudiera existir en éstos; y 7) las condiciones particulares en que se prestó el servicio jurisdiccional, incluyendo los servidores públicos a cargo del funcionario involucrado (licencias o incapacidades médicas). Estos datos correspondientes al periodo total de la función del servidor público, para hacer la comparativa correspondiente, y tener un punto de referencia con la finalidad de verificar si humanamente era imposible resolver dentro del plazo legal o la dilación se debió a su conducta negligente. 2.2. En caso de ser necesario, ejercer su facultad para mejor proveer y allegarse de la información referida en el punto anterior, con la finalidad de emitir una resolución debidamente fundada y motivada que tome en consideración el contexto global en el que se cometieron los hechos. 2.3. Tomar en consideración para resolver la información mencionada en el punto 2.1 anterior. 2.4. Considerar que sí existe un catálogo claro y preciso de qué tipos de conductas deben considerase graves para efectos de determinar una responsabilidad administrativa, conforme al artículo 78 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas. 2.5. Determinar, con libertad de jurisdicción, si la conducta imputada al quejoso es de naturaleza grave. 2.6. Motivar debidamente la cuantía de la sanción que eventualmente se imponga, si no se trata de la mínima. 2.7. Para sustentar la cuantía de la sanción, de ninguna manera pueda tenerse como argumento toral la circunstancia de que debe ser un castigo ejemplar. 2.8. Tomar en consideración que Aarón Arratia García no se desempeñaba como titular del Juzgado Segundo de lo Penal de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, cuando se incumplieron los plazos previstos en los artículos 170, fracción III, y 186, fracción I, del Código de Procedimiento Penales del mismo Estado, vigente en la época de los hechos, en la mayoría de los asuntos. 2.9. Ponderar que de las actas de entrega-recepción ofrecidas por Aarón Arratia García, nada se advierte sobre la existencia de las órdenes de aprehensión y los autos de plazo constitucional pendientes de resolver, tampoco se aprecia el rezago respectivo, al menos hasta el siete de marzo de dos mil diecisiete, cuando emitió el oficio J2P/917/217, dirigido a la secretaria proyectista. 2.10. Considerar que si bien las resoluciones de alzada imponen la obligación de resolver, no puede aplicarse el plazo de setenta y dos horas para el dictado del auto de formal prisión, que tiene involucrada la libertad de una persona, o bien, debe justificarse que la dilación repercutió en la libertad personal de un indiciado para imponerle ese término. Y manifiesta que los efectos del juicio de amparo en concordancia con los considerandos de la sentencia, no queda claro para cual de los dos quejosos son los referidos efectos, por lo que para dar cumplimiento a la referida resolución, solicita se especifiquen tales efectos. Ahora bien, en atención a lo anterior, resulta importante traer a la vista el artículo 74 de la Ley de Amparo, el cual en su contenido dispone: En efecto el artículo 74 de la Ley de Amparo dispone: ''Artículo 74. La sentencia debe contener: I.- La fijación clara y precisa del acto reclamado; II.- El análisis sistemático de todos los conceptos de violación o en su caso de todos los agravios; III.- La valoración de las pruebas admitidas y desahogadas en el juicio; IV.- Las consideraciones y fundamentos legales en que se apoye para conceder, negar o sobreseer; V. Los efectos o medidas en que se traduce la concesión del amparo, y en caso de amparos directos, el pronunciamiento respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquellas que, cuando proceda, el órgano jurisdiccional advierta en suplencia de la queja, además de los términos precisos en que deba pronunciarse la nueva resolución; y VI. Los puntos resolutivos en los que se exprese el acto, norma u omisión por el que se conceda, niegue o sobresea el amparo y, cuando sea el caso, los efectos de la concesión en congruencia con la parte considerativa. El órgano jurisdiccional, de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada, solamente para corregir los posibles errores del documento a fin de que concuerde con la sentencia, acto jurídico decisorio, sin alterar las consideraciones esenciales de la misma''. Del precepto descrito se desprenden los requisitos que deben contener las sentencias pronunciadas dentro de los juicios de amparos indirectos o si es el caso, directos; asimismo, que el órgano jurisdiccional de oficio podrá aclarar la sentencia ejecutoriada. Por tanto, en atención a que aún no ha causo ejecutoria la sentencia de mérito, este juzgado se reserva a emitir pronunciamiento al respecto sobre el ocurso allegado, hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia que se emitiera en autos del presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 94/97 pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del mes de Diciembre de 1997, Novena Época, en términos del artículo 217, y Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, que dice: "ACLARACIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SÓLO PROCEDE OFICIOSAMENTE Y RESPECTO DE EJECUTORIAS. La aclaración de sentencias es una institución procesal que, sin reunir las características de un recurso, tiene por objeto hacer comprensibles los conceptos ambiguos, rectificar los contradictorios y explicar los oscuros, así como subsanar omisiones y, en general, corregir errores o defectos, y si bien es cierto que la Ley de Amparo no la establece expresamente en el juicio de garantías, su empleo es de tal modo necesario que esta Suprema Corte deduce su existencia de lo establecido en la Constitución y en la jurisprudencia, y sus características de las peculiaridades del juicio de amparo. De aquélla, se toma en consideración que su artículo 17 eleva a la categoría de garantía individual el derecho de las personas a que se les administre justicia por los tribunales en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, siendo obvio que estos atributos no se logran con sentencias que, por inexistencia de la institución procesal aclaratoria, tuvieran que conservar palabras y concepciones oscuras, confusas o contradictorias. Por otra parte, ya ésta Suprema Corte ha establecido (tesis jurisprudencial 490, compilación de 1995, Tomo VI, página 325) que la sentencia puede ser considerada como acto jurídico de decisión y como documento, que éste es la representación del acto decisorio, que el principio de inmutabilidad sólo es atribuible a éste y que; por tanto, en caso de discrepancia, el Juez debe corregir los errores del documento para que concuerde con la sentencia acto jurídico. De lo anterior se infiere que por la importancia y trascendencia de las ejecutorias de amparo, el Juez o tribunal que las dictó puede, válidamente, aclararlas de oficio y bajo su estricta responsabilidad, máxime si el erroar material puede impedir su ejecución, pues de nada sirve al gobernado alcanzar un fallo que proteja sus derechos si, finalmente, por un error de naturaleza material, no podrá ser cumplido. Sin embargo, la aclaración sólo procede tratándose de sentencias ejecutorias, pues las resoluciones no definitivas son impugnables por las partes mediante los recursos que establece la Ley de Amparo.". Finalmente y visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende no obra constancia alguna que determine que los quejosos Ernesto Lovera Absalón o al diverso Aarón Arratia García se encuentran debidamente notificados de la sentencia dictada en autos; consecuentemente, a fin de no retresar la secuela procedimental, SE COMISIONA AL ACTUARIO JUDICIAL ADSCRITO a fin de que les notifique la sentencia mencionada; lo anterior, para los fines legales pertinentes. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa la sentencia dictada en autos, privilegiándose los medios electrónicos en términos del Acuerdo General 21 del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
En cumplimiento a la Circular SECNO/1/2021 signado por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, se reanudan los plazos y términos suspendidos por el período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, por la Circular CAP/3/2020 emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal y signada por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial; reanudación que se llevará a cabo con base en lo dispuesto por el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y diversos Acuerdos Generales 25/2020, y 37/2020 del citado órgano colegiado. En tales condiciones, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio SEC/000028/2020 signado por el Secretario Ejecutivo del Consejo de la Judicatura del Estado de Tamaulipas con residencia en esta ciudad, por medio del cual acusa recibo del oficio 26842/2020 girado por este juzgado. Por otro lado, en caso de que aún no lo hayan solicitado las partes, o proporcionado un correo electrónico, en atención a los artículos 22 y 28 del citado Acuerdo General, se les invita que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, e independientemente de lo anterior, propongan un correo electrónico a través del cual, en los casos que se estime necesario se pueda entablar la comunicación correspondiente...Notifíquese; personalmente a la parte quejosa privilegiándose los medios electrónicos en términos del Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el VIRUS COVID-19.y da fe.
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