Aarón Altamirano Juárez
Expediente 1323/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1323/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Aarón Altamirano Juárez
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de dos de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que HA CAUSADO ESTADO, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso d) (aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no fueron exhibidos documentos originales por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el escrito del promovente del amparo AARÓN ALTAMIRANO JUÁREZ, contra actos del agente del Ministerio Público IV-A adscrita a la Vicefiscalía Regional de la cuenca, san Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, y Agencia del Ministerio Público, en turno, dependiente de dicha Fiscalía; con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, fórmese expediente electrónico e impreso con el número 1323/2021, y háganse los registros correspondientes. Examinada la demanda de amparo, este juzgador considera que debe desecharse de plano por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación al 6, ambos de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los dos últimos interpretados en sentido contrario, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". Ahora bien, de acuerdo a los artículos transcritos, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por ésta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así también, dado que en el procedimiento escrito la voluntad de las partes de ejercer un derecho se manifiesta a través de su firma, a fin de que exista manifestación de voluntad del interesado en el ejercicio de ese derecho, es dable concluir que si el escrito de demanda no contiene firma autógrafa de las personas que aparecen como promoventes, debe considerarse que la acción constitucional no se ha ejercitado, pues la firma es el conjunto de signos manuscritos a través de los cuales las personas expresan su voluntad de realizar determinado acto en forma escrita y con ella se acredita la autoría del documento, siendo ésta indispensable para dar validez a cualquier actuación escrita. Por consiguiente, la falta de firma en el escrito de demanda es igual a la falta de voluntad para promover el juicio de amparo, además, no debe requerirse a quien promueve para que comparezca a firmar dicha demanda, pues no es uno de los requisitos señalados en el artículo 108 de la Ley de la materia, para que se regularice en términos del 114; dado que es un presupuesto de existencia del ejercicio de la acción, que conduce a desecharla ante la falta de expresión de la voluntad de quien aparece como promovente. En la especie, del análisis del escrito de cuenta, se advierte carece de firma autógrafa del promovente, pues únicamente obra copia simple de una firma, al igual que el traslado que acompaña; luego, al carecer el escrito de demanda de dicho signo gráfico, no puede estimarse satisfecho el principio de instancia de parte agraviada que rige el juicio de garantías. Al caso tienen aplicación, las tesis sostenidas por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, la primera, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Sexta Parte, que dice: "FIRMA EN LOS ESCRITOS Y PROMOCIONES. DEBE SER AUTÓGRAFA. Si en el escrito en que se promueve en recurso se presenta en la última hoja copia fotostática, en la que al calce se encuentra la firma del escrito del que provino, debe considerarse como un simple papel en el que no se incorporó expresión de voluntad, por no aparecer la firma autógrafa del promovente, pues la firma es el signo gráfico con el que se obligan las personas en todos los asuntos jurídicos". La segunda, visible en la página 44 del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Sexta Parte, que dice: "FIRMA NECESARIA DE QUIEN PROMUEVE POR ESCRITO ANTE AUTORIDAD. Cuando alguna promoción jurídica requiere que se haga por escrito, es requisito indispensable que contenga la firma autógrafa del promovente, pues de lo contrario debe considerarse como un simple papel en el que no se incorporó expresión de voluntad, y por ende, la autoridad que la reciba debe desestimarla de plano, sin que cuando se trate de promoción de demanda de amparo deba prevenirse al promovente para que la signe, por no ser de las irregularidades a que se refiere el artículo 146 de la Ley de Amparo, ni tratarse de omisión a alguno de los requisitos señalados por el artículo 116 de la misma ley". Así también, cobra aplicación la diversa tesis sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 315 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, Octubre de 1992, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO CUANDO CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA. Si un escrito de demanda de amparo carece de la firma autógrafa del quejoso procede su desechamiento, pues sin ella no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 4o. y 166 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien ha sido afectado en sus intereses jurídicos, de promover ese medio de defensa". En tal virtud, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, se DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Téngase a la parte quejosa señalando la lista que genera la Administración Regional y que debido a la contingencia sanitaria se publica en el acceso del edificio del Poder Judicial de la Federación, como medio para oír y recibir notificaciones; autorizando únicamente para esos efectos a la persona que menciona, sin gozar de las demás facultades que establece el artículo 12, primer párrafo, de la Ley de Amparo, hasta en tanto acredite la parte quejosa que se encuentran legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Por otra parte, se le tiene proporcionando como número telefónico 2877452296, a efecto de entablar comunicación con este órgano jurisdiccional. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el Actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizar, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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