Aaron Alejandro Acevedo Hernandez
Expediente 1234/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1234/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 18/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Aaron Alejandro Acevedo Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se declara que la sentencia de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Archivo
- Principal
AA U D I E N C I A C O N S T I T U C I O N A L En Zacatecas, Zacatecas, a las diez horas con veinticinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la licenciada Margarita Quiñónez Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Mónica Lizette Lozano Ramírez, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1234/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta a la jueza con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. La juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, el secretario da cuenta a la jueza con las documentales ofrecidas tanto por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas. La jueza provee: vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidos y desahogados los medios de convicción en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más medios de convicción pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, la secretaria da cuenta con los formulados por la representación social en el pedimento que obra en autos. A lo anterior, la jueza acuerda: Téngase por formulados los alegatos en cita y por precluido el derecho de las demás partes para presentarlos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la sentencia correspondiente, lo que se hace a continuación; y R E S U L T A N D O PRIMERO. De la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en esta ciudad, Aarón Alejandro Acevedo Hernández, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, que estimó violatorio de su derecho fundamental tutelado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este juzgado el veintinueve de agosto siguiente; y en auto de treinta de agosto dos mil veintidós, se ordenó registrarla con el expediente 1234/2022; en ese acto se admitió a trámite dicha demanda, se solicitó el informe con justificación a la autoridad señalada como responsable, se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público, asimismo, señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se desahogó en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, resulta competente para conocer y resolver este juicio de amparo, con fundamento en lo previsto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como con el Acuerdo General 42/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al inicio de funciones de este órgano jurisdiccional. Esto es así, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a una autoridad que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar el acto que se reclama en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En este tenor, del análisis integral a la demanda de amparo, se advierte que Aarón Alejandro Acevedo Hernández reclama lo siguiente: De la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas: La omisión o abstención de dictar resolución que provea respecto a las pruebas ofrecidas por las partes y señalar fecha para su desahogo, dentro del juicio laboral 623/2020-III. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, consistente en la omisión o abstención de dictar resolución que provea respecto a las pruebas ofrecidas por las partes y señalar fecha para su desahogo, dentro del juicio laboral 623/2020-III, pues así lo refirió al rendir su informe justificado. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 749, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". De ahí que resulte inconcusa la existencia del acto reclamado. CUARTO. Oportunidad de la demanda. El acto reclamado es de carácter omisivo, por tanto, la demanda de amparo puede presentarse en cualquier tiempo mientras subsista la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, entonces, teniendo en cuenta que dicha conducta no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, la promoción del juicio de amparo contra actos que involucren la dilación procesal por omisión, no se encuentra sujeto al término genérico que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis III.5º.C.21 K, emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia". QUINTO. Causales de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respalda lo sostenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En el caso, la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, al rendir su informe justificado, indicó que por acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 623/III/2020, se realizó acuerdo de admisión de pruebas, en el que además fueron señalada fecha y hora para su desahogo. Atento a lo anterior, este juzgado considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues los efectos del acto reclamado cesaron, dado que la autoridad responsable subsanó la omisión que el quejoso le reprocha, con lo cual se cumplió con el derecho de petición previsto en el artículo 8° Constitucional. Es así, pues el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" De conformidad con el citado precepto, el juicio de amparo resulta improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, es decir, cuando éste haya sido derogado, revocado o nulificado y sus efectos destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, de tal suerte que haya quedado restablecida, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio y por virtud de ello el correspondiente acto no agravie a la parte quejosa; esto es, dejen de afectarse los derechos fundamentales del gobernado, como si nunca hubiere existido el acto de autoridad o se hubiere concedido el amparo. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del tomo IX, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a junio de 1999, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1998, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Igualmente, es oportuno citar el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 71, del tomo VI, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de 1997, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Bajo ese contexto, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso Aarón Alejandro Acevedo Hernández se duele de la omisión o abstención de dictar resolución que provea respecto a las pruebas ofrecidas por las partes y señalar fecha para su desahogo, dentro del juicio laboral 623/2020-III, alegando una trasgresión al artículo 17 Constitucional. Ahora bien, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable indicó que por acuerdo de seis de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral 623/III/2020, se realizó acuerdo de admisión de pruebas, en el que además fueron señaladas fecha y hora para su desahogo, remitiendo para justificar dicha documental. Documentales públicas a la cuales se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por tanto, resulta evidente que en la especie cesaron los efectos del acto reclamado, toda vez que al emitir el auto en el que la autoridad responsable se pronunció respecto de las pruebas ofertadas por las partes y señaló fecha y hora para el desahogo de las mismas, ésta desapareció de forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si la omisión no hubiese invadido la esfera jurídica del quejoso; o bien, habiéndola irrumpido, no dejó ninguna huella, al obtener finalmente la parte quejosa la satisfacción al derecho infringido por la autoridad responsable. En las condiciones apuntadas, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que amerita sobreseer en el juicio de amparo promovido de conformidad con lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la legislación en consulta, al haber cesado los efectos de la omisión reclamada. En ese contexto, no se analizan los conceptos de violación, porque el sentido de mérito releva a este juzgado federal de su estudio, conforme a la jurisprudencia 509, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 76, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Aarón Alejandro Acevedo Hernández, contra el acto reclamado al Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de este fallo. Notifíquese; por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente con fundamento en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; la licenciada Margarita Quiñónez Hernández, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Zacatecas, asistida por el licenciada Mónica Lizette Lozano Ramírez, secretaria del juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Alegato ministerial. Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado; atento a su contenido, ténganse por hechas las manifestaciones que formula en vía de alegatos, de conformidad con el numeral 124 de la Ley de Amparo; argumentos que serán relacionados y tomados en consideración en el momento procesal oportuno. Por cuanto hace a su solicitud en el sentido de que se le expida copia simple de la resolución que se dicte en el presente asunto, dígasele que una vez que se pronuncie el indicado fallo, le será expedida la copia de mérito
- Principal
Vista la certificación asentada por la secretaria de este juzgado, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas, por lo que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional fijada para este día y en su lugar se señalan las diez horas con veinticinco minutos del veintiséis de octubre de dos mil veintidós, para su verificativo
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