A. Everardo Pérez y Otros.
Expediente 577/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 577/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 30/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- A. Everardo Pérez y Otros.
- A. Everardo Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
Apizaco, Tlaxcala, a treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha CAUSADO ESTADO el auto de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, y toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio respecto de todos los actos reclamados, este expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Luego, tomando en consideración que se negó la suspensión provisional y definitiva, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, en atención a lo ordenado en el inciso artículo 21 inciso c), del citado Acuerdo, lo que deberá efectuarse una vez que transcurran tres años desde esta fecha y en su momento se deberá enviar el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto no obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y no originales, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a treinta de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley en comento, contra de la sentencia de veintidós de noviembre de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, en virtud de lo anterior con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que ha CAUSADO ESTADO el auto de mérito. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, consérvense los cuadernos incidentales (original y duplicado) por separado y toda vez que no existen diligencias por realizar archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General en cita, y toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio respecto de todos los actos reclamados, este expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. Luego, tomando en consideración que se negó la suspensión provisional y definitiva, el original del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, en atención a lo ordenado en el inciso artículo 21 inciso c), del citado Acuerdo, lo que deberá efectuarse una vez que transcurran tres años desde esta fecha y en su momento se deberá enviar el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años ahí indicado, dentro de los treinta días siguientes, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, destrúyase este expediente y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General de referencia, es susceptible de destrucción, lo cual deberá realizarse por este Juzgado transcurridos seis meses a partir de esta fecha, y deberá remitir el acta de baja documental a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente; por lo que, agrégueseles copia autógrafa del presente acuerdo y manténganse ambos cuadernos por separado en el archivo de este órgano jurisdiccional. Como se advierte en la certificación, en el presente asunto no obran documentos aportados por la parte quejosa, de los catalogados como originales y no originales, lo que se hace constar para los efectos legales procedentes. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, suscrito por Presidente Municipal y la Síndico Municipal, ambos de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, mediante el cual, de conformidad en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinden informe justificado; lo anterior para que obre como corresponda. Sin que haya necesidad de dar vista a las partes dada la determinación que se emitirá a continuación: Ahora bien, del contenido del informe y del anexo que acompañan al mismo, que gozan de pleno valor probatorio en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se advierte que debe sobreseerse en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse una causa de improcedencia, notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse. Antecedentes. El once de mayo de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, remitido al siguiente día por razón de turno a este Juzgado, Israel Reyes, Fernando Sánchez Vázquez, Trinidad Zárate Romano, Florisel Galán Netzahualcóyotl, Julia Aurora Carro Rodríguez, Miguel de la Fuente Pérez, María de Lourdes Cortés Rodríguez, Octavio de la Fuente Cortés, Octavio de la Fuente Cahuantzi, Rufina Pérez Romano, Elizabeth de la Fuente Pérez, Gisela de la Fuente Cortés, A. Everardo Pérez, Araceli Reyes Juárez y Martha Roldán Rodríguez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos del Presidente Municipal de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala y otras autoridades, que hicieron consistir, conforme al análisis integral de la demanda de amparo, en el siguiente: El retiro de doce bancas de descanso de herrería y de barandal metálico que protegía los jardines interiores y periferia del parque central ubicado en la cabecera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, por parte de las autoridades responsables, con motivo de la obra de remodelación del mismo. Sentado lo anterior, a juicio de la suscrita, se actualiza la hipótesis normativa prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (..:) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; (...)". En efecto, de conformidad con el referido precepto, el juicio de amparo es improcedente -entre otros supuestos-, cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia de aquél. La actualización de dicha causa de improcedencia parte de la subsistencia del acto reclamado; sin embargo, existe imposibilidad de que sus efectos se realicen o que se permita la continuación en su realización, por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia que le dio sustancia. Al respecto, es útil destacar que en ocasiones, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue de la anterior, por llevar aparejada determinados efectos materiales y/o jurídicos que se concretan en la esfera jurídica del gobernado y que si bien, lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, en caso de que exista una transgresión a sus derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esa nueva circunstancia impide que a través del amparo puedan analizarse actos anteriores que subsisten, pero sus efectos resultan de imposible realización por ya no tener asidero, al haber dejado de existir el objeto que les daba prevalencia. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél o porque la situación jurídica de la que emanaba se hubiere modificado por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Consideraciones que fueron sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro y texto siguiente: Registro digital: 173858 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 181/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 189 Tipo: Jurisprudencia "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". En la especie, no obstante la existencia del acto reclamado precisado en párrafos que anteceden, deviene innecesario su estudio, así como el de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, dado que del informe suscrito por el Presidente Municipal y la Síndico Municipal, ambos de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, con que se da cuenta, se advierte la concurrencia de la causa de improcedencia en comento, ya que aun cuando subsiste el acto reclamado, éste no puede surtir efecto legal o material alguno, en atención a que la autoridad oficiante, hizo del conocimiento a este órgano jurisdiccional que el acto que reclaman los quejosos ha dejado de surtir efectos, toda vez que los trabajos realizados en el parque de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala, han sido concluidos, lo que implica que las bancas cuya restitución se solicita, han sido colocadas en su totalidad, para el beneficio de los habitantes. Lo anterior se constata con las fotografías que adjuntan al informe de cuenta. En ese contexto, se aprecia que se actualizó una nueva situación jurídica, que dejó sin objeto el acto cuestionado, pues el análisis que pudiera hacerse de su constitucionalidad sería ineficaz, porque existiría una imposibilidad de darle cauce, cuando se determinó que se colocaron las bancas del parque central ubicado en la cabecera del Municipio de Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala. Luego, tales circunstancias son evidencia clara de que su objeto dejó de existir. Por otra parte, existiría una imposibilidad jurídica de que se produjeran efectos restitutorios con motivo de una sentencia que concediera el amparo -en el caso de que llegara a pronunciarse así-, pues el nuevo estatus jurídico que actualmente impera, impiden -en esta hipótesis, al menos por ahora- restituir al agraviado en el derecho fundamental impetrado, de manera que pudieran reestablecerse las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Cobra aplicación al respecto la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: Registro digital: 197245 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 90/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 9 Tipo: Jurisprudencia "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija". En ese contexto, al actualizarse la citada causa de improcedencia, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se debe sobreseer en el juicio fuera de audiencia. Consecuentemente, dado el sentido del presente auto, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas con cincuenta y siete minutos, del día de hoy. Notifíquese; por lista a los quejosos por ser el lugar señalado para tal efecto, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a ocho de noviembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que para el día de hoy, se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no será posible su celebración, toda vez que de autos se aprecia que aún transcurre el término legal de quince días otorgado a las autoridades responsables, a fin de que rindan su informe justificado y remitan todas y cada una de las constancias necesarias para la solución del presente juicio de amparo, mismo que les fue solicitado en proveído de veinte de octubre de dos mil veintidós y notificadas el veinticinco de octubre del año en cita. Por tanto, para dar margen a lo anterior y no transgredir las reglas esenciales que rigen en el juicio de amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y SIETE MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.
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