A. de J. S. C. y Otros.

Expediente 495/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
495/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
04/08/2021

Partes del expediente

  • A. de J. S. C. y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. 2. Una vez cumplido el término a que se refiere el punto anterior, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 21. 3. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ***, en representación de su menor hijo de iniciales ***, contra actos que atribuye a la siguiente autoridad: 1. Juez de Primera Instancia del Ramo Civil de Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 495/2021-4-B. DESECHAMIENTO Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En armonía con lo anterior, es aplicable la tesis 2a.LXXI/2002 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". En el caso particular, de un estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente:  El auto de siete de julio de dos mil veintiuno, pronunciado por la autoridad responsable, en el cual se ordena al actuario judicial para que de fe de la entrega del menor a su progenitora ***, a fin de que se lleven a cabo el régimen de convivencia presencial con el menor de edad quejoso. Bajo ese contexto, se estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento; [.]". El precepto invocado establece que el juicio de amparo es improcedente cuando se enderece contra actos aceptados de forma expresa por el solicitante de amparo, o bien, cuando éstos son una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos en virtud de no haber sido impugnados oportunamente o que han adquirido firmeza legal. Para considerar que un acto deriva de otro consentido deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente. b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos, esto es, que se ataque el acto reclamado por vicios que afecten el acto antecedente, y en consecuencia, si existiera pronunciamiento sobre la ilegalidad de un acto que deriva de otro y que no se impugnó por vicios propios, afectaría el acto antecedente del cual aquél es consecuencia. Ahora, el consentimiento existe por el no ejercicio de un derecho destinado a promover la impugnación del acto; es decir, por la falta de interposición de los recursos previstos en la ley, o en su caso, del juicio de amparo, toda vez que son éstos los que legalmente pueden impedir la firmeza de aquellos actos, ya que constituyen los medios jurídicamente eficaces para revocarlos, modificarlos o dejarlos insubsistentes, y por la misma razón, es solamente la interposición de tales recursos o medios de defensa, la que sirve como expresión objetiva de la inconformidad del interesado, susceptible de ser tomada en cuenta como demostración de la falta de consentimiento. Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia VI. 2o. J/99 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA." Para evidenciar la actualización de la causal invocada, se considera oportuno realizar una reseña de los antecedentes, los cuales se advierten de los narrados por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad: 1. El ocho de febrero de dos mil veintiuno, se promovió demanda de controversias del orden familiar, custodia de menor, la cual fue radicada con el número ***, por el Juzgado de Primera Instancia del Ramo Civil de Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, y en diecisiete siguiente, decretó la guarda y custodia provisional del menor quejoso en favor del aquí promovente. 2. Posteriormente en auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, se decretó régimen de convivencia presencial del menor quejoso con su progenitora ***, requiriéndosele la entrega física del infante para materializar la convivencia, mismo que le fue notificado el trece siguiente. 3. Finalmente, en acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno, se ordenó al actuario judicial para que de fe de la entrega del menor a su progenitora ***, a fin de que se lleve a cabo el régimen de convivencia presencial con el menor de edad quejoso. Esta última determinación, es la tildada de inconstitucional en la presente instancia, misma que constituye un acto derivado de otro consentido, de acuerdo a las siguientes consideraciones. En efecto, el acuerdo de siete de julio de dos mil veintiuno, en el que se ordenó al actuario judicial para que diera fe de la entrega del menor a su progenitora ***, a fin de que se lleve a cabo el régimen de convivencia presencial con el menor de edad quejoso, dictado en el expediente ***, no es sino una consecuencia directa del diverso proveído de nueve de junio de dos mil veintiuno, en el que se decretó dicho régimen, y se requirió la entrega física del infante para materializarla. De ahí que, entre ambas actuaciones existe un nexo de causalidad, habida cuenta que en la segunda se ordenó que se constituyera un fedatario público, para el efecto de que diera fe de la entrega del menor a su progenitora ***, a fin de que se materializara el régimen de convivencia presencial con el menor de edad quejoso, ordenado en el primero de los mencionados. Por consiguiente, se encuentra colmado el primer presupuesto para considerar que el acto combatido deriva de uno previo que fue consentido por la parte quejosa, consistente en que el segundo sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente. Por tanto, esta juzgadora concluye que la parte quejosa estuvo en aptitud de impugnar la determinación en la que se decretó régimen de convivencia presencial del menor quejoso con su progenitora ***, desde la fecha en que se le notificó el proveído de nueve junio de dos mil veintiuno; esto es, el trece de junio siguiente, sin esperar a que la responsable ordenara al actuario judicial se constituyera en el domicilio del promovente a efecto de que diera fe de la entrega del menor para tal efecto. En otro orden, de la lectura integra de la demanda denota que también se cumple con el segundo de los requisitos pues el acto impugnado no es atacado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hace derivar de la actuación que le precedió y constituye el origen de su existencia. De tal forma, emprender el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, y en su caso, estimarla ilegal, implicaría efectuar un pronunciamiento que afectaría ineludiblemente al acto antecedente, soslayando que el quejoso no lo combatió previamente. Orienta al criterio adoptado, la tesis aislada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes : "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. La Corte ha sentado jurisprudencia en el sentido de que es improcedente el amparo que se endereza contra actos que no son sino la consecuencia de otros que la ley reputa consentidos, y como tal debe entenderse la exacción de contribuciones por las autoridades ejecutoras, cuando no se reclama oportunamente contra la autoridad que ordenó el cobro; no es obstáculo para lo anterior, el que la Ley de Amparo establezca que este juicio procede contra la autoridad que haya ejecutado, ejecute o trate de ejecutar el acto que se reclama, contra la que lo ordena, o contra ambas, porque tal mandamiento no faculta al quejoso para demandar a la autoridad que ordena el acto, si pide amparo contra los actos de ejecución o a la autoridad que lo ejecuta, si lo pide contra la orden misma; pues a tanto equivaldría como a imponer a las autoridades, la obligación de responder de actos ajenos. Al disponer el artículo 46 de la Ley de Amparo, que este juicio procede contra la autoridad que ejecuta el acto, contra la que lo ordena, o contra ambas, quiso decir que cuando se reclame contra actos de ejecución, la demanda se interponga contra la autoridad ejecutora, y cuando se reclama contra la orden o resolución misma, el amparo se enderece contra la autoridad que lo dictó, y que si se pide contra la orden y su ejecución, se demande tanto a la autoridad que ordena como a la que ejecuta, lo que se comprende mejor si se examina el artículo 12 de la ley reglamentaria, que dice: "que cuando el acto reclamado consistiere en una resolución judicial o administrativa, es autoridad responsable la autoridad que ejecuta o trata de ejecutar el acto y la que lo haya ordenado". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo; con apoyo en el artículo 113 del propio ordenamiento, SE DESECHA DE PLANO LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Asimismo con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a ***, ya que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, y en términos restringidos del referido numeral a los diversos profesionistas que señala, por así haberlo solicitado expresamente. Por otra parte, no ha lugar a ordenar que las notificaciones en el presente juicio se practiquen a la parte quejosa en los números telefónicos y correo electrónico que proporciona, ya que dichos medios de comunicación, no se encuentran establecidos, ni reconocidos en la Ley de Amparo, ni en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para tales efectos. No obstante, se hace del conocimiento del promovente que en caso de solicitar que las notificaciones derivadas del presente asunto se le practiquen de manera electrónica, deberán sujetarse a las reglas previstas en los artículos 26 fracción IV y 30 de la ley de la materia. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, tómese conocimiento de aquellos, para en su caso, brindar atención, respecto de comunicaciones no procesales. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que éstos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que en su caso exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Además, hágase del conocimiento del fedatario de la adscripción, que para el caso de que tenga a bien de realizar alguna notificación personal, deberá tomar las medidas necesarias y suficientes para evitar el contacto físico, siguiendo el Lineamiento de Higiene derivado de la Atención a Emergencia Sanitaria por coronavirus (COVID-19), para Notificadores y Defensores Públicos del Consejo de la Judicatura Federal que realizan notificaciones, emitido por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, de la Secretaría Ejecutiva de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, y empleando el equipo de protección proporcionado para ello. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Finalmente, en cumplimiento al artículo 2, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", utilizando los medios electrónicos disponibles en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese.

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